La decisión de Mauricio Macri de proponer a la fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Daniela Bruna Ugolini, para el Tribunal Superior de Justicia parece que puede traerle un dolor de cabeza.

Es que, a pesar de emitir numerosos dictámenes favorables a la gestión PRO, actualmente no cuenta ni cercanamente con los 40 votos que requiere para que la Legislatura porteña apruebe su designación.

La semana pasada se publicó el nombre de Ugolini como parte de la propuesta del Ejecutivo para el cargo que dejó el prestigioso penalista Julio Maier y ya se presentaron las primeras impugnaciones.

Cuando se resuelvan, el tema llegará a manos de los legisladores donde el PRO tiene apenas 26 bancas. Allí también habrá, seguramente, impugnaciones.

El proceso es lento y toma no menos de dos y hasta seis meses. Es que cuando Aníbal Ibarra era jefe de gobierno en 2003, como gesto hacia el kirchnerismo que lo había apoyado, decidió tomar el modelo de la Corte para designar jueces y replicarlo en la ciudad.

Claro que esta réplica del sistema nacional implica dos Audiencias Públicas y un doble proceso de impugnación, lo cual vuelve engorroso el trámite.

Problemas de números e internas

En este marco, Ibarra le prometió a Macri hace algunos días que apoyaría la designación de Ugolini en una movida que sorprendió hasta en su propia tropa.

A los legisladores que lo consultan por esta extraña decisión, más aún pensando la orientación de derecha y vinculada a la ortodoxia católica de la fiscal, les contesta que es una mujer que respeta a las instituciones (“institucionalista”, repite) y que en los meses que fue procuradora de él tuvo una buena actuación.

A pesar de ello, las dudas en la oposición sobre cuál fue la moneda de cambio por este apoyo siguen.

De esta manera en el macrismo creían que existía la posibilidad que con el apoyo del bloque ibarrista y de la Coalición Cívica (10 votos en total), más los siempre genuflexos kirchneristas, podrían alcanzar los 40 votos.

Sin embargo la situación se le complicó a Ibarra: en su bloque Gabriela Alegre (ex subsecretaria de Derechos Humanos y con una fuerte impronta de centro izquierda) y el socialista Raúl Puy pusieron el grito en el cielo con el pasado de Ugolini que poco tiene que ver con las ideas que toda su vida han profesado.

A ello hay que sumarle que, salvo el movedizo legislador Guillermo Smith, en la bancada de la CC tanto Diana Maffia y Facundo Di Filippo se mostraron reacios a aceptar una futura ministra del Tribunal con las características que muestra la aspirante del PRO.

Así las cosas se complica la situación de Ugolini por la fuerte resistencia interna que tiene también en el resto de la oposición. Como es habitual, donde se podría llegar a empezar a contabilizar algunos votos más es del flamante bloque albertista que conduce Diego Kravetz, aunque no alcanzaría.

El plan B

A sabiendas de que los 40 votos hoy no están siquiera cerca, dentro del macrismo ya lanzaron una movida encabezada por el “tano” Daniel Angelici (radical que maneja las finanzas de Boca Juniors) para promover otra opción si finalmente, como es de prever, la propuesta de la fiscal se cae.

Se trata del juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Carlos Balbín.

Radical de pura cepa, el magistrado es un hombre de la carrera judicial. Fue subsecretario de Justicia en la Alianza cuando Ricardo Gil Lavedra era ministro y nunca abandonó sus nexos con el histórico partido.

En la ciudad, en diciembre de 2002 asumió como integrante del Consejo de la Magistratura como uno de los tres jueces que lo componen y estuvo allí hasta junio de 2005.

De esta manera, el “Tano”, quien dicen que no sólo fogonea ahora a Balbín sino que se lo “apropió”, intenta dejarle un “plan B” a Macri para poder nombrar a una persona que pueda juntar los 40 votos y a la vez garantizar que tendrá línea directa con el PRO.

Lo cierto es que, según cuentan fuentes judiciales, para fin de año debería estar designado el nuevo ministro del Tribunal Superior, silla no poco codiciada, más aún a partir de la conflictiva relación que mantiene el macrismo con la justicia porteña.