La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) asegura que ningún usuario de Fibertel va a quedarse sin conexión. Y para tranquilizar a los clientes de la compañía, publicó el listado de prestadores por los cuales se podrá optar en el marco de la Resolución 100/10.

De la A a la Z, figuran diversas denominaciones comerciales que estarían en condiciones de prestar el servicio de banda ancha. Algunas de las firmas que, podrían beneficiarse son: Arlink (de Mendoza, propiedad del Multimedios Uno de José Luis Manzano), Editorial Atlántida, Galaxy (empresa que abarca a la señal Direct Tv), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (respaldado por el Banco Credicoop y Carlos Heller), Nosis (firma que se dedica a las bases de datos, similar a Veraz y Red Link (cajeros automáticos y banca on line).

Sin embargo, desde Fibertel, aseguran que técnicamente, ni las 6 juntas pueden llegar siquiera a empatar su capacidad técnica: “Fibertel no va a dar de baja los servicios, se va a seguir igual que siempre y solo habrá modificaciones a nivel administrativo; manejar con otras licencias a la misma cartera de abonados y realizar las apelaciones judiciales correspondientes”, confiaron a La Política On Line, fuentes cercanas a los altos mandos de la empresa perteneciente al grupo Clarin.

Además, enfatizaron que “no es para nada fácil” poder prestar servicio de nivel a un millón cien mil abonados dispersos en todo el territorio nacional. Actualmente, existen cooperativas telefónicas en el interior del país, que ofrecen a sus abonados el servicio de conexión a la red de redes, sin embargo, desde Fibertel insisten en que “el servicio que brindan se satura y se cae con facilidad porque no cumple con los requisitos técnicos mínimos”. En contraposición, la CNC asegura que “no sólo existen empresas medianas y pequeñas que atienden esos requerimientos sino que también lo hacen las cooperativas, y de acuerdo a los registros de los últimos cinco años, de estos prestadores casi no se reciben quejas, al contrario de los grandes operadores”.

El abogado especializado en derecho de las comunicaciones, Raúl Fazzalari, señaló que si bien las redes de telefonía, principales soportes para el servicio, son propiedad del Estado por más que sean operadas por privados, “es una obligación de las redes de telefonía interconectar a nuevos operadores y prestarle su soporte, es todo un capitulo dentro de la norma que liberó al mercado de las telecomunicaciones en Argentina”. “De otro modo seria imposible el ingreso de nuevos actores en el mercado, porque la inversión económica les resultaría directamente imposible, la barrera de entrada al mercado, sería dificilísima”, detalló Fazzalari a LPO.

Los costos, de alguna manera, por ahora son el costado más antipático de esta medida: para convertirse en proveedor de Internet de banda ancha, un nuevo inversor debería pensar en 50 dólares por cable moden y ADSL por cada abonado al que quiera llegar, “esto, dejando de lado la infraestructura técnica, difusión, capacidad de instalación; hay que entender que esto no es tirar un cable”, confió otra vocera de Fibertel.