Consultado por la prensa, Comparatore aclaró que no podía atribuirle esas amenazas al titular del sindicato bancario, Juan José Zanola, uno de los implicados en la causa. Comparatore denunció que ayer encontró en el buzón de su casa, de la calle Moreno al 600 de la localidad bonaerense de Haedo, una carta anónima que decía "su muerte" y "mato yo".El fiscal realizó la denuncia en Tribunales, donde quedó radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría.

Allegados a Comparatore minimizaron el hecho y recordaron que en oportunidades anteriores el fiscal ya había sido amenazado a través de mensajes anónimos, llamadas a su celular y la rotura de su vehículo. Comparatore instruye la causa por la presunta venta o entrega de medicamentos adulterados y vencidos que, bajo las órdenes del juez federal Norberto Oyarbide, se encuentra bajo secreto de sumario.

Este escándalo estalló públicamente hace poco más de un mes, cuando fue allanado el Policlínico Bancario y se arrestó por unas horas a Néstor Lorenzo, propietario de la droguería San Javier, sospechado de comercializar medicamentos adulterados o entregados gratuitamente por el Ministerio de Salud.Además de la posible falsificación de remedios, Oyarbide admitió que se analiza la hipótesis de lavado de dinero y afirmó que su juzgado "está trabajando a pleno porque esta es una megacausa como no existió jamás en la República Argentina".

Oyarbide también se encuentra analizando el informe que le mandó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sobre una veintena de obras sociales que podrían estar implicadas en la entrega de remedios anómalos.En la causa hay elementos que relacionan el caso con el denominado triple crimen de General Rodríguez y los aportes presidenciales a la campaña Cristina Fernández.

Por ahora, los 50 cuerpos de documentación secuestrados en la causa complicarían seriamente a la obra social bancaria y a su titular. Fue por eso que -tras la amenaza de muerte- Comparatore fue consultado sobre si creía que el jefe de la Bancaria podría estar detrás de esas intimidaciones. "No tengo ningún elemento para pensar eso", dijo el fiscal tratando de restarle importancia a las amenazas.

Zanola intentó sin éxito recusar a Oyarbide para apartarlo de la causa, por lo que se esperan definiciones del juez sobre la posible convocatoria al sindicalista y su mujer, Paula Aballay, para que presten declaración indagatoria.
El representante del Ministerio Público también investiga la toma de la comisaría 24 de la Policía Federal por parte del piquetero oficialista Luis D'Elía, cuya indagatoria reclamó.

En esa causa, el juez federal Sergio Torres debe definir en los próximos días la situación procesal de D'Elía y de otra decena de integrantes de su movimiento, junto al fiscal José María Campagnoli y el ex fiscal Norberto Quantín.