Lo peor de nuestra clase dirigente quedó expuesto con el desastre de Villa Soldati. La verdadera "transversalidad" de la política argentina, es la que mezcla en dosis letales, oportunismo, falta de formación académica y política, con la más ramplona chantada. Superficialidad de ideas y
métodos, ineficiencia profunda y lo más grave: una incapacidad genética para articular políticas de largo plazo que anticipen y solucionen los problemas de la sociedad.

No es un secreto que la Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit habitacional que afecta a medio millón de personas. Tampoco lo es que en gran medida esto se agrava por la inmigración interna y extranjera. Al
igual que se han escrito hasta libros que detallan casi con nombre y apellido, la problemática del narcotráfico en las villas porteñas.

Se trata de un problema clásico de los que debería abordar el Estado, para evitar un desenlace criminal y estúpido como el que ocurrió ayer. Por cierto no es una problemática más compleja -ni siquiera distinta- que
la que enfrentó Lula al asumir: más de 7 millones de personas sin vivienda, imposibilidad de acceder a los créditos hipotecarios, planes de vivienda desfinanciados y ocupaciones ilegales de áreas metropolitanas por los sectores más humildes.

¿Y qué hizo Lula? En primer lugar convirtió al acceso a la vivienda en el eje de la política social. Y definió algo incluso más revolucionario: proclamó que la vivienda era un derecho universal. Tan simple y antiguo como eso. No hay derechos sin trabajo y vivienda. Esta claro hace demasiado tiempo. Antes de Lula no había en Brasil una política nacional de vivienda ¿La hay en la Argentina?

Lula lanzó entre otras iniciativas, el programa Minha casa, Minha Vida: una plan de tres años que planteó la construcción de un millón de viviendas, con un subsidio equivalente al 1,2% del PBI. Se trató por supuesto de una pieza clave de un movimiento mayor de universalización de derechos básicos -en rigor del siglo pasado- como el acceso a la luz eléctrica, cloacas y agua potable. Y alejando aún más la lupa, la decisión se enmarca en una gestión que sacó de la pobreza a 20 millones de personas y agrandó la clase media en 31 millones.

Observar la notable xenofobia que surge por estas horas al conocerse que las dos víctimas de Villa Soldati eran ciudadanos de países limítrofes (Bernardo “el gallo” Salguero, 22 años, paraguayo; y Rosmeri Cupeña, 28 años, boliviana), lleva a preguntarse si la sociedad argentina aceptaría que la Presidenta destine 1,2% del PBI a subsidiar la vivienda de gente sin recursos, que en algún porcentaje proviene de países vecinos. Basta mirar lo que se publica sobre los subsidios a la energía y el transporte público, para imaginar la respuesta.

Es decir, también hay mucha hipocresía en la indignación actual. Los mismos que hoy condenan y amplifican la represión policial, se escandalizan con los recursos que el Estado destina a organizaciones como Madres de Plaza de Mayo o la Tupac Amaru de Milagros Sala, para que construyan viviendas sociales.

La represión de Villa Soldati también revela que siete años de gestión "progresista" del kirchnerismo, no logró pasar de la capa más superficial de la Policía Federal. Ninguna de las "transformaciones" que se
concretaron en otras áreas del Estado parecen haber llegado a esa institución, que en cuanto se la larga a la calle a cumplir con una de sus tareas más sencillas -recuperar un predio intrusado-, lo convierte en una ordalía de sangre. La imagen de cinco policías pateando a un joven tirado en el asfalto, alarman por la violencia contenida que se intuye en esa fuerza.

Es fácil, según de donde se venga, cargar las tintas sobre la "derecha" macrista o la notable contradicción de ver a la policía del gobierno "nacional y popular" de Cristina, reprimir como la peor de la policías bravas de la dictadura.

Pero lo cierto es que ambas administraciones son solidarias en una situación que ante todo, revela la ausencia del Estado. Ministros de "Desarrollo Social" como María Eugenia Vidal, comentaban ayer alegremente por las radios -con voz indignada- que fue necesario desalojar a esa gente porque pobladores de la Villa 20 estaban loteando terrenos públicos linderos al Parque Indoamericano.

Lo notable es que la ministro no se haya dado cuenta que sus palabras la exponían en toda su ineficacia. Es decir, el Estado ya ni sirve para intermediar, prevenir, encauzar el conflicto social, y cuando este finalmente estalla la única respuesta que se les ocurre es el Código Penal. El desenlace era previsible.