El Senado comenzó el año como se había anticipado: en la sesión de ayer la oposición liberó un maratón de denuncias después que el Poder Ejecutivo se negará a convocar a extraordinarias durante el verano. El ataque del radicalismo empezó por exigir la interpelación al ministro de Economía, Carlos Fernández, para que explique las medidas que tomó el Gobierno ante la crisis financiera y la presencia de Amado Boudou, jefe de la ANSES, para que precise la forma en que se están administrando e invirtiendo los fondos que le fueron transferidos desde las cajas de las AFJP, informó el diario Ambito Financiero.

Ninguno de esos dos pedidos fue aceptado por el kirchnerista Miguel Pichetto, como era obvio, pero sí ayudaron a abrir el debate no sólo por la utilización de esos fondos ($70.000 millones del acumulado de las cuentas de capitalización y una recaudación mensual de $1.000 millones), sino también por apurar la creación de las comisiones para controlar los que se introdujeron en la ley de estatización de las AFJP y el Gobierno nunca puso a funcionar. De hecho, ante el temor de que la falta de controles, cuando la ANSES ya financió créditos y hasta compró bonos con esos fondos, provocara una ola de juicios, en Diputados también se apresuraron a activar una de las dos comisiones de seguimiento.

La justificación del radical jujeño Gerardo Morales para citar a Carlos Fernández fue el propio discurso de Cristina de Kirchner frente a la Asamblea Legislativa el domingo pasado: "Del mensaje no se desprende que haya plan económico alguno", dijo ayer.

Quedó claro en la sesión de ayer del Senado que el oficialismo, con el éxodo de Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero y sus compañeras de bancada, si bien mantiene la mayoría, no está para batallas complicadas. La prueba fue que ayer Pichetto no quiso someter a la bancada a más tensiones y terminó aceptando sobre tablas un pedido de informes que solicitó también la oposición (casi un hecho histórico, ya que en la era de los Kirchner estuvo siempre vedado que el Congreso exigiera explicaciones al Poder Ejecutivo) para que la ANSES detalle qué pautas se tomarán para definir el índice de actualización de jubilaciones que se estableció en la ley de movilidad previsional.

"Queremos saber cómo llegaron al índice, porque sabemos que se anunció el ajuste a jubilados y dos días después se reglamentó la ley para justificar el porcentaje de ese incremento", decía ayer el radical mendocino Ernesto Sanz, según el matutino.

La denuncia de los radicales es que el Gobierno modificó la ley vía la reglamentación para ajustarla al monto del incremento a los jubilados que definió la ANSES, pero que ese número nada tiene que ver con la fórmula que se estableció en la ley. Para la oposición, el incremento debió ser mayor, pero, alegan, los números del INDEC fueron nuevamente maquillados para reducir el impacto.

Lo cierto es que en el kirchnerismo también existen dudas y, ante la posibilidad de otra batalla en el recinto, el oficialismo terminó aceptando la votación del pedido de informes sobre tablas.

No fue la única victoria de la oposición. También se aprobó, por pedido de Sanz, exigir a Diputados que apurara la creación de la comisión investigadora sobre la actividad de las cerealeras que declararon cupos de exportación antes de la cosecha para eludir la suba de retenciones al 35%, un conflicto que había estallado antes de la guerra por la Resolución 125.

Finalmente, el kirchnerismo accedió a conformar en el Senado la Comisión Bicameral que controlará los fondos que Boudou recibió en la ANSES desde las cuentas de las AFJP, que estará integrada por seis senadores y seis diputados. Es uno de los dos cuerpos que deben vigilar las cuentas de Boudou. Para constituir el otro, que integran también sindicalistas, empresarios, banqueros y el Congreso, el Senado debe discutir aún si el lugar le corresponderá al oficialismo o a la oposición.