Un extraño conflicto laboral se coló en la polémica desatada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, que semanas atrás denunció a la policía bonaerense por “desestabilizar” al gobierno que encabeza Daniel Scioli.

Es que mientras que la cuestionada fuerza está siendo investigada por las acusaciones del ministro y por el ataque que la semana pasada sufrió la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, Scioli echó mediante sendos decretos a diez abogados que trabajaban en Asuntos Internos, el área encargada de investigar los casos de corrupción policial que el propio Ejecutivo denuncia.

Como los 10 son afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado, desde el gremio denunciaron a Stornelli de propiciar que la investigación sobre la policía no sea realizada por personal civil, sino por la propia policía.

La Política Online dialogó con el Secretario de Organización de ese gremio, Julio Ortellado, que explicó que esos trabajadores que quedaron cesantes trabajaban en Asuntos Internos desde hace no menos de seis años (y 10 años en algunos casos), y fueron despedidos sin ningún tipo de argumento, lo que representa “una persecución al sindicato”.

“En primer lugar, son profesionales con alta capacidad de resolución de cuestiones administrativas y segundo, estaban en un lugar clave que de alguna manera venía transparentando varias cuestiones relacionadas a la policía”, indicó el gremialista a este medio y detalló que estos diez abogados manejaban alrededor de 200 expedientes cada uno, “por lo que más de 1000 expedientes sobre la Policía Bonaerense han quedado parados”.

“Stornelli por un lado dice que tiene que judicializar a la fuerza para investigarla pero por otro deja en manos de la policía la potestad de autoexaminarse, al despedir a gran parte del personal civil de Asuntos Internos”, dijo el sindicalista a este medio.

Para colmo, según Ortellado, entre los expedientes que estaban en manos de los abogados, se hallaba el de uno de los implicados en el robo de expedientes de la oficina de Cobacho, el ex policía Juan Mateo –desafectado de la fuerza por ser el supuesto encubridor del asesinato de Santiago Pelegrini en La Plata-, lo que le da un tinte más oscuro a todo el asunto.

Cabe recordar que el miércoles pasado, Cobacho fue atacada por dos delincuentes en su propio despacho, que robaron legajos de represores, denuncias a la Policía bonaerense, una computadora portátil y 8 mil pesos.

Suspicacias

En ATE se asombran por la coincidencia temporal de la investigación policial con despido de estos trabajadores que mantenían un conflicto laboral con la provincia desde hace más de tres años.

Ortellado explicó a este medio que el gobierno provincial se había comprometido en 2006 a pasarlos a planta permanente. “En 2006 en adelante acordamos con el gobierno que se iba a blanquear la situación de todos los trabajadores con más de dos años de inestabilidad en el trabajo en la administración pública”, explicó.

“En ese momento eran alrededor de 20 mil trabajadores que estaban en esa situación y fueron pasando sistemáticamente a planta temporaria y luego a planta permanente. En el 90 por ciento de los casos se dio así, sin ningún tipo de problemas, pero quedó un remanente sin resolver, como es el caso de estos compañeros de Asuntos Internos”, afirmó el gremialista.

Ortellado aseguró que si bien en la última acta paritaria de octubre de 2009 hubo un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad para resolver el tema puntual de los abogados, se incumplieron los acuerdos paritarios y “esta gente no sólo no pasó a planta, sino que fue despedida” justo cuando estaba investigando a la policía bonaerense por el plan desestabilizador que denunció Stornelli.

En cuanto a la respuesta del gobierno de Scioli, Ortellado explicó que “luego de denunciar por vía legal este asunto, el único que se contactó con nosotros fue Oscar Cuartango (el ministro de Trabajo de la provincia), que quedó en llamarnos para ofrecer la instancia de sentarnos a dialogar”.

La capacitación

Por otra parte, el gremialista añadió que desde el área de Capacitación y Formación de la Secretaria de Gobierno impulsan un programa de capacitación de la dirigencia sindical.

“En primer lugar la patronal no puede capacitar a los gremios, es una aberración, y en segundo lugar, a los dirigentes que quería capacitar ahora los está echando; yo me pregunto si no serán los funcionarios los que necesitan mayor capacidad”, señaló Ortellado a este medio.

La Política Online trató de comunicarse con las autoridades del ministerio de Seguridad que encabeza Stornelli, pero no respondieron.