El grupo Marsans ya preparó su plan de lucha para enfrentar la expropiación de Aerolíneas que impulsa el oficialismo en el Congreso.

“Nos vamos a defender en los estratos judiciales internos y externos –sentenció Jorge Molina, director de Aerolíneas por el grupo español, a La Política Online- Vamos a recurrir al CIADI”. Ante el Tribunal Internacional reclamarán entre 1.000 y 1.500 millones de dólares de indemnización.

“Es un organismo independiente que está en defensa de las inversiones españolas en Argentina”, se jacta Molina. Por ahora la empresa tiene a su equipo de abogados trabajando sobre en los caminos a seguir, pero ya se habla de una posible contratación al estudio norteamericano King y Spaldny, que ganó la mitad de los juicios que hizo contra la Argentina en el CIADI.

El martes pasado, la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, recomendó al Poder Ejecutivo la expropiación de Aerolíneas Argentinas, Austral y el resto de las empresas controladas cuando supo que el presidente de la compañía había dejado un escrito en el que rechazaba la valuación negativa de 2.500 millones de pesos realizada por la Auditoría General de la Nación y no aceptaba que el precio de venta fuera de un peso.

“Nosotros firmamos un acuerdo para vender la compañía, no para regalarla”, se indignó Molina. "De ninguna manera el Congreso puede fijar en qué monto el grupo Marsans tiene que vender las compañías", conluyó terminante.

El Acta acuerdo

El 17 de julio, el ministro de Planificación Julio De Vido firmó un Acta Acuerdo con los dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, donde los españoles se comprometían a vender sus acciones en Aerolíneas. Para ello, establecía que cada uno por su lado, valuarían las empresas. Si no había acuerdo en el precio, se haría una tercera valuación, inapelable. Y no lo hicieron.

Mientras tanto, el Estado argentino se hace cargo de las operaciones –por las que ya desembolsó 1070 millones de pesos-y dejó la conducción de la empresa en manos del ex intendente de La Plata Julio Halak.

De parte del gobierno argentino, el Tribunal de Tasación dictaminó que ambas aerolíneas tienen un patrimonio neto negativo de 832 millones de dólares. Y en la misma sintonía se expresó la Auditoría General de la Nación, que dictaminó que las compañías tienen un pasivo de 2540 millones de pesos.

Estas dos cifras chocan de frente con la que realizó el banco Credit Suisse, que las tasó entre 330 y 540 millones de dólares. Una diferencia sustancial.

Según Molina hay un claro objetivo de parte del gobierno argentino: expropiar la empresa y no pagar nada a cambio. El ejecutivo le describió a La Política Online la manera en que la Comisión Bicameral manejó las discusiones sobre el precio. “Ha llamado al tribunal de Tasación y a la Auditoría General de la Nación de manera imparcial para conocer la valuación y los métodos que se utilizaron para llegar a esas cifras, pero dejó afuera a Marsans y al banco Credit Suisse. Los dictaminó como válidos y nos invitó el martes para que nosotros dijéramos si estábamos de acuerdo o no con el valor que habían determinado –explicó- Algo que ya habíamos manifestado en reiteradas oportunidades al ministro Julio De Vido. No estábamos de acuerdo ni en la valoración, ni el método de trabajo”.

El directivo del grupo español explicó que las valuaciones de compañías como Aerolíneas y Austral se calculan con los movimientos de flujo a futuro. O sea, el negocio que se espera que se tenga. “Ellos evaluaron el activo vs pasivo”, se quejó.

El tercero en discordia

Desde el grupo Marsans se planteó recurrir a un tercer valuador, como lo establecía el acta acuerdo, pero De Vido lo desechó de raíz. “El Congreso es quien tiene la última palabra”, recalcó el fubncionario la semana pasada.

Es que los funcionarios kirchneristas consideran que Marsans incumplió con el acuerdo pactado por lo que no están obligados a llamar a un tercer tasador.

Para enfrentarse a esta medida, también están preparando un contragolpe. "Vamos a presentar ante la Justicia una declaración de certeza sobre la vigencia del Acta Acuerdo firmada con el Gobierno", anticipó Molina. De esta manera, buscan que De Vido responda si ese convenio continúa en pie.

Desde el grupo español insisten en que el Acta está vigente y por tanto hay que ir a la tercera valuación de la empresa.

"Si su valuación está bien hecha, ¿por qué no quieren ir a la tercera?", cuestionó Molina.