La decisión de estatizar los fondos de las AFJP que anunciará la presidenta Cristina Kirchner esta tarde podría traer una avalancha de juicios contra el Estado.

El abogado Fabián Bergenfeld, integrante de la Asociación Civil para la Defensa Ciudadana, adelantó que van a aconsejar a los afiliados a las administradoras privadas para que presenten amparos individuales contra el Gobierno con el fin de declarar la inconstitucionalidad de esta norma porque afectaría el derecho de propiedad y de la libre elección de los aportantes. “Los afiliados a las AFJP están legitimados para actuar porque ven directamente lesionados sus derechos -explicó- y esto traerá juicios millonarios contra el Estado”.

¿De cuánto estamos hablando?

Todavía no se puede saber, pero serán juicio millonarios.

¿Cuáles serían los pasos a seguir para un afiliado al régimen privado que no quiere volver al reparto?

Lo primero que podrán hacer los afiliados a las AFJP es presentar un recurso de amparo en lo contencioso administrativo por uso confiscatorio. Pero después también pueden pedir una rendición de cuentas a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Es un derecho que tienen los aportantes para que estas empresas les expliquen cómo actuaron y por qué invirtieron su dinero, donde lo hicieron. Y esto terminaría involucrando al Estado.

¿Por qué?

Porque los obligó a comprar bonos ajustados por CER, les exigió a renunciar a los juicios ganados en primera y segunda instancia contra el Estado por el megacanje implementando por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Con la compra de bonos…

Las AFJP obtuvieron fallos favorables en los Tribunales de primera instancia y en la Cámara de Apelación, pero durante el gobierno de Néstor Kirchner se vieron obligados a renunciar a estos resultados y les impusieron la compra de bonos ajustables por CER, un coeficiente que se establece a través de la inflación. O sea, que a esta medida unilateral hay que sumarle que se trata de un ajuste sobre un índice completamente manipulado y distorsionado por la secretaría de Comercio Interior del mismo Gobierno que les entregaba los bonos. Por eso, si el afiliado le pide explicaciones a las AFJP, esa solicitud terminará recayendo en el Estado que más que permitirles administrar, les imponía medidas. Ahora el agravante es que esta confiscación es definitiva.

¿Por qué lo define como una confiscación definitiva?

Porque con una decisión del Gobierno, viene el Estado y le quita los depósitos de toda una vida a la gente. Esto vulnera el derecho a la propiedad y a la libertad de elección, ya que se pasa por encima de una ley que se sancionó el año pasado, donde se establecía que los trabajadores podían elegir hacia dónde derivaban sus aportes. Y ahora, con esta estatización de los fondos, ya no tienen individualizado a dónde está su plata, sino que cae en un pozo ciego.

Y el Gobierno termina concentrando en sus manos los bonos…

El Estado que es deudor de los afiliados porque sus administradoras compraron los títulos públicos, termina teniendo en sus esos mismos bonos. Se convierte en acreedor y deudor al mismo tiempo.

Ha trascendido que estos fondos se utilizarán para el pago de deuda, ¿qué garantía tienen quienes aportan que su plata vaya a los fondos para las jubilaciones presentes y futuras?

Ninguna. Esto es peor que cuando fue el megacanje de Cavallo. En ese momento, por lo menos, las jubilaciones estuvieron garantizadas por el impuesto al cheque, pero ¿cuál es la garantía que va a dar el Gobierno ahora?. Ninguna.  Esto es un manotazo de ahogado para hacer caja para el año que viene. En 2009 tienen que pagar vencimientos de deuda y estará en pleno proceso electoral. Cuando ya no pudieron acceder a los préstamos del exterior, no pudieron obtener la recaudación de las exportaciones que prendían con la resolución 125, y los créditos de venezuela se les cerraron, más allá de la exorbitante tasa de interés del 15 por ciento que exigía, la gestión de Kirchner, busca tener bajo su órbita los 12.000 millones de pesos que hay en este momento en los fondos de las AFJP. Esta medida se contradice con la última ley aprobada hace un año que establecía la elección de entre el régimen de reparto y el privado.