Donde efectivamente hay un antes y después desde la llegada de Néstor Kirchner al poder, es en la política inmigratoria. Hasta el 2003, Argentina se regía por una ley restrictiva aprobada cuando gobernaba el dictador Jorge Rafael Videla. Pero en diciembre de ese año, y gracias al aporte sustancial del diputado socialista Rubén Giustiniani, oficialismo y oposición le pusieron fin a una verdadera deuda de la democracia con los países que originan inmigración a nuestro país, básicamente Paraguay, Bolivia y Perú, pero también Uruguay y Chile, en ese orden.

En enero de 2004 fue promulgada la ley 25871, y con ese paraguas, el Ministro del Interior de entonces, Aníbal Fernández, y el Director Nacional de Migraciones, Ricardo Rodríguez, dieron inicio la política de gestión migratoria más elogiada en el mundo, que alcanzó su cénit con el lanzamiento del programa Patria Grande, un plan nacional de Normalización Documentaria Migratoria para Extranjeros Nativos del Mercosur y Estados Asociados, básicamente.

“Es un ejemplo mundial”, dijo el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Brunson McKinley, cuando visitó la Argentina en el 2006. “Los Estados Unidos deberían seguir una política como ésta y no construir un muro con México, pero sé que no me van a escuchar”, agregó. Y no se equivocó: no fue escuchado.

Los pelos de punta

Es que la inmigración, literalmente, le pone los pelos de punta a todos, y saca lo peor de cada uno, se exprese o no públicamente. De hecho, 1 de cada 35 personas cambia su lugar de residencia en el mundo buscando mejorar su calidad de vida y la de su descendencia (algo así como el 3% de la población mundial), lo que debería ser motivo de orgullo para los países receptores, ya que supone condiciones superiores a la de otros países, y la posibilidad de un liderazgo en relación a otras naciones. Sin embargo, lejos de considerar los beneficios para las personas y las sociedades, las posibilidades que nos ofrece vivir en la diversidad cultural, la inmigración suele provocar sentimientos fóbicos y despectivos. Y, peor: se imagina posible frenar con prohibiciones la voluntad de las personas de mejorar su vida y su trabajo.

Pragmático, y sin motivación ideológica, el gobierno de Kirchner, con la gestión del ministro Fernández, resolvió el caos inmigratorio de la Argentina. Aunque no sacaron pecho. Durante la presentación del programa Patria Grande, el ex presidente aprovechó la tribuna para despotricar contra su enemigo del día, y la oficina de prensa de la Casa Rosada no emitió ningún comunicado al respecto. Pero el programa se puso en marcha, y gracias a él se concretó la más grande regularización de inmigrantes de toda la historia en pocos años.

Lo que no se hizo

Lamentablemente, no se hizo mucho más. Como señala el Perfil Migratorio de la Argentina que publicó la OIM en el 2008, además de documentos, se deben poner en marcha políticas que “se orienten a la creación y consolidación de condiciones apropiadas para que los inmigrantes se integren al país, asegurándoles tanto a ellos como para sus familiares, el acceso a los bienes y servicios para satisfacer niveles de vida dignos y saludables”.

Hasta allí no se llegó. De hecho, la ley de vanguardia 25.871 se reglamentó recién este año, porque –finalmente- no formaba parte de las prioridades de nadie. Y ni siquiera se sigue el más elemental sentido común, que indica que si el gobierno nacional del estado receptor no coordina políticas públicas con el distrito más atractivo para la población migrante, todo lo que se escribió con la mano, se borra con la desidia.

Estamos en ese estado de cosas. Una Nación con admirable legislación inmigratoria, un Estado nacional que no se preocupa por llevar a la práctica la ley que promovió, un Estado porteño que fomenta la xenofobia porque da rédito electoral.

De los inmigrantes poco se habla. La distancia entre la realidad y las consignas es sideral. Sólo importa minar al adversario. La campaña presidencial está lanzada.