La Justicia investiga a seis de los siete miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), acusados de haber falsificado un documento público y de haber usurpado funciones que no tenían para negar información sobre presuntos sobreprecios en una obra de Santa Cruz.

Según el diario La Nación, de acuerdo con la denuncia, el documento adulterado es una comunicación firmada por seis auditores que anunciaron que ya no le darían datos sobre sus casos en trámite a Garrido.

Este fiscal, promotor de muchas investigaciones por presuntos hechos de corrupción, había solicitado información sobre la auditoría que investigó irregularidades en el tendido eléctrico realizado por Electroingeniería en Santa Cruz.

La nota que rechazó el pedido lleva las firmas de todos los auditores oficialistas y de dos de los tres radicales. El único que no la suscribió fue el presidente de la AGN, Leandro Despouy, pese a que era, según su rótulo formal, una nota de la presidencia.

Ninguno de los auditores desconoció su firma, pero el radical Alfredo Fólica alegó que creía que se trataba de un proyecto que no sería remitido a su destinatario, el procurador general, Esteban Righi -jefe de Garrido-, sin que se volviera a discutir.

"Si dicen que firmaron un proyecto es que no saben leer. Sabían lo que firmaban", dijo ayer el auditor peronista Javier Fernández, según el matutino. "Lo que pasó es que se cometió un error material -alegó-. Yo me hago cargo. En vez de 79/P la nota debía decir 79/A5 [código que identifica a Fernández] porque era una nota inscripta en mi libro. Así lo voy a explicar en el juzgado." Fernández anunció además que va a promover investigaciones contra sus pares radicales. "Voy a denunciar los expedientes frenados desde hace años", amenazó.
Un trámite extraño

El número no es la única irregularidad de la nota denunciada. Su trámite fue, al menos, extraño.

De acuerdo con información oficial de la AGN, en las actas del Colegio de Auditores "no consta que se haya aprobado el envío de una nota al procurador", advirtió Garrido.

El fiscal sostuvo que si no era una comunicación de la Presidencia sólo podía haber sido válida como resolución del Colegio de Auditores, que reúne a los miembros de la AGN.

Según las actas, este cuerpo discutió el 24 de septiembre pasado qué respuesta le daría a Garrido y decidió seguir estudiándola en una reunión posterior. Lo llamativo es que ese mismo día Righi recibió la nota firmada por los seis auditores. Pero eso no es todo. Una semana más tarde, el colegio continuó tratando el tema y resolvió elaborar una nota de respuesta a través de la Comisión de Supervisión, explica la denuncia. Hacía siete días que el procurador tenía la contestación en su poder.

Con estos fundamentos, el fiscal acusó a los auditores de haber usurpado funciones y haber falsificado un documento, pero también de haber "desobedecido a la autoridad", por no haberle remitido los documentos. En simultáneo presentó otra denuncia: pidió que la Justicia investigara los presuntos sobreprecios en la obra de Electroingeniería.