El escándalo Siemens amenaza con filtrarse en la gestión de Cristina Kirchner. El ejecutivo identificado por todas las fuentes como el presunto corruptor en el contrato de los DNI durante el gobierno de Carlos Menem es uno de los aspirantes a quedarse, durante la actual administración, con la radarización del territorio nacional, un negocio de 2000 millones de dólares.

Según el diario La Nación, el puente que lleva de los DNI a los radares es Carlos Sergi. Este rosarino trajina los pasillos de Defensa y de los comandos militares desde los años setenta, cuando era el hombre de contacto de la Collins.

Al negociarse el contrato de los documentos, Sergi era director de Siemens Argentina. En la declaración de Siemens ante el Departamento de Justicia norteamericano sería el "agente A", nexo entre el menemismo y la multinacional a través del holding Argentine Consulting Group.

Sergi compite hoy, por su vinculación con la intermediaria Traktel, en la accidentada licitación por la provisión de radares militares lanzada por Néstor Kirchner en 2004. Las otras pretendientes son dos compañías chinas y la francesa Thales.

La participación de Traktel fue motivo de una larga controversia que zanjó, a favor de Sergi, el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino. El conflicto se produjo porque el pliego original del Ministerio de Defensa sólo permitía la intervención de fabricantes de radares. Traktel no lo es, pero representa a la estadounidense Northrop. Fuentes cercanas a este proceso afirman que Northrop no quiere participar en licitaciones argentinas por la mala experiencia de los 90, cuando perdió una ante la francesa Thompson. Aquella competencia fue escandalosa y debió ser anulada: Thompson ganó, pero el negocio se lo quedó Northrop, asociada a Traktel, de Sergi, y a Siemens, donde Sergi era director.

Sergi parece más tenaz que Northrop. Ahora se presentó a la licitación como mero representante. De nuevo entró en guerra con los franceses: Guillermo González Naya, de Thales, lo impugnó. Pero el rosarino consiguió buenos amigos para cambiar, mediante interpretación, el pliego originario. Sobre todo uno: Mario Montoto, quien se le habría acoplado después de una asociación fallida con productores rusos.

Arbitraje

Montoto circula por la vida como ex montonero, pero su actividad principal es el lobbying en Defensa, para el que se apoya en militares retirados. Sea por la persuasión de Sergi, la de Montoto o por el efecto de un saber infuso, lo cierto es que Traktel consiguió dos dictámenes que le permiten participar como mera intermediaria: uno del Ministerio de Defensa, autor del pliego original, y otro de Aeronáutica. Por eso, a Guglielmino y a su jefe, Carlos Zannini, les resultó fácil dar la razón a Sergi. En Thales, en cambio, aducen que en el procurador puede haber influido la amistad con Montoto. Además, entre Thales y Guglielmino hay otro conflicto: el arbitraje por la rescisión de la escandalosa concesión del espectro radioeléctrico, también suscripta en los 90, que la compañía francesa acaba de perder en el Ciadi.

Al cabo de este laberinto de intereses y argumentos, Sergi emergió como intermediario en el multimillonario negocio. Ahora debe conseguir el dinero para comprar los primeros radares a Northrop. Se lo facilitaría un banquero muy relacionado con el elenco de Santa Cruz.

El contrato por los radares podría volverse más controvertido que el de los DNI. Sobre todo porque a las espectaculares imputaciones de Siemens podrían faltarles pruebas. La multinacional realizó dos acuerdos sobre la misma base documental, la auditoría interna del estudio Debevoise & Plimpton, que costó US$ 1200 millones, es decir, 50% más que la multa pagada en los Estados Unidos. Uno de los acuerdos reconoce coimas en tres países: la Argentina, Venezuela y Bangladesh. En el otro menciona a 12.

En la solicitada que publicó el domingo pasado en Buenos Aires, la compañía se incriminó por fraudes contables. Pero en la documentación norteamericana dijo haber pagado coimas. Tampoco respecto de este delito las versiones son homogéneas. En el texto acordado con el Departamento de Justicia habló de haber sobornado a un funcionario del menemismo y a un ex ministro de la Alianza, que habría recibido US$ 660.000. Pero en el documento de la SEC especificó que las coimas las habrían recibido el Presidente, el ministro del Interior y el jefe de Migraciones del gobierno que terminó en 1999. Y consignó un pago de US$ 6 millones para el gobierno de la Alianza, sin más detalle.

En Alemania hubo arrepentidos que identificaron a los funcionarios y directivos sobornados con sus iniciales. Pero ni en Tribunales ni en la empresa apuestan a que esas anotaciones demuestren las coimas. Al contrario, en la documentación publicada en los EE.UU. la sustracción de fondos por parte de ejecutivos de la propia Siemens -muchos de los cuales tendrían una evolución patrimonial considerable- está más detallada que la transferencia de esos fondos al bolsillo de los funcionarios.

Por eso, menemistas y radicales esbozan la misma tesis: "Se aducen coimas indemostrables para justificar el robo de los directivos de Siemens a la propia Siemens". En esta línea, el abogado Mariano Cúneo Libarona, que defiende a Carlos Corach y a Hugo Franco, insistió desde un comienzo: "Tráigame una prueba de que la plata que fue a empresas controladas por ejecutivos de Siemens salió después hacia alguna cuenta de un funcionario público". Altos directivos de la compañía alemana admiten que será difícil satisfacer a Cúneo. "Tal vez, todo termine en Sergi", explican. Igual que con los radares.