La petrolera Shell derramó en 1999 más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas de la localidad bonaerense de Magdalena, provocando un daño ambiental sin precedentes en Argentina y perjudicando la salud y la situación laboral de los lugareños. Pero ayer, los propios ciudadanos decidieron ponerle fin a un conflicto judicial de diez años de duración y aceptaron mediante un plebiscito los 9,5 millones de dólares ofrecidos por la compañía holandesa.

Sin embargo, el ofrecimiento de Shell no incluye "reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos". Según el acta acuerdo promovida por la empresa, Shell ofrece su "colaboración desinteresada y no vinculante para brindar asesoramiento legal, ambiental, tecnológico, de diseño y planificación" para un plan de desarrollo turístico en el corredor ribereño de las ciudades de Magdalena y Atalaya, la instalación de un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos sólidos.

A cambio, la municipalidad de Magdalena deberá retirar todas las causas iniciadas contra la compañía a lo largo de los diez años de duración del conflicto. Es decir, debe olvidar el asunto.

El intendente de esta localidad, el peronista Fernando Carballo, declaró que “una vez que la justicia homologue el convenio, en 35 días sería el desembolso de los fondos que serán destinados a un proyecto turístico, un parque industrial y el tratamiento de residuos”.

La foto de ayer es muy significativa: la victoria del Sí fue anunciada en conjunto por el intendente y el presidente del radicalismo local, Leonardo Frationi. El miércoles se descuenta que el acuerdo será aprobado unánimemente por el Concejo Deliberante, ya que el oficialismo consiguió el respaldo de la oposición (de 12 concejales, posee 8, los otros 4 son de la UCR, alineados al intendente).

El reclamo

Pero por más que el 77 por ciento de los votos en el plebiscito se los haya llevado el Sí, hay serias dudas sobre si la decisión de los ciudadanos de Magdalena haya sido la acertada. Lo que reclaman los vecinos en desacuerdo es que el monto pactado con la Shell no contempla el daño ambiental ni los perjuicios sufridos por la población de Magdalena, aspectos que sí fueron tenidos en cuenta en otros casos de este tipo en el contexto internacional.

Estos vecinos plantearon a La Política Online que con el dinero que acordó el intendente con al petrolera, “no serán resarcidas las personas que murieron o sufren de cáncer a raíz del contacto con hidrocarburos ni quienes perdieron sus bebés como consecuencia directa o indirecta por la contaminación”. Tampoco las personas que perdieron su fuente de ingreso, como es el caso de los junqueros que ya no tienen más juncos para recolectar.

Pero además, reclaman que la suma que obtendrá el municipio es casi 300 veces menor a la obtenida en otros casos similares.

En tanto que desde la organización ambientalista Ala Plástica, manifestaron que "la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración que hoy persisten" y que el acuerdo extrajudicial con Shell no repara los daños al ecosistema ocasionados por el derrame de hidrocarburos.
Los ambientalistas acusan a la clase política por no haber ordenado estudios que midan los desastres ambientales provocados para pedirle a Shell una recomposición en ese sentido y aclaran que un estudio elaborado por la Red de Ecología Social alcanzó el tratamiento en la Asamblea Anual de la empresa en La Haya junto a otros cinco casos que involucran a la compañía en el mundo. Pero esa Asamblea se realizará mañana, casualmente dos días después del plebiscito que le dio fin al conflicto.

El derrame

Las costas de Magdalena sufrieron la contaminación con hidrocarburos cuando el 15 de enero de 1999, el "Sea Paraná", de la compañía alemana Schifffahrts Gesellschaft, embistió al buque cisterna "Estrella Pampeana" de Shell, que se dirigía al Puerto de Dock Sud procedente de Caleta Olivia, con 30 mil toneladas de petróleo.

Esa colisión provocó el vuelco de 5.300 metros cúbicos (5,3 millones de litros) de hidrocarburo. Poco tiempo después la municipalidad de Magdalena demandó a la compañía petrolera en el juzgado federal número 1 de La Plata, para que reparara el medio ambiente y realizara un manejo adecuado de los residuos peligrosos.

En noviembre de 2002, Julio César Miralles, juez federal de La Plata, resolvió que Shell debía ejecutar tareas de recomposición del medio ambiente por un valor de 35 millones de dólares. Pero tras varias apelaciones de la empresa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en diciembre de 2007 que el caso pasara a un juzgado federal de Capital Federal. Entonces intervino en la causa el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial número 3, a cargo del juez Roberto Torti.

Durante el conflicto hasta se acudió desesperadamente a Máxima Zorreguieta, la princesa argentino-holandesa, para que interviniera a favor de Magdalena.

Ahora, el intendente que había confrontado con Shell por esta causa histórica, parece haber entendido que si no hacía un acuerdo, la municipalidad no recibiría el dinero de la empresa simultáneamente con su gestión, por lo que decidió aceptar estos millones para invertirlos en un distrito en el que es reconocido por haber hecho muchas obras. Pero lamentablemente el medio ambiente no le corresponde a una u otra gestión y, según dijeron especialistas en derecho a La Política Online, el de Medio Ambiente es el único derecho que podría calificarse como absoluto, puesto que contempla a las generaciones venideras.

Es llamativo que Daniel Silva, el mismo abogado patrocinante de la Municipalidad que cinco años atrás había exigido una mínima compensación de 100 millones de dólares por parte de la multinacional y que había dicho que la indemnización sería utilizada para efectuar las obras de reparación ambiental de toda la zona costera afectada, ahora fue uno de los firmantes de este pre-acuerdo, que no contempla esos fines.

Como dijeron a La Política Online, el acuerdo entre la Municipalidad y Shell ya habría estado sellado el 30 de marzo pasado junto con la idea del plebiscito para darle legitimidad.

El silencio de la población

Lo cierto es que este acuerdo no podría haber prosperado sin el consentimiento de la población.

En Magdalena, que tiene unos 18 mil habitantes, la principal fuente de trabajo es el Servicio Penitenciario, del que dependen aproximadamente 700 familias. Como pudo saber este medio, el hermano del intendente, Cristian Carballo, es quien se encarga de decidir quién trabaja y quién no en esa institución, lo que habría sido al menos un fuerte argumento para abstenerse de votar a quienes dependen del Servicio.

Por otro lado, otras 300 familias dependen de los empleos administrativos. Para colmo, como dijeron a este medio, los medios de comunicación de Magdalena no le dieron cabida a la disconformidad de los vecinos. Los tres medios gráficos (El periodista; Magdalena Su gente, sus cosas y El Tribuno), los tres medios radiales (FM Contemporánea, FM Victoria y FM Ciudad) y el único canal de televisión (Canal 4), reciben la pauta oficial del municipio y según fuentes de La Política Online no se le retoban al intendente.