La oposición trabaja duro en el Senado para, al menos, lograr modificaciones en algunos de los artículos clave de la Ley de Medios Audiovisuales que el oficialismo logró pasar por Diputados sin cambios de última hora porque los bloques de la UCR, PRO, Coalición Cívica y el peronismo disidente dejaron el recinto a la hora de la votación. Entre ellos, el más polémico parece ser el artículo 161, el cual obliga a los multimedios a desprenderse en un plazo de tan sólo un año de las licencias, medios y empresas que no respeten la nueva ley antimonopolio.

Este artículo está generando gran controversia. De hecho, los bloques de centro izquierda y el socialismo, en la votación punto por punto, votaron en contra de este artículo y, si hubiesen permanecido en sus bancas el resto de los diputados opositores, hubiesen frustrado su sanción. Ahora, la herramienta que le queda a los holdings mediáticos del país es, según los especialistas, apelar a la Constitución.

El artículo 161 obliga a los grupos multimedios a desprenderse de las licencias y medios que no quedan enmarcados en la nueva ley en un período no mayor al año desde sancionada la flamante normativa. El abogado constitucionalista Félix Loñ asegura que los perjudicados “podrían interponer un amparo planteando la inconstitucionalidad y el pedido de no innovar”.

Para Loñ, que dialogó con Puro Periodismo por AM El Mundo, no hay un plazo estimado para esto. Por el contrario, asegura que la ley debería respetar las licencias y concesiones ya adjudicadas, porque sino se estaría incurriendo en la violación del derecho al a propiedad privada.

“La Constitución dice que la propiedad es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella si no es virtud de sentencia fundada en ley”, detalló.

Ante la consulta, Loñ fue tajante y pidió respetar las licencias tal cual están concesionadas al día de hoy. “La ley no puede dejar de reconocer el derecho de propiedad. Se trata del mismo gobierno que prorrogó por 10 años las concesiones el que ahora dice `yo ahora no reconozco y usted en un año tiene que desprenderse de sus medios´. Es el mismo. ¿Entonces cómo un gobierno determina una cosa y luego la borra con el codo?”, resumió.

Para el jurista, la ley debería disponer que esta ley empiece a ser aplicable a medida que se vayan venciendo las licencias. “Por que si no –estimó con una alta carga política- el presidente de su bolsillo deberá pagar las sustanciosas indemnizaciones que van a caer por las demandas de lucro cesante y daño emergente”. “Si esto prospera, estas demandas las vamos a pagar todos los argentinos”, cerró con preocupación.