Recién empezaba la mañana, cuando los habituales voceros oficiales, se encargaron de “difundir” una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan contra las principales AFJP del sistema, por presunta administración fraudulenta a raíz de la supuesta liquidación de bonos del Estado que habrían realizado ayer.

La jugada era bastante obvia, demonizar un poco más a las AFJP para ir calentando el ambiente para el anuncio de estatización que iba a hacer la Presidenta en pocas horas, y en la medida de lo posible, parar las operaciones en el mercado que continúan arrojando un desplome de los bonos a niveles de default.

Así las cosas, la celerísima denuncia de Marijuan –que también se desempeña como titular de la unidad fiscal de la ANSES- se basó apenas en las informaciones periodísticas publicadas esta mañana por los diarios Ambito Financiero y Página 12 sobre la presunta liquidación de bonos de las AFJP. O sea, luego de desayunar leyendo los diarios, el fiscal no dudó un segundo y se metió en un tema complejísimo como el mercado y pidió su regulación manu militari y de inmediato, vía una medida de no innovar.

Las empresas denunciadas fueron "Arauca Bit", "Consolidar", "Profesión Auge", "Futura", "Previsol", "Maxima", "Met", "Nación", "Orígenes", y "Unidos".

Hagase su voluntad

Rápido, el juez federal Claudio Bonadio concedió esta misma tarde la medida solicitada –un recurso de no innovar-, y prohibió por siete días hábiles a las Afjp vender los bonos que posean.

"En el día de la fecha se ha decretado la prohibición de no innovar a las AFJP (...) para que se abstengan de efectuar, a partir del día de la fecha y por el término de siete días hábiles, operaciones financieras, bursátiles, bancarias, comerciales y/o cualquier operación que tenga por objeto el traspaso o disposición de los fondos que administran, sea que estén radicados en el país o en el exterior", dice la resolución que envió Bonadío a las AFJP y al Mercado de Valores de Buenos Aires.

Insólitamente, en su presentación fiscal Marijuán, no trepidó incluso en ponerse a argumentar sobre la estatización kirchnerista, a la que defendió casi tan bien como los propios funcionarios.

"El nivel de títulos públicos que tienen las AFJP (cerca del 60 por ciento) se convirtió en 'un régimen de reparto caro, donde el Estado paga altas tasas de interés y los particulares grandes comisiones", sostuvo el fiscal en su pronunciamiento, que muy bien podría haber suscripto la presidenta Cristina Kirchner.

Según Marijuán, si se permitiera a las AFJP seguir operando en estas condiciones, se podría estar provocando "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado Nacional".

"No puede descartarse que las AFJP hayan efectuado ventas de sus activos en la Bolsas de Valores y Mercado de Capitales provocando una importante y considerable caída de los precios debido a una inmensa e innecesaria oferta de títulos", agregó.

Y señaló que las AFJP podrían "haber efectuado operaciones financieras en claro detrimento de los intereses de sus afiliados, dilapidando los fondos en clara violación a las disposiciones legales vigentes".

También se preguntó si "puede considerarse una inversión o un acto de administración la acción común desplegada por varias sociedades privadas y distintas en pos de liquidar sus posiciones a cualquier costo, cuando ya sabían que había una decisión estatal de absorberlas".

En consecuencia, Marijuán solicitó a Bonadío, en quien recayó la denuncia, que investigue la actuación de los titulares de las AFJP y que disponga una medida de no innovar de cara a que las gestoras "se abstengan de efectuar operaciones financieras de los fondos que administran".

También solicitó que se requiera al mercado de valores "la totalidad de las operaciones financieras realizadas por las Administradoras en los últimos siete días", así como que allane las oficinas de las AFJP en busca de "la prueba documental de interés para la pesquisa".

Sin perder tiempo, Bonadío congeló las operaciones "financieras, bursátiles, bancarias y/o, comerciales" o cualquiera que pueda vender los fondos que administran.

Así las cosas, el “modelo” económico kirchnerista ensaya una nueva originalidad: si el mercado viene mal, metamos un recurso judicial para pararlo.