Un artículo de la ley de Medios es el punto de discusión en el Senado que podría hacer regresar el proyecto a la Cámara de Diputados.

Oposición, oficialistas y aliados tienen sus resquemores para aprobar el artículo 161, cláusula que obliga a las empresas a adaptarse en un año a la nueva ley –es decir, desprenderse de algunos medios- y podrían sumar los votos suficientes para modificar este punto. Aprobarían la ley en general, pero harían cambios particulares. De esta manera, el proyecto debería volver a Diputados y el Gobierno sólo podría mantener la norma original si consigue los votos de dos tercios de la Cámara, algo poco probable.

En otras palabras, implicaría el retraso de por lo menos dos semanas del cronograma transmitido por la presidenta Cristina Kirchner a su jefe de bancada del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro), y que fijó en el 7 de octubre la fecha límite para sancionar la ley.


El artículo 161 es uno de los más resistidos, no sólo por el arco todo el opositor que no apoyó la ley en Diputados -la UCR, peronismo disidente, Coalición Cívica y partidos provinciales-, sino también por algunas fuerzas que le dieron su apoyo en la Cámara Baja.

Según fuentes del socialismo, el senador Rubén Giustiniani, votará a favor del texto del Gobierno en general, pero rechazará el artículo en particular.

Pero este aliado no es principal dolor de cabeza para el kirchnerismo. El peor frente que tiene el Gobierno es el interno.

Son varias las voces que se han elevado, en reuniones reservadas entre legisladores oficialistas, en contra del polémico artículo, informó el diario La Nación.

Uno de ellos es el jujeño Guillermo Jenefes, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, cuya familia política es propietaria de varias empresas de radiodifusión en Jujuy.

Otro tanto ocurre con el cordobés Roberto Urquía, cuyo mandato vence a fin de año y que Pichetto cuenta entre los que votarán en general el proyecto. Sin embargo, el legislador es empresario y sabe que el artículo 161 de la iniciativa abre un fuerte interrogante sobre la seguridad jurídica, que así como ahora afectará a los medios de comunicación mañana podría tenerlo como víctima de una maniobra similar.

Y es también el punto sobre el que no está de acuerdo la chubutense, Silvia Giusti, quien podría convencer a su compañero de banca, Marcelo Guinle, para no apoyar la claúsula.

Dudas

Dos senadores son los que están en la mira del Gobierno.

Según el diario La Nación, aunque en el oficialismo la dan jugando con el Gobierno, nadie hasta ahora sabe cuál será la postura de la mendocina Mónica Troadello con relación a la cláusula de desinversión. Es que la senadora tiene fuertes vínculos con el Grupo Uno, oriundo de la provincia cuyana, propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano y uno de los principales perjudicados por el artículo 161 del proyecto oficial.

Por último, en la Casa Rosada nunca terminan de confiar en la chaqueña Elena Corregido, a la que consideran una suerte de "líbero" que ha votado siempre a conciencia y sin importar la presión ejercida por el kirchnerismo para alinearla con los deseos del matrimonio presidencial.