El discurso de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa incluyó uno de los temas más sensibles para la población en general y uno de los más objetados por la oposición: la inseguridad. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta confirmó la versión que circulaba desde hace semanas en el ámbito de la política como es el traspaso al Ministerio del Interior de todo lo concerniente a la entrega de pasaportes, trámite que hasta el momento era gestionado por la Policía Federal.

“He tomado la decisión de que toda la documentación personal, pasaporte, cédula y DNI, sea dado donde corresponde por ley, por autoridad de aplicación y por lógica para centralizar los controles de identidad", en referencia al ministerio del Interior, remarcó Cristina ante gobernadores, legisladores, ministros y militantes.

Sin embargo, sus palabras encierran un plan mayor que incluye una amplia reforma en la Federal con la intención de, por fin, volcar a la mayoría de sus hombres a la calle y controlar con novedoso celo el accionar de los uniformados.

En ese sentido, la llegada a Seguridad de Nilda Garré fue un claro gesto de que la reforma ya estaba en marcha y que el “autogobierno” de la policía quedaría en el pasado. Para la funcionaria la autonomía de una fuerza que cuenta con 55 mil hombres repartidos en 24 delegaciones pasó a ser un problema más que un beneficio.

Al inicio de su gestión, Garré ordenó un relevamiento del funcionamiento de las 53 comisarías de la Federal. El estudio reveló que, por ejemplo, en algunas seccionales trabajan unos 300 agentes aunque sólo el 5 por ciento cumple funciones en la vía pública. Muchos de ellos, además están consignados en edificios públicos o como custodios de jueces y funcionarios.

Por ello, la intención de Garré es sacar a la calle a los policías que hoy cumplen tareas administrativas (recepción de denuncias de robos o choques) y colocar allí a empleados públicos o estudiantes de abogacía. Además, contratará a personal civil para que se desempeñe como maestranza o cocineros, puestos que también eran ocupados por efectivos de la fuerza.

Según fuentes del Ministerio, una de las puntales de la reforma es la viceministra y ex fiscal Cristina Caamaño. Cercana al CELS de Horacio Verbitsky, la funcionaria fue en su momento la impulsora de la derogación de los edictos policiales, actuación que le valió el encono de los altos jefes policiales.

El tándem Garré- Caamaño tiene en la mira a varios de los negocios con los cuales los popes de la Federal incrementan su poder a la vez que perfeccionan los métodos para hacer caja. Una de esas técnicas es el cobro de suculentas sumas de dinero (que a veces superan los 10 mil pesos por cabeza) a cambio de “protección” para algunos comerciantes. Otra metodología de recaudación son las famosas “zonas liberadas” por las cuales algunos efectivos les garantizan a delincuentes una suerte de no intervención con la condición de repartir el botín.

Seguridad, además, apunta con terminar con las llamadas “brigadas”, los grupos de policías vestidos de civil que actúan junto a las fuerzas de choque cuando las manifestaciones se salen de su cauce. La extralimitación de estos grupos camuflados muchas veces decanta en más violencia a la generada por la situación concreta.

Para frenar esta ingobernabilidad de la fuerza, Garré pedirá que cada patrullero cuente con un sistema de GPS y cámaras de video en su interior para controlar sus movimientos. Además, su idea es convocar al Consejo Federal de Seguridad y poner en funcionamiento a los Foros Ciudadano para el Control Policial con la intención de que la sociedad civil también se involucre con el rol de la fuerza.