Con la exclusión de las telefónicas del proyecto de ley de servicios audiovisuales se van cayendo los argumentos opositores de que “se trata de cambiar un monopolio por otro” o que la ley es el resultado de la pelea del Gobierno con el oligopolio de Clarín. Una jugada tan fuerte como la de mantener a las empresas telefónicas al margen del negocio de la televisión por cable, demuestra el papel decisivo que el Gobierno le asigna a este debate. Para el oficialismo la aprobación de esta ley se ha convertido en un tema crucial, por eso todo lo susceptible de ser cambiado sin modificar el espíritu del proyecto está puesto sobre la mesa de negociación para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados.
Por estas horas, el oficialismo espera cerrar un acuerdo con el bloque del SI y con los diputados Miguel Bonasso y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, e incluso legisladores de la Coalición Cívica. De acuerdo con las conversaciones mantenidas hasta el momento entre los principales referentes del oficialismo con diputados de centroizquierda y con algunos de sus propios integrantes, en el Frente para la Victoria prevén un apoyo a la iniciativa superior a los 145 diputados.
La exclusión de las telefónicas ha dejado a la oposición sin otro argumento que el de la dilación hasta después del 10 de diciembre, lo que resulta difícil de sostener porque equivale a proponerle a la sociedad una nueva postergación de otros 25 años.
Al Gobierno todavía le queda una carta importante para convencer a los opositores en la Cámara de Diputados y –en particular–, en el Senado, que es donde el oficialismo librará la batalla más difícil. Esa jugada consiste en hacer cambios en las autoridades de aplicación que prevé la nueva ley.
Por mucho que les pese a las grandes empresas que acuñaron los términos “ley mordaza” o “ley K” –y al establishment que las representa–, existe un movimiento social muy diverso, vinculado con la comunicación popular que se ha expresado con mucha claridad en las audiencias públicas de la semana pasada.
Ese movimiento social abarca a sacerdotes, gremialistas, directores de cine, locutores, comunidades indígenas, actores, periodistas, maestros y cooperativistas de todo el país. Ellos son los verdaderos gestores del proyecto de ley. En ese sentido, el mérito de CFK ha sido recoger un reclamo que surgió de abajo.
En un artículo titulado “¿Qué defendemos, la libertad de prensa o la de empresa?, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel –que participó de las audiencias en el Congreso–, afirma que “todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros, permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza”, concluye Pérez Esquivel que no puede ser sospechado de oficialista.
La ley pretende eliminar los resortes autoritarios que se heredaron de la ley de la dictadura, incorporar las nuevas tecnologías, abrir el espacio a nuevos operadores –como son las cooperativas telefónicas–, y regular lo que desreguló el gobierno menemista que favoreció el surgimiento de los grandes carteles multimedia.
En ese mismo sentido se expidió la jerarquía de la Iglesia Católica. La declaración del vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, presbítero Jorge Oesterheld, indicando que la ley es “un paso adelante para los que hoy no tienen voz”, y la presencia del presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Agustín Radrizzani, en los debates del Congreso, significaron un duro revés para los opositores al proyecto.
Los movimientos sociales son los verdaderos actores anónimos que están comprometidos desde hace mucho tiempo con la democratización real de la comunicación porque la antigua ley les cerraba las puertas. Lo hicieron sin ley que los protegiera y contra la corriente de los procesos de concentración. Ellos dieron una pelea desigual.
La propia Iglesia Católica tiene más de mil radios truchas en el país que cumplen distintos servicios, han celebrado congresos y funcionan en cada jurisdicción bajo la atenta mirada del obispo responsable.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios.
El proyecto de ley de servicios audiovisuales constituyó siempre el reclamo más importante del ámbito de las radios comunitarias y la comunicación popular. Hubo un largo proceso de discusión y debate al que se fueron sumando otros sectores populares así como intelectuales vinculados con el tema. A lo largo de varios años hubo cientos de reuniones en la CTA, en la UBA, en fábricas recuperadas y en centros cooperativos. Así se elaboraron primero los 21 puntos y luego un proyecto de ley que los contenía. La culminación de ese proceso de discusión tenía que ser el Parlamento nacional.
Al igual que lo que ocurrió con el juicio a las juntas y con la sanción de la ley de divorcio, con la de servicios audiovisuales estamos asistiendo a un final de época en la Argentina. El carácter antimonopólico es lo que hace tan necesaria y urgente esta ley. Si el enjuiciamiento de los nueve ex comandantes simbolizó el verdadero fin de la dictadura, la ley de servicios audiovisuales será su equivalente simbólico para los oligopolios de la información, los verdaderos dictadores de conciencia de la Argentina.

Hay que votar contra los kichner así le inician un juicio político y lo destituyen de una buena vez. Esto ya no tiene límites. Se rebasó la línea de lo absurdo. ES IRRACIONAL.

Que hay del Articulo 73 de la Constitucion que dice "Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando." Si el gobernador no puede ser miembro del Congreso por su provincia de hecho no puede ser elegido sin antes renunciar a su puesto de gobernador

Si la CNA no dice nada es porque no es una práctica constitucional.
No se debe permitir esta farsa. Se tiene que poder frenar esta payasada. No se puede aceptar que la Kuasi DemoKracia K convierta el acto cívico de elegir a nuestros representantes, en un acto circense.

En los países mas corruptos hay infinita cantidad de leyes , reglamentos y prohibiciones ... Y aún asi no alcanzan para evitar los fraudes y las estafas ... Bienvenidos a corruptlandia , donde los jueces son automatas sin criterio ni raciocinio.

Las sanciones para estas conductas tiene que establecerlas el electorado ¡¡ no votando a los candidatos que se presten a la maniobra !!

Es hora de que se aclare CUANTOS son los votos cautivos, clientelares, pagados. El dinero para comprar votos procede del erario publico. Es decir, del esfuerzo que hace la sociedad para pagar impuestos.
Que ese dinero se utilice para comprar votos, mantener rehenes, menoscabarlos y burlarse de los que pagan es CRIMINAL.

VOTEMOS YA EN www.responde.com.ar EN POLITICA.

LA CULPA ES NUESTRA QUE VOTAMOS A ESTOS POLITICOS TRUCHOS. LA CONSTITUCION NO DICE NADA, PERO NO TIENEN ETICA NI MORAL.
POR FAVOR VOTEMOS A CANDIDATOS NUEVOS !