La Fiscalía pidió hoy que en el marco de la causa de la "mafia de los medicamentos" la Justicia cite inmediatamente a declarar al titular del sindicato de empleados bancarios, Juan José Zanola, y también convoque a indagatoria a su actual pareja, Paula Margarita Avallay, quien estaría a cargo del control de las clínicas y prestadores que trabajaban para la obra social del gremio.

Así lo revelaron a DyN fuentes del caso, luego de que el fiscal Luis Comparatore pidió expresamente al juez Norberto Oyarbide, que investiga el caso, individualizar y citar a indagatoria "a una mujer que se apellidaría 'Avalay', quien se encontraba a cargo del control de todas las clínicas y hospitales que prestaban servicio a la obra social bancaria".

Esta agencia tuvo acceso al escrito que presentó Comparatore a Oyarbide, donde pidió una serie de medidas para avanzar en la investigación, entre ellas que se lo cite a Zanola para que se "lo escuche en autos", sin definir si debe ser convocado como sospechoso de las maniobras.

No obstante, el fiscal solicitó que, además, se le pida a Zanola que le avise al tribunal en caso de decidir ausentarse del país.

Zanola, en diálogo con DyN, dijo que "estoy a disposición del juez si me llama a declarar", pero atribuyó a "la elección interna" en el gremio del próximo 23 las denuncias que involucran a la obra social. Añadió que hay "una auditoría interna y externa" sobre la calidad de los remedios a disposición de la obra social para "llevar tranquilidad a los afiliados".

Comparatore avanzó directamente en torno a las sospechas sobre la Bancaria al pedir la indagatoria de una empleada, que resultó ser la actual pareja de Zanola, según dijo a DyN el sindicalista Hugo Dessal, uno de los opositores a la conducción gremial.

Además, Comparatore solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precise los informes patrimoniales de todos los involucrados, incluidos los funcionarios públicos, y que se le pida a la policía internacional Interpol informes para saber si los medicamentos "truchos" pudieron haber salido del país.

Entre las otras medidas que se creyeron "conducentes para la pesquisa", el fiscal reclamó que se le requiera al juez federal Ariel Lijo, que está investigando los aportes de la campaña presidencial de Cristina Fernández, que remita la nómina de aquellas "personas físicas o jurídicas" que hayan hecho aportes desde el sector salud al Frente para la Victoria.


Sobre ese punto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aclaró hoy que Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y uno de los principales proveedores de remedios de la Bancaria, "no hizo ningún aporte" a la campaña presidencial "ni directa ni indirectamente".

Igualmente, admitió que "puede que haya en otro caso". Y dijo que "si así fuera, yo no sé quién es el responsable de finanzas del partido" gubernamental Frente para la Victoria, pero será "el que va a tener que analizar qué fue lo que sucedió, y el que hizo el seguimiento de los dineros para saber cómo fue lo sucedido en ese caso".

Aunque el ministro no lo mencionó, uno de los responsables de la campaña fue el ex Superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, un hombre del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández que fue desplazado del Gobierno en medio del escándalo de la efedrina y de denuncias sobre venta de remedios simulada a obras sociales y fue reemplazado por el abogado Juan Rinaldi, que hasta ese momento respondía al titular de la CGT, Hugo Moyano.

Hoy el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez pidió a la Justicia que Capaccioli sea llamado a declarar por ser el "nudo" del "triángulo que conforman el triple crimen de General Rodríguez, la efedrina y la adulteración de medicamentos, y la financiación de la campaña presidencial de Cristina Kirchner".

En tanto, el fiscal también pidió que se sumen al expediente las pruebas obtenidas en la causa "Yectafer", en la que murió un grupo de mujeres embarazadas tras recibir dosis de un medicamento de hierro supuestamente "trucho", que tenía ese nombre.

Desde 2006 el juez Oyarbide tiene en sus manos esa causa y en un expediente paralelo y más reciente investiga una mafia dedicada a los medicamentos "truchos" en donde ya fue detenido (y luego liberado) el empresario Lorenzo.

Ayer, Dessal, representante de la comisión interna del Banco Nación y opositor a Zanola, se presentó ante Oyarbide para entregar documentos clave que apuntaban a esos negocios irregulares ya cuestionados.

Y hoy, en un dictamen al que accedió DyN, el fiscal Comparatore escribió: "Solicito que se escuche en autos a Juan José Zanola, titular de la Asociación Bancaria.

Asimismo, dadas las urgentes medidas que se vienen desarrollando en la presente causa, considero que resulta oportuno se requiera a su respecto que para el caso que viaje al exterior lo ponga en conocimiento del tribunal previamente".

La Fiscalía añadió que "se investigue la evaluación patrimonial de las personas involucradas en el sumario, en particular aquellos que se desempeñaron como funcionarios públicos". Por ahora, dijeron a DyN las fuentes consultadas, el único funcionario público que aparecía vinculado directamente al caso era Alberto Costa, el subsecretario de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires que fue desplazado de su cargo esta semana, luego de que el Oyarbide reveló que ese funcionario había mantenido diálogos telefónicos con Lorenzo.