Ya son cuatro los gobernadores que adhirieron al sistema de coparticipación de las retenciones a la soja. El cobista, Arturo Colombi de Corrientes, Jorge Sapag de Neuquén y los kirchneristas Maurice Closs de Misiones y Jorge Capitanich de Chaco aceptarán la plata de coparticipación del dinero de las retenciones a la soja propuesta por la presidenta Cristina Kirchner por decreto.

El gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, llamó a una cumbre para definir este miércoles qué hará y el cordobés Juan Schiaretti aclaró que antes de adherir quiere acordar el destino de los recursos con la Mesa de Enlace.

El economista jefe de IERAL, Marcelo Capello, explicó que primero tendrán que adherir las provincias y, luego los municipios si quieren recibir los recursos que, a partir del decreto de Cristina Kirchner, cederá la Nación a las provincias de lo que se recaude por las retenciones a la soja. Pero señaló que “aún no queda claro cuánto recibirán”. En diálogo con La Política Online, el especialista en coparticipación criticó el decreto de Cristina Kirchner, enumeró medidas alternativas para lograr una mejor federalización de los recursos y contó cuáles son las provincias más beneficiadas por este sistema.

¿Cuáles son los pro y los contra de adherir a este decreto para acceder a la coparticipación de las retenciones a la soja?

Los pro son netamente financieros que les viene bien en un año en que tiene que resolver problemas fiscales importantes y lo que van a recibir va a depender de cómo se interprete el decreto.

¿Cómo es eso?

No está muy claro cómo lo distribuirán. Si se lo toma como el impuesto al cheque, donde del 30%, el 57% va a las provincias, el 42% al gobierno nacional y el 5% a los fondos de ATN. La otra posibilidad es que todo ese 30% vaya directo a las provincias y de ahí, a los municipios y, ahí, cada gobierno tiene su esquema de redistribución. Porcentual, fija, entre otras.

De los $6.520 millones que cree el Gobierno recaudará de retenciones, ¿cuánto recibirían las provincias en cada caso?

Si les deriva todo el 30%, les va a aumentar un 10% en promedio las transferencias de la Nación. Pero si se calcula como el impuesto al cheque, apenas se incrementaría un 4,9%. Cualquiera de los dos porcentajes les vendría bien financieramente, pero los contra de adherir a este decreto son varios.

¿Cuáles son esos contras?

Para empezar, no se resuelve el problema con el agro, donde la alta presión tributaria sobre la producción en general, y la soja en particular, asfixia al sector. Esto está trayendo un ahogo a las provincias y una marcada retracción de las actividades. Pero además, al hacer participar a las provincias con los municipios de las retenciones, en lugar de un interesado en que no se eliminen o bajen las retenciones, pasarán a ser 24 jurisdicciones provinciales y más de 2.000 municipios.

Es una buena jugada política para contrarrestar la presión del campo para bajar las retenciones…

En ese sentido sí, pero no lo es desde el punto de vista tributario.

¿Por qué?

Porque va a ser muy difícil desarmar este nuevo sistema. Las retenciones deberían ser un impuesto transitorio que se aplican en momentos de rentabilidad extraordinaria en un sector por factores exógenos, como puede ser la suba de los precios internacionales o una gran devaluación. Pero en momentos en que esos factores no existen, como ahora, no deberían aplicarse estos impuestos o no con las alícuotas actuales. Es un tributo sobre ganancias extraordinarias. Si éstas no existen, no se justifica el tributo o, por lo menos, no a los mismos niveles que los tiempos en que sí había altas ganancias. Consolida en el tiempo y es un impuesto que debería ser temporario y transitorio en función de los precios de los commodities.

Por otro lado, esta medida provoca una redistribución de las zonas rurales a las urbanas. El Gran Buenos Aires, donde no se produce soja, se estaría llevando un monto equivalente a los dos tercios de lo que le queda neto a los gobiernos de Santa Fe o Córdoba. Además, yo nunca ví un impuesto que se coparticipe sólo una parte del impuesto. En este caso, el de la soja y no el resto de las producciones. Es como decir que del IVA sólo se coparticipe.

El decreto establece que tanto provincias como municipios tienen que adherir al sistema para acceder a la coparticipación de este impuesto, ¿cuánto complica al engranaje de distribución?

Bastante. A las leyes de coparticipación deben adherir las provincias. En este caso, que es un decreto y no una ley, el Poder ejecutivo establece que se tienen que adherir las provincias y después, los municipios a las provincias. El tema es que si no adhieren, pierden los fondos. Ahí se tendrá que ver cómo se distribuyen los recursos acorde a la cantidad de provincias que se adhieran. Pero se supone que en abril el goteo comienza a llegar a los municipios. O sea, tres meses antes de las elecciones, van a estar recibiendo los recursos, una época en la que seguramente no van a poder comenzar ningún proyecto de infraestructura, como lo estipula el decreto. Difícilmente pondrán en marcha obras y va a haber una gran tentación de usar estos fondos para otros destinos. Pero, encima, puede ocurrir que las provincias utilicen este dinero para financiar las obras que iban a hacer con recursos propios y, así se libere del ahorcamiento fiscal y use sus fondos para otro tipo de gastos.

¿Cómo definirías este decreto?

Además de que genera dudas sobre cómo se distribuyen los recursos, no le hace ningún bien al federalismo que desde el Gobierno se dice beneficiar porque consolida un impuesto negativo para el sistema productivo de Argentina. Y si lo que importaba era el federalismo, hay por lo menos tres alternativas más viables y más justas para llevarle más recursos a las provincias que, dicho sea de paso, en 2008 han recibido sólo el 25% de recursos tributarios que recauda la Nación. Esto ha sido un récord del Gobierno, pero por lo bajo del porcentaje.

¿Cuáles son las alternativas para que la distribución sea más federal?

Devolverle a las provincias las porciones de impuestos que pertenecían a la coparticipación federal y que desde los `90 son desviados a la Nación para financiar la seguridad social.

Como el 15% que las provincias derivan todos los meses a la Anses desde que 1992, cuando se hizo mixto el sistema jubilatoria y que, ahora que se estatizaron las AFJP, los gobernadores le reclaman al Gobierno…

Ese es uno, pero hay más. Concretamente, si volviera al sistema coparticipación federal ese 20% del impuesto a las Ganancias que desde el `92 se excluye para asistir a la Anses, las provincias recibirían unos $6.000 millones, un monto similar al que se indica que tendrán con este decreto. O sea se le estaría devolviendo la recaudación de un impuesto directo que, por Constitución, pertenece a las provincias y no es necesario meterse con el tema de las retenciones que de por sí no son coparticipables.

Otro mecanismo sería que las provincias recuperen el 11% del IVA que también en los `90 cedieron a la Nación para financiar a la Anses. Los tres casos es lo mismo. Devolverle al sistema de coparticipación los recursos que se desviaron a la seguridad social cuando se estableció el sistema mixto. Hoy se eliminaron las AFJP y la Anses, que recibió esos fondos de las administradoras privadas, es superavitaria. Y ahora se están usando esos fondos de seguridad social para financiar al gobierno nacional. O sea que, por carácter transitivo, las provincias están financiando a la Nación.