Tras el fallo judicial que frenó las obras del arroyo Maldonado para mitigar las inundaciones, un nuevo capítulo de la trama se juega a nivel internacional.

Es que en el Banco Mundial (BM), cuyo crédito por 130 millones de dólares permitió el avance de los trabajos, todavía no entienden cómo es posible que su representante para el proyecto, Manuel Mariño, haya aprobado las modificaciones que terminaron en un dictamen judicial desfavorable en el cual se aceptan mayores costos por $40 millones y posible contaminación del acuífero Puelche.

Según pudo saber LPO, el BM estuvo en el proceso de conformación del proyecto bajo la tutela de Mariño, y fue él quien logró el crédito y quien negoció con el ibarrismo y el telermanismo para que avancen las obras.

“El Banco Mundial reemplazó al funcionario responsable de obra por otra funcionaria, y seguramente vendrá una delegación del Banco en breve para revisar el tema”, cuenta a LPO el ex legislador porteño Milcíades Peña, uno de los tres denunciantes que presentó el amparo por mayores costos y posible contaminación.

Según explica, tras el escándalo por la orden de la justicia de frenar los trabajos, el BM nombró a Mónica López como nueva representante del proyecto. La nueva delegada, a diferencia de Mariño, se dedica a temas de protección ambiental. Con lo cual, hará mucho hincapié en el tema del acuífero Puelche.

Además, el organismo internacional tiene un representante en la Unidad Ejecutora y tres expertos que siguieron las obras. Acorde a lo que pudo recoger LPO, dos de ellos mostraron sus dudas sobre las modificaciones, que desembocaron en la decisión de la Justicia, en dos informes que ya constan en el expediente,

Mariño, complicado

Mariño no sólo fue quien aprobó el adicional que terminó con $40 millones más (8,8% más de lo pautado en el contrato inicial), inclusive se dice que fue a través de un correo electrónico del 13 de febrero de este año donde dio su autorización de parte del BM. "Ahora lo mandaron al Polo Norte", bromea una alta fuente de la investigación.

Finalmente, y esta fue otra de las causas de la detención de las obras, el gobierno porteño avanzó en las obras sin pasar ni por la Procuración ni por una comisión conjunta integrada por funcionarios de Desarrollo Urbano y Hacienda.

Originalmente, el 10 de diciembre de 2008 bajo la nota 493, el ministro Chain ordena continuar con las modificaciones de la obra.

Cómo sigue la causa

Tras el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Juan Vicente Cataldo, el gobierno porteño apeló la decisión. Ahora resta que sean notificados los denunciantes (además de Peña, los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo) y luego sea elevado a la Cámara para que decida si hace lugar a la apelación o no.

Claro que hasta después de que termine la feria judicial, a fines de julio, no habrá novedades al respecto.

“No nos notificaron oficialmente de la apelación. Pero su apelación es un desastre. Ellos dicen que el pozo está terminado, la pregunta es, aún si así fuera, ¿quién autorizó eso?”, se pregunta Peña.

“Falta hacer el tapón del pozo a los 35 metros, las mallas que lleva el pozo, y falta la abertura donde van a hacer los túneles. Además, en la apelación dicen que es peligroso frenar la obra se puede caer. Con lo cual ¿qué garantía tenemos de lo que estuvieron haciendo?”, agrega el ex legislador porteño.

Mientras tanto un sector del gobierno cree que quien dejó pasar los errores administrativos fue el segundo de Chain, Sergio Agostinelli.

Acorde a lo que cuentan, fue él quien presionó para apurar las obras, aún salteándose ciertos requisitos burocráticos. Y, de hecho, fue él quien nombró al director de Obras, Roberto Klix, y a quien trabajaba en la Unidad Ejecutora de obra, Eduardo Cohen, ambos involucrados en el amparo.

Por ello, un grupo de técnicos de Guella, la empresa italiana a cargo de las obras, se habrían acercado a los funcionarios del PRO para explicarles, incluido a Macri, cómo es la obra.