Necesitado de divisas, el Gobierno eliminó la principal traba -má allá de la confianza- que tenía para lograr la repatriación de fondos sin declarar en el exterior y obtener un mayor éxito en el blanqueo capitales.

Según el diario Ambito Financiero, la superintendencia del Banco Central firmó un dictamen en el que considera que no debe aplicarse la ley penal cambiaria a quienes ingresen dinero del exterior para beneficiarse del esquema que rige desde el 1 de marzo y se extenderá hasta el 31 de agosto.

En estos dos primeros meses, el blanqueo había funcionado en una zona gris. Según sostenían desde el Banco Central, la ley aprobada por el Congreso a fines del año pasado era incompleta, ya que sólo incluía un perdón por el delito de evasión tributaria. Pero no se incluyó un perdón explícito para los delitos cambiarios.

En 2002, con la asunción de Eduardo Duhalde como presidente y la salida de la convertibilidad, se incluyó una serie de restricciones para el envío de fondos al exterior. Quienes hayan sacado fondos violando esta normativa quedaron sujeto a las sanciones incluidas en la ley penal cambiaria, en caso de ser descubierto. Con el blanqueo, quienes decidan reingresar fondos al país podrían quedar sujetos a sanciones si se comprueba que el dinero salió ilegalmente (como sucede con los envíos que se hacen al exterior sin registración, es decir, en negro) desde 2002 en adelante.

Pero el dictamen firmado por Gabriel del Mazo, gerente principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras, se opinó que también deben ser amnistiados (es decir, perdonados) aquellos que hayan incurrido en evasión cambiaria, siempre y cuando ingresen al blanqueo. El escrito, al que accedió Ámbito Financiero, lleva fecha 22 de abril y está dirigido al gerente general del Banco Central, Hernán Lacunza.

La autoridad monetaria se expidió ante el requerimiento de la Procuración del Tesoro, a cargo de Osvaldo Guglielmino. A su vez, fue la AFIP la que pidió un dictamen a este organismo para que determine si efectivamente la ley penal cambiaria debe o no aplicarse en los casos de blanqueo. La posibilidad de sancionar otra ley que salve este vacío legal resultaría para el Gobierno directamente imposible en estas circunstancias.

El dictamen de la superintendencia avala la prescripción de la acción penal cambiaria, y algunos puntos que pone en consideración son los siguientes:

«Sin perjuicio de la literalidad expresa del texto sancionado, la interpretación teleológica permite fundar razonablemente que, tratándose de divisas o fondos obtenidos lícitamente, aunque por fuera del mercado legal y regular de cambios, éstos podrían ser repatriados o exteriorizados al amparo de la Ley 24.476 sin incurrir en responsabilidad penal cambiaria alguna.

“La finalidad de orden público perseguida con tal ley impone extender analógicamente la amnistía allí establecida a las disposiciones del régimen penal cambiario cuando se trate de caos en que las presuntas infracciones de éste aparentemente concurran idealmente con la evasión o infracción fiscal que se pretende amnistiar”.

La superintendencia culmina el escrito indicando que si no se procediera con tal perdón para los delitos cambiarios, “la finalidad en que parece haberse inspirado el dictado de la Ley 26.476 perdería todo sentido”. Y para que no queden dudas, indica que dicha finalidad del blanqueo es “obtener fondos genuinos e lícitos para dar estímulo a la producción, la inversión y el consumo y así poder mantener el nivel de actividad económica”.

La Procuración del Tesoro se expediría hoy por la mañana de igual manera, siguiendo la opinión de la Superintendencia del Central.

Hasta el momento, la AFIP no reveló datos oficiales sobre cuánto dinero ha sido blanqueado, aunque sus funcionarios reconocen que probablemente los que decidan acogerse lo harán en las últimas semanas de vigencia. Sobre todo, porque no hay incentivos económicos para ingresar al esquema de manera adelantada.