La fiscalía retiró este martes los cargos penales de “violación de domicilio” y “daño agravado” que pesaban sobre los ocho activistas de Greenpeace que habían escalado el Obelisco para denunciar la contaminación que produce la basura de la Ciudad de Buenos Aires y decidió encuadrar los hechos en una falta contravencional.

De este modo, los activistas de Greenpeace cumplirán la pena impuesta por la jueza María Laura Martínez Vega a través de tareas comunitarias que realizarán en los centros de gestión y capacitación del Gobierno de la Ciudad instruyendo a los vecinos sobre cómo debe realizarse la separación en origen de la basura.

"La fiscal Claudia Barcia se vio obligada a modificar su acusación como consecuencia de la presión publica producida en los últimos días, que provocaron el envío de más de 35 mil al Gobierno de la Ciudad en reclamo del desprocesamiento de los activistas y ante la imposibilidad de sostener una acusación fundada en delitos inexistentes", sostuvo Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace.

La contravención, que no constituye un delito tal como había señalado Greenpeace, determina que los activistas deberán realizar tareas comunitarias en los centros de gestión y participación del gobierno porteño, donde informarán a los vecinos sobre la ley de basura cero vigente y sobre cómo realizar tareas de reciclaje y separación de residuos.

“Como venimos sosteniendo desde hace nueve meses, no hubo delito ya que no hubo daño a ningún bien público y no se violentó ningún domicilio porque en el Obelisco no vive nadie”, agregó Prieto.

Los activistas habían sido procesados por la Fiscalía número 6 dependiente del Ministerio Público del Gobierno porteño luego de que el pasado 30 de septiembre subieran al Obelisco y desplegaran una pancarta en reclamo por la aplicación de la Ley de Basura Cero.

De este modo, ante la decisión de los activistas de ir a juicio y, ante la segura absolución de los imputados de haberse mantenido los cargos penales, la fiscal Claudia Barcia propuso a Greenpeace reencuadrar los hechos en una contravención cuya pena será realizar una acción de bien público para el Gobierno de la Ciudad.

Los ocho activistas de Greenpeace procesados, tres mujeres y cinco hombres de entre 20 y 43 años fueron acusados de "violación de domicilio" y "daño agravado", que podrían haber desembocado en una condena de prisión efectiva de cuatro años para todos los imputados.

Durante todo el año 2008 y hasta la fecha, Greenpeace ha venido denunciando públicamente el incumplimiento de la Ley “Basura Cero” y, días atrás, la organización ambientalista dio a conocer un informe oficial en el que se corrobora la denuncia que los activistas hicieron pública al subirse al obelisco.

Según datos oficiales, el Ejecutivo porteño admite un aumento del 12,07% de la basura enterrada durante 2008 en relación al año anterior, y una disminución del 24% de los residuos reciclados. Por otro lado el informe oficial deja en claro la intencionalidad del gobierno de Mauricio Macri en el abandono y fracaso del sistema de gestión de residuos establecido por la Ley.

“Es evidente que al Gobierno de la Ciudad le molestó que denunciáramos su intencionalidad en desactivar el cumplimiento de la Ley de Basura Cero, cuyo resultado está hoy a la vista, no solo un documento oficial remitido por el Ejecutivo a la Legislatura confirma nuestras denuncias, sino que, además, en el mismo boletín oficial el Gobierno de la Ciudad informa que estará invirtiendo millones de pesos en dos nuevos rellenos para seguir enterrando basura y contaminando en el conurbano sin ningún compromiso serio de reducción”, dijo Prieto.

“Nos hacemos cargo de haber ingresado sin autorización a un monumento público” concluyó Prieto, “la política de Greenpeace es asumir las consecuencias de sus actos, pero de ninguna manera podíamos convalidar una acusación forzada por delitos inexistentes”.