La Universidad de Buenos Aires (UBA) canceló ayer la presentación de un trabajo técnico de ocho ex secretarios de Energía que advertía la grave situación del país en materia energética y hasta pronostica un posible desabastecimiento.

Al Gobierno no le gusta escuchar críticas a la gestión de Estado y menos en época electoral. Una mano veloz y certera borró, por la tarde, el anuncio que la propia página web de la Facultad de Ingeniería mostraba desde la mañana. Según el diario La Nación, apenas pocas horas antes del inicio del acto, el propio decano, Carlos Rosito, se lo informó a Jorge Lapeña, uno de los ocho especialistas que trabajaron en el crítico informe Propuesta de una política de Estado para el sector energético argentino. “En época de elecciones, esto es un acto político", le dijo.

Los analistas le habían enviado el estudio a la presidenta Cristina Kirchner a principios de mes, con pedido de audiencia. No sólo no tuvieron respuesta, sino que el informe provocó enojo en el Gobierno. La semana pasada, el propio secretario de Energía, Daniel Cameron, se lo hizo saber a este diario durante una feria en Costa Salguero. "Todos esos que hablan, que ahora elaboraron un documento conjunto, vieron pasar todas las carpetas de Atucha II sin hacer absolutamente nada", dijo Cameron.

Qué dice el informe

El estudio que provocó un revuelo no sólo en el Gobierno sino en los sectores energético y académico, empieza con una frase contundente: "El sector energético afronta serios problemas estructurales sin soluciones a la vista: para resolverlos se debe formular una política de Estado a largo plazo; la Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto".

La iniciativa nació en diciembre pasado, cuando varios ex secretarios del área se encontraron en un seminario del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), al que había sido invitado el secretario de Energía, Daniel Cameron, pero no fue. Ese día estaban Lapeña, Guadagni, Apud, Montamat y Alfredo Mirkin.

Al ver que existían coincidencias en los diagnósticos, los analistas decidieron elaborar un informe conjunto y convocar a los 14 secretarios de Energía de la democracia. Algunos prefirieron no estar. Mirkin, por caso, propuso que sólo fueran a ver en conjunto a Cameron. Quedaron ocho. Daniel Montamat, Alieto Guadagni, Enrique Devoto, Julio César Araoz, Jorge Lapeña, Emilio Apud, Roberto Echarte y Raúl Olocco elaboraron el trabajo analítico. Que repasa, por ejemplo, la exploración petrolera en los últimos años.

Dice, así, que se perforaron 103 pozos exploratorios en 1988; 75, en 1998 y sólo 54, el año pasado, según la Secretaría de Energía. "Los precios del petróleo en 1998 eran en promedio para los crudos de la canasta de OPEP 12 US$/barril; muy inferiores a los precios promedio 94 US$/b registrados en el último año, lo que revela que la Argentina no aprovechó el período de precios altos de crudo para realizar inversiones exploratorias en su territorio." Agrega que "la Argentina se encamina a la pérdida del autoabastecimiento energético" y se refiere después específicamente al sector eléctrico: "Ha demostrado tener serias dificultades para ampliar la oferta en nueva generación: el sector privado no cuenta en la situación actual con las condiciones mínimas para invertir, y el Estado, cuando lo hace -a través de Enarsa por ejemplo-, actúa en forma no planificada y recurriendo las más de las veces a costosas soluciones de urgencia".

Falta de inversión

Sobre ese sector dice además que "el sistema está manejado con visión cortoplacista; no planificado a largo plazo, con inversiones que se encuentran retrasadas y, como consecuencia, exhibe un funcionamiento técnicamente deficiente con perspectivas de agravarse". También que hay un "proceso anormal" de ampliación de la oferta productiva: "No existen inversiones en cantidad y calidad suficientes para garantizar el abastecimiento de una demanda doméstica creciente".

El plan propuesto pide transparencia para las operaciones de Enarsa, que todo se haga mediante licitación pública y que se vuelvan a jerarquizar los entes reguladores. "Se dará prioridad a la transparencia de gestión de esta empresa [por Enarsa]. Se evitarán las importaciones innecesarias de combustibles como el fuel oil, del cual nuestros país es exportador neto", sostiene.

Otro planteo es la aplicación de una tarifa social y que las instituciones del sector no sean "utilizadas como instrumento para justificar arbitrariedades". También se pide terminar con el ocultamiento de la información: "Es un clásico de estos años la negación de la existencia de problemas estructurales en el sector energético y también su ocultamiento a cualquier costo. La información pública sobre la real marcha del sector energético es muy poco transparente, lo que es a todas luces injusto con la ciudadanía".