Según la tapa de hoy de La Nación, hay tres millones de votantes sin regularizar en el padrón electoral que, de no avanzar en la actualización de los padrones, no podrían emitir su voto el próximo 28 de junio. Hoy, ese delicado trabajo que preocupa por la posibilidad de manipular datos críticos podría quedar en manos de Julio Piumato, titular del sindicato de empleados judiciales, un gremialista muy cercano al gobierno que busca un lugar en la lista kirchnerista en Capital Federal.

Todos los temores, tienen que ver con la posibilidad de fraude electoral, al menos indirecto. El gobierno y la Justicia acordaron el viernes pasado el pago de horas extras y la contratación de pasantes para regularizar los padrones. Incluso, y en una maniobra típica del sindicalismo argentino, cuando se confirmó la llegada de estos fondos Piumato envió un comunicado interno adjudicándose la maniobra para conseguir millones.

Desde el kirchnerismo presionan para que esas designaciones y esos millones los maneje directamente Piumato, muy cercano a Hugo Moyano. Esto, sumado a la presión del titular de la CGT para que se sume a la boleta porteña que presente el oficialismo, deja a las claras bajo que capa política está encolumnado el judicial.

El temor, es que una vez puesta a trabajar esta maquinaria para actualizar los datos, se manejen con discrecionalidad. Por ejemplo, si existe un distrito donde el oficialismo mide mal, como Capital, Santa Fe o Córdoba, Piumato podría decidir que las fichas para actualizar de esos distritos se dejen para el final del trabajo.

Llegado el momento, podrían sospechosamente “no llegar” con la actualización y así quedarían miles de electores potencialmente opositores en distritos clave sin la posibilidad de votar, sin integrar los padrones. Riesgos centrales de dejar el control de un tema sensible en manos de un operador kirchnerista en lugar de un medio independiente, como la Justicia.

La situación es grave, porque el gremio podría influir en cuáles son los votantes que se agregan y cuáles no. Más aún, si se estima que faltan tres millones de votantes en los padrones, cuyas fichas se encuentra en cajas amontonadas y su anotación, manual e individual, es realizada por empleados judiciales bajo la órbita de Piumato.

Piumato, en esta jugada, dice a toda voz contar con el apoyo del gobierno para ese propósito –manejar el reparto de horas extras y las designaciones de pasantes- y así se lo comunicó a la Corte Suprema el último viernes, en una nota donde le informaba al máximo tribunal que habían ido al paro en reclamo por el aumento en el valor de las horas extras electorales, a pesar de que el incremento ya había sido otorgado por el cuerpo cortesano.