Mientras en el Senado ya está cocinada la sanción de la ley que suma grandes beneficios fiscales a la fabricación de productos tecnológicos en Tierra del Fuego –conocido como “impuestazo tecnológico”- y esperan el giro a Diputados tras el escándalo de BGH, siguen surgiendo datos para entender la lógica que opera en esa provincia. Entre otras cosas, cómo la crisis económica local reactivó el poder de lobby de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la cual impulsa este proyecto y hasta doblegó la postura política de la gobernadora Fabiana Ríos, quien dio el salto de la órbita de Elisa Carrió a la rendición absoluto a los designios de la Casa Rosada.

Afarte está integrada por sólo cinco empresas, las únicas que desde hace años gozan de los grandes beneficios fiscales a la producción que rigen para esa provincia y los cuáles, mediante este nuevo plan, siguen ampliando.

Entre ellas, el “Big One” es Newsan S.A., propiedad del empresario Rubén Cherñajovsky -también dueño de Electrofueguina S.A.-. Fabrica distintas marcas como Sanyo, Philco, Nobles ATMA o Sansei, entre otras. Factura unos 1.100 millones de dólares al año.

Algunos también le adjudican el control de BGH, la empresa que quedó en el ojo de la tormenta por un sugestivo cambio en la redacción del proyecto que realizó el diputado K Gustavo Marconato, que en medio de un escándalo tuvo que darse marcha atrás y modificarse en el Senado. Con el simple retoque en la redacción de un artículo, se le entregaba a esta empresa casi la exclusividad de la producción de equipos de aire acondicionado de grandes dimensiones o industriales.

Además de Newsan y BGH, en la provincia más austral del continente opera Radio Victoria Fueguina, de Manuel Jurkowski, la cual posee marcas como Hitachi -una de las líderes del mercado de TV-, Kelvinator y hasta licenciataria de RCA.

Pidiendo permiso

Si alguien quiere instalarse en la provincia, primero tiene que hablar con estas tres firmas. “No son empresarios de riesgo –explica a La Política Online una fuente local-. Si el día de mañana alguien consigue financiación y se quiere instalar ahí, va, lo hace, y gana dinero. Eso sí, primero tiene que ver si ellos lo dejan”.

El mundo periodístico un día se encontró con esta ley y se chocó con que un grupo de empresas ubicadas en el punto más austral del continente gozaban de un poder de lobby tan fuerte, como para torcer la línea política de un gobernador. Pero, al parecer, siempre lo tuvieron, sólo que en silencio.

Según fuentes legislativas, todo comenzó en la época de Carlos Menem. Aunque algunas están en Tierra del Fuego desde hace más de 30 años, fue durante la presidencia del riojano ya infame década del noventa que, escondido en algún artículo de sus diferentes presupuestos, directamente se prohibía la radicación de nuevos productores en esa zona. Eso fue prorrogado año tras año. Por otro lado, les daban fuertes beneficios impositivos. Así apareció este grupo de productores, “los gigantes del sur”.

El presidente de Afarte, por caso, está estrechamente ligado al menemismo: es Alejandro Mayoral, ex susbsecretario en el Ministerio de Economía de Domingo Cavallo. También es asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En 2006, ya en la era K, estas empresas fueguinas vieron también el negocio de la informática. Intentaron movilizar un convenio para poder fabricar notebooks. La presión de las empresas “del continente”, cómo se define a las que producen electrónica fuera de Tierra del Fuego, frustraron el plan mediante la secretaría de la Industria que en ese momento comandaba Miguel Peirano, quien luego daría el salto al Ministerio de Economía tras la conflictiva renuncia de Felisa Miceli.

“Querían que se les permita producir lo mismo que se fabrica en continente. Era una jugada tan complicada que no fue tan difícil frenar”, explicó uno de los que luchó para parar el plan a La Política Online, confirmando este intento de ingresar a un negocio que genera 2 mil millones de dólares al año.

Beneficios 2.0

Este sector productivo instalado en Tierra del Fuego lejos está de ser un conglomerado de galpones vacíos donde un grupo de empresarios engordan sus cuentas sin dar trabajo a nadie. Lo que sí es cierto es que las condiciones que les exige el Estado son incomparablemente desiguales cuando se lo compara con los beneficios que obtienen a cambio

“La ley para que un productor fueguino pueda gozar de los beneficios impositivos no exige una línea de montado de determinadas características, ensamblado robótico o determinadas características que justifiquen los beneficios. No tiene lógica el impacto fiscal que tiene para el país en base a los impuestos que les estamos regalando más el precio más caro que pagamos, por su contraprestación”.

Según contó una fuente, en los convenios de las empresas fueguinas para poder gozar de estos gravámenes reducidos prometían, por ejemplo, “sumar 8 empleados más”. “Vamos a pagar 20% más un monitor más los impuestos internos por 8 personas. Es como matar una hormiga con un exocet (misil teledirigido)”. “No tiene sentido el esfuerzo” agregó un especialista consultado, mientras rápidamente se corregía: “El sentido es que muy poca gente va a ganar un montón de plata”.

Buscando tranquilidad para su agitada provincia en el empresariado local, Ríos se encontró con este reclamo de los pocos y grandes productores fueguinos: ampliar aún más sus beneficios y abrir la puerta a la producción de notebooks y celulares.

En lo primero, fallaron. Las cámaras del sector endurecieron su postura y consiguieron una excepción. Pero el resto siguió su marcha sin problemas y hasta, con una avivada de Marconato casi consigue una especie de “bonus track” con la ampliación de los gravámenes a los aire acondicionados de gran tamaño.

“Si esto no estuviese arreglado de entrada, hubiese habido un debate serio en el Congreso”, pensó en voz alta un legislador que siguió el caso de cerca.

“¿En Argentina, qué se les exige por ley a las empresas para gozar de estos beneficios?”, preguntó La Política Online a un especialista. “En Tierra del Fuego hay un proceso productivo que se les tiene que aprobar. Para algunos productos es más simple y para otros más complejo. En síntesis, y literalmente, se les pide poner bolsitas, etiquetas o pegamento de origen nacional. Es ridículo. Son muy blandas al principio y más duras al final. Pero en esos años ya se la llevaron con pala”, respondió con exceso de claridad la fuente consultada.

Mientras tanto, los componentes de todo lo que se fabrica en Tierra del Fuego son importados y no hay un solo incentivo para sustituir importaciones, justamente uno de las bases que el kirchnerismo, dice, posee esta ley.

“Si vos tenés el beneficio para cuatro tipos que son los que sustentan una economía en crisis, como es la de Tierra del Fuego, una gobernadora al rojo vivo que no puede financiar su provincia y de repente aparece esta ley y diputados y senadores de la provincia que de repente votan todo con el oficialismo. Si tiene cuatro patas, maúlla y junta bolas de pelo, por más vueltas que le dés, no hay duda que es un gato”, cerró con una graciosa comparación un operador político de la provincia del sur.

“Muchachos, esto va a salir, háganlo fácil. Algo le vamos a dar, les compramos las memorias o pueden venir a producir acá”. Así respondieron desde Afarte cuando los productores del resto del país, preocupados por este proyecto, fueron a plantearle sus interrogantes. Claro está, su confianza tenía sustento.