El ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, adjudicó el lunes pasado el sobre uno de una de las licitaciones más importantes de la Ciudad. Nada menos que el mobiliario urbano, que consta de pantallas iluminadas, carapantallas y refugios de colectivos, entre otros dispositivos publicitarios.

Se trata de un negocio que factura unos 130 millones por año y la concesión es por los próximos 10 años. La noticia no motivó una voluntad de difusión por parte de las autoridades de Espacio Público, pese a su importancia.

El ministro Piccardo pudo adjudicar directamente esta licitación sin el obligatorio paso por la Legislatura, gracias a la ley 468 de Mobiliario Urbano, que le permitió en un trámite de dudosa constitucionalidad eludir ser discutido en la Legislatura. La Constitución porteña exige el control legislativo cuando la licitación supera los 5 años. En este caso es por una década.

La Política Online accedió a la calificación que obtuvieron las empresas que compitieron por este negocios que además otorga una gran capacidad política al dueño de la concesión, como lo demostró el propio secretario de Medios Enrique Albistur, que gracias a ser el actual concesionario de las carapantallas –los tradicionales cartelones verdes-, logró anudar sucesivas relaciones con Carlos Menem, Eduardo Duhalde y el matrimonio Kirchner, a quienes les pegó sus afiches de campaña.

La licitación

El gobierno porteño decidió modificar el esquema original que repartía el tipo de cartelería por empresa y pasar a una división de la Ciudad en tres zonas, que podría ampliarse a cuatro. En cada zona, el ganador tendrá paradas de colectivos, pantallas iluminadas y carapantallas.

El lunes se abrió el sobre uno que corresponde a la calificación de antecedentes de las empresas que concursan, lo que en rigor es una adjudicación, ya que el resultado de esta compulsa da el 80 por ciento de los puntos totales que se toman en cuenta para adjudicar.

En primer lugar se ubicó la firma Terranova, que en el mercado vinculan a Nicolás Caputo, un empresario cercano al jefe de Gobierno, Mauricio Macri. En segundo lugar apareció la empresa Viacart; luego Grupo al Sur de la familia de Albistur y en cuarto lugar PC. Las primeras tres tienen así asegurada su participación en el negocio, que podría ampliarse a PC, si finalmente se crea una cuarta zona.

Quedaron en el quinto y sexto lugar, y sin posibilidades de ingresar al negocio por la próxima década, las firmas Girola y Spinazzola, que actualmente tiene la concesión de las paradas de colectivos.

Las objeciones

En el mercado sorprendió que Terranova saliera primera en el concurso de antecedentes ya que esta empresa fue denunciada judicialmente. Ganó en primer instancia pero tuvo un fallo adverso en Cámara que golpeó al presidente y al vicepresidente de la compañía. Hoy la causa fue apelada a la Corte Suprema, y la firma habría contratado de abogado a Jacobo Grossman, amigo y ex socio del juez Eugenio Zaffaroni.

En esa causa se acusó a Terranova de presentar como antecedentes de concesiones ganadas en las ciudades de San Miguel de Tucumán o Mendoza, papeles apócrifos.

También se comenta en el mercado la irregularidad de adjudicar a Terranova, ya que el mismo pliego exige que las empresas competidoras tengas sede y origen nacional: Terranova tendría a más del 90 por ciento de su capital accionario radicado en el paraíso fiscal norteamericano de Delaware.

Mismos interrogantes causó la adjudicación de una de las zonas a la empresa Grupo al Sur de Enrique Albistur, que enfrenta por estas horas una investigación del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, por desvío ilegal de publicidad oficial a sus propias empresas.

En el mercado se interpretó que el eventual costo político que pagará Macri por entregarle un negocio a una empresa vinculada a un funcionario cuestionado como Albistur, fue una de las exigencias del “acuerdo de gobernabilidad” que en su momento selló con el jefe de Gabinete Alberto Fernández, jefe directo del secretario de Medios.

La licitación fantasma

Uno de los aspectos más graves de este proceso es que se licitó paralelamente y en el mayor de los secretos el contralor de la publicidad en vía pública. Esto es el control de la actividad de las empresas ganadoras, para que no coloquen más pantallas de las permitidas y para que paguen las tasas correspondientes.

La licitación al parecer se adjudicó a una firma, según comentan en el mercado, vinculada a Terranova y Nicolás Caputo, y se adjudicó pese a que hubo un solo oferente. La Constitución porteña obliga a abrir una nueva licitación cuando se presenta un sólo oferente.

“Esto es como poner al zorro a cuidar las gallinas”, graficó un empresario del sector a La Política Online. Se entiende la suspicacia, si se comprobara la relación del ganador del contralor con Terranova, porque esta firma estaría controlándose a si misma.

No se trata además de un negocio menor. Si se tiene en cuenta que el 75 por ciento de la publicidad actual que inunda la vía pública no cuenta con respaldo legal, se calcula que una vez blanqueados los circuitos, la recaudación de las tasas podría sumar un negocio de 70 millones por año. La licitación es por 5 años.

El concurso que no fue

Un problema adicional que enfrenta esta licitación tiene que ver con las características físicas que tendrá el nuevo mobiliario de la Ciudad. Sobre el final del gobierno de Aníbal Ibarra se convocó a un concurso, organizado por el Colegio Central de Arquitectos, para que diseñe el mobiliario, en base a lo dispuesto por una ley de la Legislatura. La idea era que el ganador de la licitación debía implementar el diseño previamente acordado. El ganador del concurso, que le costó a la Ciudad unos cuantos pesos, fue el estudio de la diseñadora Diana Cabezas.

Piccardo habría resuelto no aplicar este diseño, lo que le podría provocar problemas jurídicos a la licitación, ya que esa decisión no cuenta con el respaldo de una ley que anule la que impuso el concurso de diseño.

La única buena noticia que este proceso promete es la redacción de un nuevo Código de Publicidad que elimina numerosas e ilegales formas de publicidad que hoy contaminan la ciudad, como los avisos que se colocan en los frentes de las obras, los cartelones de las autopistas y otra serie de irregularidades.

“Aquí se decidió concentrar el negocio en tres o cuatro manos y valorizar al máximo las zonas concesionadas”, concluyó un empresario con largos años en el sector.