“Ya no damos más, estamos cansados de tanto tironeo. Pero que quede claro que acá en la ruta vamos a aguantar todo lo que sea necesario”, dijo José Díaz, delegado y operario de Paraná Metal.

Ayer se completaron 24 días de corte ininterrumpido y acampe de los trabajadores de la auto-partista santafesina en la autopista Rosario-Buenos Aires.

“Estamos mal, nunca imaginamos este escenario, estamos totalmente decepcionados”, explicó Díaz al diario Clarín en relación al desplante de la empresa que el viernes hizo caer el preacuerdo que debía firmarse en el Ministerio de Trabajo.

Ayer, de 7 a 19, la autopista estuvo cortada en forma total. El corte alcanzó también a las colectoras y a la ruta 21, en donde los obreros interrumpieron el paso cada media hora. El bloqueo recién se flexibilizó a la noche para descomprimir la cola de vehículos varados. Hoy y mañana la protesta seguirá con igual modalidad.

Ayer, en tanto, los trabajadores analizaron en asamblea la posibilidad de cortar además la ruta 8 que va a Pergamino. Aunque por falta de movilidad, finalmente desistieron. “Necesitamos como mínimo un colectivo para trasladarnos hasta allá y la verdad que no tenemos cómo costearlo”, reconoció Díaz.

La iniciativa que sí prosperó, en cambio, fue la de hacer un “escrache” en el casino que el empresario Cristóbal López, uno de los dueños de la empresa, tiene en la entrada a Rosario. Hasta allí, se llegaron más de 150 trabajadores para “hacer ruido” y “alertar” a quienes frecuentan la zona de lo “inescrupuloso” de su accionar.

El martes por la tarde los empleados fueron convocados a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Los delegados a cargo de las negociaciones ya anunciaron que buscarán por la “fuerza pública” a los directivos de la empresa, en caso de que éstos decidan ausentarse otra vez al cónclave.

Los trabajadores pretenden que allí se firme el acuerdo al que había llegado de palabra con la empresa. El convenio que está sobre la mesa incluye la continuidad de los 900 trabajadores (360 en forma activa y el resto en un esquema rotativo de suspensiones) y la permanencia de la firma al frente de la planta. El Estado comprometía aportar 500 mil pesos anuales para solventar parte del acuerdo.