El caso de Ciro James, el espía detenido por pincharle el teléfono a Sergio Burstein (familiares de la AMIA) avanza en la Justicia y ya complica, cada vez más, a dos ministros del gobierno de Mauricio Macri: el de Seguridad, Guillermo Montenegro, y su par de Educación, Mariano Narodowski.

Jurídicamente quien por estos días se encuentra más complicado es el segundo. Es que James estaba contratado por su cartera en la Auditoria Interna a cargo de Roberto Ayub (ver recuadro). A tal punto que en su declaración ante Norberto Oyarbide, donde también se investiga intervenciones en los teléfonos de los legisladores Eduardo Epszteyn y Aníbal Ibarra, la jefa de gabinete de Educación, Roxana Barroso, no logró responder fehacientemente sobre las funciones que tenía James.

De hecho, supuestamente asesoraba en lo que refiere al presentismo de los docentes, sin embargo nunca dio informes por escrito. Es decir, no hay nada que acredite sus actividades salvo dos contratos que aparecieron en un allanamiento en su casa: uno, del año pasado, era por 72 mil pesos, mientras que el de 2009 rondaba los 60 mil.

Un dato más complicaría la relación con el espía: una versión que corre por estas horas es que James habría tenido relación en La Matanza con dos funcionarios a través de la Universidad donde se desempeñaba Ayub (Secretario de Extensión) y, en especial, el ex jefe de asesores de Narodowski, Alejandro Finocchiaro (decano de Derecho y quien renunció al ministerio tras una pelea con su titular).

Una alta fuente del área educativa que prefirió mantenerse en el anonimato dado el tenor del caso explicó cuál pudo haber sido el interés de tener al polémico policía en la cartera.

Según cree, cuando estallaron los múltiples conflictos en el ministerio el año pasado (en concreto becas escolares y paros docentes), y ante la desesperación de Finocchiaro y del entonces viceministro Walter Bouzadas, podrían haber solicitado los servicios de James para monitorear opositores.

La AMIA envía mensaje

A todo esto, la AMIA pretende reunirse esta semana, o como mucho la otra, con las autoridades del gobierno de la ciudad. Según pudo saber LPO, le darían un ultimátum a los funcionario de Macri para que, tras el escándalo Palacios y ahora el de Burstein, no se susciten más hechos similares.

El problema que surge, y que conocen los macristas, es la vinculación que mantienen muchos dirigentes de AMIA con Aníbal Fernández, quien suele fogonear críticas al gobierno porteño. En especial, en la mutual judía saben que Burstein está muy cercano al jefe de gabinete y no quieren entrar en ese juego.

Por ello fuentes de AMIA aseguraron a LPO que no quieren aparecer como determinantes. “No queremos aparecer como sacando ni poniendo funcionarios, y es la tesitura que mantendremos”, cuentan.

Allí, en ese marco, tanto la relación con Narodowski como con el director de Relaciones Institucionales y ex director de DAIA, Claudio Avruj, se mantiene equidistante. Sin embargo, en la comunidad judía saben que Macri no tiene más aire para continuar con escándalos de esta envergadura. Por ello la misiva que podría darse esta semana será muy concreta: basta de designaciones polémicas en la policía porteña.

Hipótesis aparte, lo concreto es que cuando salió a la luz el caso desde UTE, el principal gremio docente de la ciudad, tanto su secretario general, Eduardo López, como Francisco “Tito” Nenna denunciaron que hubo persecuciones a dirigentes gremiales y que se hicieron insólitas auditorias que duraron muchas semanas en algunos colegios, en particular los más combativos o donde los directores eran afiliados al sindicato.

El caso Montenegro

Por su lado la cuestión con Montenegro tampoco es sencilla. Los legisladores opositores aseguran que, aunque la Justicia deberá probarlo en última instancia, el espía tenía una oficina en la calle Patricios, hablaba con el “Fino” Palacios y, en especial, con Daniel Chamorro, el actual titular de policía porteña.

Además, cerca de los diputados afirman que tienen la certeza que se contrató no sólo a James sino a otros ex policías de la Federal que provenían del área de Inteligencia y que las escuchas eran parte de su trabajo.

Claro que, inteligente, el ministro de Seguridad se salvó de poner la firma a un nombramiento que, supuestamente, estaba previsto para un par de semanas después de su procesamiento en el cargo de inspector. Este punto no es menor: si la Justicia no confirmara lo que piensan los legisladores opositores lo único que aparecería es el contrato con Educación. A sabiendas de esto, en el gobierno porteño creen que lentamente Montenegro le irá soltando la mano a su par de Educación.

Mientras tanto, por estas horas parece naufragar un pedido de interpelación al ex juez que la oposición había encabeza en la Legislatura porteña. Para ello necesitan 31 votos, número complicado de conseguir teniendo en cuenta que sólo el macrismo tiene 26 bancas y que muchos diputados suelen jugar para el PRO.

Enojo de Macri

En este marco, la semana pasada el secretario general, Marcos Peña, convocó a una reunión a los dos involucrados para que hablen con Macri sobre el tema que salpica al PRO.

La idea era combinar acciones para salir a defenderlos y que haya un discurso único y que ninguno se pise.

Allí Narodowski comenzó a explicar la situación y en un momento determinado dijo que no podía seguir hablando. Por su lado, Montenegro hizo lo propio y tuvo que detenerse.

Macri los miró y luego le dijo a Peña: “No entiendo para qué convocaste a una reunión si no se puede hablar de nada”. Se dio media vuelta y se retiró.

Visiblemente enojado, repetía entre los suyos durante los días posteriores por qué motivo no pueden explicar la situación.

De todas formas, el fiscal Alberto Nisman, quien lleva adelante la causa AMIA, ya se presentó como querellante ante Oyarbide ya que, presume, la pinchadura del teléfono de Burstein era una forma para espiarlo a él en el momento en que pedía que sea procesado Palacios.