El kirchnerismo quiere limitar el poder del presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, en la publicidad de los informes de ese organismo.

Alertados por lo que consideran un intento de "vaciar de poder y contenido" a uno de los escasos organismos de control alejados de la mano del Gobierno, la oposición en su conjunto rechazó ayer la decisión, informó hoy el diario La Nación.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el titular del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales, y el presidente del socialismo, Rubén Giustiniani, coincidieron ayer en la defensa de Despouy, acusado por los auditores oficialistas de difundir un informe que pedía mayores datos sobre presuntos sopreprecios en obras de tendido de alta tensión en Chubut y Santa Cruz. El informe figura en la página web del organismo desde el 3 de diciembre.

"Hay un intento de ir por el presidente de la AGN y recortar sus facultades", afirmó ayer Carrió, acompañada por los diputados de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán y Adrián Pérez, autores de la denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por presuntos sobreprecios de $ 150 millones en esa obra pública.

Carrió y sus diputados (estuvieron también Margarita Stolbizer y Marcela Rodríguez) denunciaron que la intención de los auditores justicialistas de quitarle a Despouy el manejo de la prensa institucional busca "garantizar impunidad para los amigos de Néstor Kirchner", en directa referencia a la empresa Intesar SA, subsidiaria de Electroingeniería, encargada de las obras.
Voces críticas

Para Morales, la movida oficialista -que se concretaría a partir de febrero- es "otro camino para garantizarse impunidad". Según Giustiniani, "es necesaria una ley que le dé mayoría a la oposición en la composición de la AGN, para garantizar el control sobre el gobierno de turno". Los titulares de los bloques de la CC, UCR, Pro y el socialismo en la Cámara de Diputados firmaron un comunicado conjunto en el que repudian el "intento de vaciamiento" de la AGN.

El encargado de explicar las intenciones del oficialismo fue el ex diputado del PJ y hoy auditor Oscar Lamberto. "Despouy puede hacer lo que quiera con sus encargados de prensa. Pero la difusión de los informes o la redacción de una revista de la institución debe depender de los auditores, no de su titular", explicó el peronista santafecino a LA NACION. En la actualidad, hay en funciones cuatro auditores justicialistas y tres radicales.

Lamberto negó que se intentara silenciar la voz de una entidad que en los últimos años emitió distintos informes contrarios al kirchnerismo. "La idea es difundir todos los informes, cuya inmensa mayoría son firmados por peronistas y radicales", afirmó Lamberto, dirigente del peronismo santafecino. En relación con la denuncia contra Electroingeniería, Lamberto indicó que "lo único que la AGN recomendó fue hacer una auditoría de costos; cuando se termine, se sabrá si hubo o no sobreprecios".

Morán y Pérez presentarán el mes próximo ante el juez federal Julián Ercolini el informe de la AGN. Lo harán a modo de prueba, agregada a la denuncia por asociación ilícita que Carrió presentó en ese juzgado contra Kirchner, funcionarios y empresarios.

También le presentarán al juez un estudio en el que se afirma que la diferencia en el costo entre el tramo analizado y el de Choele-Choel y Puerto Madryn "no debería exceder el 14,2%". Para la AGN, la diferencia entre una obra y otra fue del 48%.