La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de la Cámara baja, podría llegar al Senado en noviembre y convertirse en ley antes de la renovación del Congreso.

Si se sanciona la norma, la Justicia podría permitir y ordenar la recolección de elementos o pertenencias de cualquier joven que se sospeche que es hijo de desaparecidos para analizarlos y constatar su ADN, aunque la víctima no haya prestado su conformidad.

La propuesta, que es respaldada por organismos de derechos humanos, fue cuestionada la semana pasada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al considerar que "está dirigida a los hijos de la señora (Ernestina Herrera) de Noble", dueña de Clarín, lo que desencadenó una ola de críticas por parte de, entre otros, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; y Juan Cabandié y Victoria Donda, ambos hijos de desaparecidos.

El oficialismo y la centroizquierda de la Cámara de Diputados destacaron el interés en que la norma sea sancionada cuanto antes por considerar que es "un aporte a la lucha contra la impunidad", según señala una extensa nota publicada hoy por la agencia estatal Télam.

"Tiene que ver con saldar una deuda con las personas; ayuda a destrabar un conflicto interno de aquellos que no conocen su identidad", manifestó la diputada kirchnerista Patricia Fadel, quien integra la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja y
es secretaria parlamentaria del bloque oficialista.

La legisladora mendocina apuntó que "ya existe jurisprudencia en este sentido pero todavía faltaba una ley que encuadrara el tema" y no descartó que la iniciativa pueda llegar al recinto en dos semanas, para ser girado antes de fin de año al Senado para su
sanción definitiva.

"Estoy convencido de que se trata de un aporte legislativo a la lucha contra la impunidad", reflexionó, por su parte, el diputado del bloque SI, Emilio García Méndez.

En tanto, que desde la Coalición Cívica respaldaron el rechazo que esgrimió Carrió. "Hay víctimas que expresan un reclamo totalmente legítimo y hay también niños que fueron apropiados y que hoy tienen entre 30 y 35 años, no están en situación de esclavitud y pueden decir no", argumentó la representante de la Coalición Cívica en la
comisión de Legislación Penal, Fernanda Gil Lozano.

Gil Lozano expresó que el tema "es dificilísimo y divide aguas en derecho porque por un lado están los derechos a compensar situaciones que en realidad no se compensan y, por el otro, el derecho individual en el que cualquiera se puede negar a un pedido
del Estado".

"Yo no voy a revictimizar a un chico que ya fue apropiado y que ahora es un adulto que puede decidir por sí mismo", planteó.

La iniciativa

El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas enviadas por Cristina Kirchner semanas atrás, en el marco de un homenaje a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse 30 años de su histórica visita al país en plena dictadura.

En esa oportunidad, la Presidenta anunció además el envío al Congreso del proyecto para "suprimir" la figura de "calumnias e injurias" de la prensa del Código Penal, la creación de un nuevo Banco de Datos Genéticos y otro que contempla la participación de las organizaciones sociales como partes querellantes en procesos por violación de derechos humanos.

Sin embargo, para sectores de la oposición como el que encabeza Carrió, se trata de otra iniciativa para agobiar a los dueños de Clarín en el marco de la extensa pelea que Néstor Kirchner mantiene con ese grupo.