Por Catalina Vázquez y Juan Darune

El forzado kirchnerista Alfredo Coto, tendría en su pasado inmediato algunas poderosas razones para explicar el esfuerzo diario que realiza para evitar por parte del actual gobierno el mínimo fastidio, ya que de ocurrir esto, en la Casa Rosada con facilidad podrían empezar a preguntarse sobre los negocios inmobiliarios con tierras del Estado que tanto lo beneficiaron en la década pasada.

La Política Online presentará a continuación una investigación especial sobre el lado oscuro de uno de los empresarios más poderosos de la Argentina.

La Tierra Prometida

La repetida discrecionalidad en el manejo de tierras del Estado pusieron en evidencia a lo largo de esta investigación, un modus operandi que permitió la transferencia de costosas propiedades estatales ubicadas en el municipio de La Matanza, al empresario Alfredo Coto, y la consecuente "bonificación" de quienes hicieron posible el traspaso.

Los vértices del triángulo fueron, entonces, por un lado el Estado menemista entre el 95 y el 99, por el otro el empresario Alfredo Coto, representado por la empresa Gepal S.A, y por último los intermediarios que facilitaron el traspaso: en el primer caso el sindicato que agrupa al Personal Civil de la Nación (UPCN), en el segundo, el Obispado de San Justo, del partido de La Matanza.

En su sentido amplio la corrupción supone el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común. En los casos que siguen, el aprovechamiento ocurre en la más absoluta legalidad: escrituras, boletos de compra venta, intermediarios con nombre y apellido y hasta carteles con anuncios, son los documentos que enmascararon estos ilegítimos negociados.

El caso UPCN

El sindicato que agrupa al personal civil de la nación (UPCN), a través de su obra social OSPCN, recibió el 13 de diciembre de 1995 la donación de un predio estatal de 29 hectáreas, ubicadas en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, a la altura del kilómetro 21 de la Ruta Nacional Nº 3, partido de La Matanza.

Aunque el traspaso fue realizado con el cargo de disponer el terreno para la prestación asistencial de sus afiliados, a tan sólo dos meses de la formalización de la donación del bien - en febrero de 1996- la Obra Social hipotecó el predio y se lo vendió a la empresa Sol Inversiones S.A. Casi un año más tarde, esta empresa le vendió el mismo predio a otra de nombre GEPAL S.A, propiedad de Alfredo Coto.

El terreno en cuestión, era propiedad del Estado nacional y lo usaba el Instituto de Obra Social (IOS) como centro polideportivo para las actividades de recreación de sus afiliados. La donación se realizó cumpliendo todos los pasos burocráticos previos.

Primero se conformó una comisión, integrada por la Obra Social sindical, UPCN, el Ministerio de Salud y Acción Social y la Dirección Nacional de Bienes del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, que redactó un informe para dejar sentado que el IOS usaba el predio para "el disfrute de sus afiliados" y se determinó que el inmueble fuese transferido a "título gratuito" a la OSPCN, con el cargo de continuar destinando el terreno al mismo uso.

Ratificando lo actuado por esta heterogénea comisión, el Poder Ejecutivo a cargo de Carlos Saúl Menem, emitió el decreto número 622, el 7 de junio de 1996, firmado por el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, el ministro de Salud y Acción Social, Alberto Mazza y el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

El terreno se escrituró el 15 de julio de 1997 a nombre de la OSPCN y dos meses más tarde, el 18 de septiembre, se efectuó el cambio de denominación de la titularidad del predio a favor de la OSPCN. Ese mismo día, por la misma escritura y ante la misma escribanía, se hipotecó el bien a favor de la Obra Social en 3 millones de dólares. Y también ese mismo día y en el mismo acto, los "representantes" de los trabajadores del Estado le vendieron las 29 hectáreas a la empresa "Sol Inversiones S.A".

Acaso para despejar toda duda sobre lo oportuno de la inversión, Sol Inversiones contrajo una nueva deuda por hipoteca de 6 millones de dólares, el 8 de julio de 1998, según la escritura número 224, firmada ante el escribano José M.R. Orelle -el escribano del hipermercadista-, momento en el que el inmueble fue vendido definitivamente a GEPAL S.A, propiedad, de Coto.

En el informe redactado años antes por la comisión, se establecía entre otros puntos que los bienes que componían el patrimonio de la Obra Social se transferían "no ofreciendo duda alguna que dicha transferencia se realiza con el fin de asegurar a la nueva Obra Social Sindical la posibilidad de continuar con las prestaciones a su cargo, mínimamente, de la forma en que se estaban desarrollando".

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En el mismo informe también se dejó asentado que: "Si bien la transferencia de bienes no incluyen reserva o condición alguna, sí existe una condición implícita, que es su afectación a la prestación de los servicios médicos asistenciales a su cargo".

Pese a estas resoluciones, el cargo de la donación no fue cumplido y los afiliados de UPCN deben conformarse con ver en el predio que les pertenece, los andamios ya dispuestos para construir un "moderno centro comercial de última generación", según reza el gran cartel apostado delante del predio, a la vera de la ruta tres, con el logo de Coto.

El caso Obispado de San Justo

El 4 de enero de 1999 -finales del gobierno de Carlos Menem- por ley 25.060 el Estado Nacional le dona al Obispado de San Justo un predio de quince hectáreas, ubicadas en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza. La cesión fue realizada con cargo de destinar el predio a la construcción de viviendas económicas, para la población de limitados y medianos recursos.

Sin embargo, a tan sólo unos días de recibir la donación, Monseñor Jorge Arturo Meinvielle decide vender las tierras al empresario Alfredo Coto, en un millón seiscientos mil dólares, además de una gratificación mensual de cinco mil dólares pagaderos en cash al propio Obispo. El cargo nunca fue cumplido y la especulación inmobiliaria se convirtió en el verdadero negocio de la triangulación de estas tierras, hoy valuadas en cerca de 20 millones de dólares.

El proyecto de Ley ingresó en la Cámara de Senadores el 21 de noviembre de 1997, pero fue sancionado definitivamente -tras su aprobación en Diputados- el 26 de noviembre de 1998. El Poder Ejecutivo la promulgó el 4 de enero del 99, con las firmas de los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alberto Pierri y Eduardo Menem, respectivamente y el texto fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero del mismo año.

Casualmente el autor de dicho proyecto fue el ex - senador del PJ por la provincia de Mendoza, Eduardo Bauzá, hombre de confianza del ex presidente. En los fundamentos, Bauzá aseguraba que con esta donación de tierra "el Obispado de San Justo contribuirá a paliar en parte el déficit habitacional de la zona, creará mano de obra genuina, colaborando en la merma del índice de desocupación que aqueja a nuestro país y seguirá brindando su atención espiritual a la comunidad que cobija".

Llamativamente el proyecto fue aprobado en una de esas sesiones maratónicas de fin de año en las que se votan paquetes enteros a mano alzada y sin mayor revisión. Aunque resultaba evidente que el obispado de San Justo, en tanto expresión de la Iglesia argentina, nada tenía que ver con una empresa constructora ni era capaz de enfrentar semejante cargo, a nadie pareció importarle.

Tampoco llamó la atención que el cargo dispuesto en la norma no contemplara un plazo de cumplimiento efectivo, ni que el bien haya pasado formalmente a manos de la Iglesia tan solo un mes después de su publicación en el Boletín Oficial.

Nunca en la historia del mercado inmobiliario una operación se realizó de manera tan eficiente: a tan sólo siete días de la escrituración del bien a nombre del Obispado, el 17 de febrero, el mismísimo monseñor Jorge Arturo Meinvielle y don Alfredo Coto, firmaron un boleto de compra-venta sobre el mismo inmueble. Nueve meses más tarde, el 2 de noviembre del 99, Menvielle vendió definitivamente el predio a la empresa GEPAL S.A., firma que pertenece como es sabido, a Coto, de acuerdo a la escritura firmada por el ya mentado escribano Dr. José M. R. Orelle .

A la fecha, la empresa propietaria de las tierras, GEPAL S.A, no cumplió con el cargo y ningún funcionario de las áreas de control del Estado ha intervenido. Evidentemente, por la proximidad de las fechas, tanto los promotores de la donación como sus favorecidos directos -el Obispado- e indirectos -GEPAL S.A./COTO-, actuaron en complicidad y se beneficiaron mutuamente. Sin duda, perdieron los mismos de siempre, los sectores de "la población con bajos recursos", que aún esperan las viviendas económicas.

La diputada santafesina Alicia Tate, secretaria general del Bloque Radical, presentó este año un proyecto de Ley para revocar la donación, explicando en sus fundamentos que "no se construyó en el lugar ni una sola vivienda en las 15 hectáreas, valuadas hoy en el mercado inmobiliario en cerca de 20 millones de dólares, que pasaron a manos de GEPAL S.A., empresa de Alfredo Coto, a tan sólo 10 días de firmada la escritura de donación". "Los hechos se encadenaron tan velozmente que hasta el más despistado tendría preguntas para hacer al respecto", afirmó la diputada santafesina.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los bloques del ARI y del Socialismo y lo firman los diputados nacionales Fernando Chironi (UCR, Río Negro), Elisa Carrió, Eduardo Macaluse y Marcela Rodríguez (ARI, Capital), Eduardo Di pollina (PS, Capital), Patricia Panzoni (UCR, Buenos Aires), Susana García (ARI, Santa Fe) y Laura Sesma. (PS, Córdoba).

Por su parte, desde el Arzobispado de Buenos Aires, manifestaron que se debe "mantener distancia de los años de corrupción" y avalaron las investigaciones "del caso de Coto y el Obispado de San Justo".