Representantes del más amplio espectro político y social se congregaron este mediodía en el salón de los pasos perdidos del Congreso para rechazar la política de seguridad basada en fortalecimiento de la policía, tal como la que hoy implementa en gobernador Daniel Scioli.

La convocatoria fue encabezada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Horacio Verbitsky, habitual opositor a las políticas de mano dura, pero agrupó a un heterogéneo caudal de firmas, que fueron desde legisladores de la Coalición Cívica, la UCR y la centroizquierda a reconocidos defensores del kirchnerismo como Luis D'Elia, el ex diputado Edgardo Depetri o el ex funcionario nacional Emilio Pérsico. Firmó, además, el líder de la CGT Hugo Moyano.

El documento lleva como título “Acuerdo para una política de seguridad democrática”, y tiene diez puntos básicos sobre cómo combatir y prevenir el delito. Algunos marcan una clara postura sobre el tema, como el que se titula  “El engaño de la mano dura”.

Otros son “El rol del Estado frente al problema del delito”; “la responsabilidad del Estado”; “Una concepción integral de la seguridad”; “Gestión democrática de las instituciones de seguridad”; “Desactivar las redes del delito para reducir la violencia” y “Gestión policial no violenta en el ámbito público”.

En el anteúltimo punto marca una clara posición sobre la política de seguridad. Advierte que “las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad”.

Al referirse a la mano dura, menciona la incoveniencia de darle mayor poder a la fuerza policial, que pretende limitar sólo al ámbito preventivo. “La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura”, destaca.

Y agrega: “Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados”. Todo un mensaje para Scioli, y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. De hecho, uno de los firmantes fue el antecesor de este último, Carlos Arslanián.

También pareció tiro por elevación al gobernador el apartado que recuerda las pésimas condiciones de detención de los menores, y mucho más el repudio, explícito, al aumento de penas, una acción promovida por Scioli en varias reformas judiciales, incluso en una que aún debe tratar la Legilatura bonaerense.

“Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse porque el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver”, dice el escrito.

Adhesiones diversas

El documento tuvo adhesiones de las más diversas procedencias. Entre los referentes sociales se destacaron Estela Carlotto (Abuelas de plaza de Mayo), Laura Conte (vicepresidente del CELS y representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Hugo Cañón (presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia), y Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Hubo diputados nacionales de toda la oposición, excepto del Pro. Firmaron Elisa Carca (Coalición Cívica), Felipe Solá (Peronismo Federal), Margarita Stolbizer (Gen) y los radicales Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín.  El ex gobernador fue el único firmante del peronismo opositor.

Por la centroizquierda se adhirieron Fernando “Pino” Solanas y Claudio Lozano, de Proyecto Sur; Eduardo Macaluse y Graciela Iturraspe, del SI, los socialistas Rubén Giustiniani (senador) y Mónica Frei; y los lilitos Graciela Baldana y Horacio Piemonte.

Pero no fueron sólo voces opositoras, como la mayoría de las acciones que hoy pesan en el Congreso. El documento también tuvo la firma de diputados de peso en el bloque kirchnerista, como Diana Conti, Agustín Rossi (jefe de la bancada), Adela Segarra y Remo Carlotto. Y de aliados K como Carlos Heller, Vilma Ibarra y Martín Sabbatella.

Pero entre las organizaciones sociales estuvieron los mayores defensores de la Casa Rosada, desde donde no suele haber expresiones sobre la política de seguridad, responsabilidad que recae siempre en los gobiernos provinciales.

Estuvieron todas las espadas kirchneristas del movimiento piquetero: Luis D’Elía (Federación de Tierra y Vivienda), Edgardo Depetri (Frente Transversal) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita).