Horacio Rodríguez Larreta, futuro jefe de Gabinete de Mauricio Macri, anunció días atrás una medida que pasó por alto en la agenda mediática pero que implica un conjunto de factores de extrema relevancia política y, sobre todo, financiera. Esto es el traspaso de todas las obras de urbanización de villas a la Corporación Sur.

Ésta fue creada en el año 2000 para promover el desarrollo económico y territorial de esa zona de la Capital, donde hoy vive un cuarto de la población porteña y donde se ubica el cordón social más desprotegido de la ciudad.

Hasta hoy, el tratamiento de villas y asentamientos estaba en manos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) –el cual pasará a su vez a estar bajo el control de la Jefatura de Gabinete y será comandado por Roberto Apelbaum, ex directivo de IRSA y del Banco Hipotecario-.

El IVC es uno de los organismos más cuestionados del ámbito porteño que alcanzó su pico de impugnaciones y manejos clientelísticos durante la gestión del destituido jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, y que obligó a su sucesor, Jorge Telerman a intervenirlo.

De allí que la decisión del macrismo a priori tiene su fundamento. Pero esto no es sólo una medida técnica. Por detrás se teje el traspaso de una millonaria suma, teniendo en cuenta que de las catorce villas que hoy se ubican en la ciudad, doce están en el sur. "El IVC manejará los programas que no tienen que ver con las villas, ya que hemos decidido unificar esa responsabilidad de trabajo en la Corporación Sur”, afirmó Larreta, mientras prometía la urbanización de las doce villas y la erradicación de varios asentamientos, entre ellos la denominada villa Rodrigo Bueno.

Las cifras en juego

El último informe del gobierno de Telerman había estimado que la urbanización de las 14 villas demandaría al Estado porteño unos 4650 millones de pesos. El estudio aseguraba que unos 3300 millones deberían destinarse a la construcción de viviendas nuevas; 206 millones serían necesarios para comprar terrenos; 263 millones se usarían para mejorar las casas existentes, y 881 millones deberían invertirse en infraestructura, como la apertura de calles, cloacas, desagües y otros servicios. Millones y millones que el macrismo mueve de las incontrolables arcas del IVC y los guarda en un bolsillo seguro.

Sin embargo, aparecería aquí un inconveniente. Fuentes de los altos cargos del IVC explicaron a La Política Online que el Instituto “tiene acordado con la Nación un financiamiento para el 2008 de 400 millones de pesos. Si quieren pasar eso a la Corporación Sur, tendrían que renegociar”.

Esto es más preocupante si se tiene en cuenta los últimos choques verbales y gruesas embestidas entre la Casa Rosada y el macrismo, por lo cual y a sabiendas de las ventajas que goza quien posee la “chequera”, no sería una negociación simple.

Ahí surgiría una segunda opción: la creación de una Unidad de Gestión Asociada. Ésta estaría manejada desde el IVC, con los fondos de la Nación, y desde allí serían enviados por línea directa a la Corporación Sur. “El Instituto financia y la Corporación ejecuta”, cerró el vocero del IVC.

Schiavoni y Yacyretá

Para manejar esta silla crítica y millonaria, Macri acudió al consejo de un hombre de su confianza, Ramón Puerta. “Macri desconfía de los políticos y cree en los técnicos, y más si son amigos. Por eso llama a sus ex compañeros del Newman y a su único amigo en la política, Puerta”, esbozó sonriente un dirigente cercano al presidente de Boca.

Ahí surgió el nombre de Humberto Schiavoni, ex ministro de Economía del misionero en su etapa como gobernador, pero más famoso por haber sido nombrado director ejecutivo de una de las obras donde se registraron mayores denuncias de corrupción, el Ente Binacional Yacyretá.

“Schiavoni es oficialmente conocido como un gran técnico y esta acostumbrado a manejar presupuestos millonarios. Políticamente sigue muy vinculado a Ramón Puerta”, explicó un allegado al ex gobernador misionero.

De todas maneras, Schiavoni no es un desconocido para Macri, ya que una de las empresas que pertenecía a ese grupo –la constructora Iecsa que recientemente Franco Macri transfirió a su sobrino Calcaterra-, ganó distintas licitaciones en el proceso de construcción de la represa.

Precisamente, en enero de 2005, un consorcio encabezado por Iecsa ganó la licitación para llevar adelante una de las obras pendientes de Yacyretá. Se trata de la tabicación y construcción de un cauce alternativo para el arroyo Aguapey, ubicado en territorio paraguayo, con un presupuesto que rondaría los 30 millones de dólares.

Esta es la obra que hoy inauguró Cristina Kirchner junto al presidente del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. La financiación llegó desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


Ahora, San Telmo, Barracas, Pompeya, Lugano y La Boca son algunos de los barrios que esperan la llegada de ladrillos y obreros dispuestos a avanzar con las obras que cubran las necesidades de este sector tan desprotegido. Más aún, las villas 1-11-14, la 21, la 20 o la Ramón Carrillo, ansiosas por paliar la crítica situación de vivienda que sufren desde hace años, ajenos al sutil entramado de la política.