Córdoba estalló. La decisión del Poder Ejecutivo de reforma provisional que implica un recorte a los haberes superiores a 5 mil pesos derivó en un estallido social con marchas y protestas violentas con heridos y detenidos. Detrás de esa reforma, se esconde una dura puja política entre el delasotismo y el kirchnerismo. Una puja por 2.000 millones de pesos, o más.

La decisión del gobernador Juan Schiaretti de recortar las jubilaciones responde a una incapacidad financiera de Córdoba a haber frente al déficit provisional. Él mismo reclama una deuda de la Nación con la provincia, situación que adjudica a la posición que tuvo Córdoba en discrepancia con la Casa Rosada por el manejo del conflicto con el campo. El propio Schiaretti, lo llama “discriminación”.

Atrás quedaron los tiempos donde el mandatario local coqueteó con el kirchnerismo, incluso llevando a Cristina Kirchner en su boleta contra Luís Juez, sin distanciarse de su jefe político, su antecesor José Manuel de la Sota. Hoy, Córdoba denuncia el sufrimiento de vivir como varias provincias de la Argentina, a expensas de la “chequera” de la Casa Rosada, como suelen explicar desde la oposición.

Lo paradójico, es que aunque desde hace meses el tema de la deuda de la Nación con Córdoba por no enviar la diferencia de ese déficit provisional como marca la ley, en estos días el gobierno salió rotundamente a desmentir la existencia de esa deuda.

“La Nación no le debe dinero a Córdoba” fue la rotunda frase elegida por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, vocero oficial del gobierno en este conflicto. Pero no sólo negó la deuda, que según documentación obtenida por La Política Online está confirmada, sino que además acusó sin mencionarlo a De la Sota, al aseverar que “Córdoba es una provincia que ha sido pésimamente administrada". De paso, descartó que la provincia bajo la gestión de Schiaretti haya sido "discriminada" por la Nación.

Randazzo, igualmente, pecó de inocente. En la misma nota para Cadena 3 donde desmentía la deuda reconoció que “la incidencia que hoy tienen los recursos nacionales sobre los recursos provinciales, es mucho más importante que la que tenía hace un tiempo atrás”. Es decir, no hizo otra cosa que admitir que el caos social que se levantó en la provincia mediterránea tiene origen en la falta de envio de fondos del Tesoro Nacional.

Acuerdo de números

Mucho se especuló con las cifras. En primera instancia, se habló de 1.600 millones de pesos correspondientes a la cobertura que el Estadio nacional debe hacer del régimen jubilatorio cordobés, aunque luego la cifra se ubicó en 1.200 millones.

Para clarificar esto, La Política Online accedió en exclusiva a los números internos del gobierno de Córdoba, los cuáles fueron entregados por una fuente de roce directo con la gobernación –y la ex gobernación- a los que clasificó además –y como se dice en la jerga de la inteligencia secreta- como información “A1”.

Este preciso detalle comienza por explicar que allá por el año 2002, la Provincia firma con la Nación el “Convenio para la Armonización del Sistema provisional de la Provincia de Córdoba” tomando como base la ley 25.235 (ratificatoria del Compromiso Federal firmado en 1999).

Paradójicamente, ese compromiso, firmado por todos los gobernadores de esa época, como el propio Néstor Kirchner, De la Sota, Jorge Sobisch, Carlos Reutemann, Eduardo Fellner o Adolfo Rodríguez Saá, se firmó para “evitar las distorsiones y efectos adversos en la producción y el empleo que generan el alto nivel de endeudamiento del conjunto del sector público”.

Según el texto del convenio entre la Nación y Córdoba, se establece “el compromiso de la Nación a cubrir los déficit del sistema previsional provincial (cláusula 2)”;”El compromiso de la Provincia a armonizar reglas de funcionamiento del sistema (cláusula 3)”; “La autorización a que la Provincia establezca un régimen de retiros anticipados (cláusula 11); o ola “La realización de auditorias periódicas a cargo de la ANSES (cláusula 6)”.

La verdadera deuda

LA información recogida por este medio advierte que la Ases realizó sucesivas auditorias. La última notificada a la Provincia fue realizada en el año 2007 y verifica el desarrollo del Convenio hasta diciembre del 2006. “Esta auditoria dictaminó que la Nación tiene una deuda con la Provincia por déficit no compensados hasta diciembre del 2006 de $552.7 millones. Esta deuda sigue pendiente de cancelación”, explica.

Además, advierte que “en ninguna de las auditorias se plantearon objeciones a las políticas previsionales de la Provincia; es decir que hubo una plana convalidación sobre la aplicación del Convenio”.

Y continúa el detalle: “Durante mayo del 2008 Anses trabajó en la auditoria del 2007 y proyecciones del déficit para el 2008. Según la documentación de la ANSES la deuda adicional de la Nación es de $278.3 millones en el año 2007 y $737.6 para el año 2008”. Sin embargo, estas estimaciones no fueron convalidadas por la Provincia que considera que la deuda pendiente en el 2007 es de $667.2 millones y $1.454.6 millones en el 2008.

En síntesis, si a la deuda ya reconocida por la Nación de 552,7 millones se le suman las estimaciones para el 2007 y 2008 se llega como deuda total al 31 de diciembre del 2008 los siguientes montos: 1568.7 millones para la Anses; 2674.6 millones según la contaduría de la provincia.

Otros rojos

Pero no sólo por el déficit jubilatorio es el castigo que denuncia Schiaretti por parte de la Nación. El documento entregado a La Política Online entrega además detalles de deudas en otros sectores.

Entre estos figuran, en el sector Salud, “La suspensión de los desembolso por el PROFE desde febrero del 2008”, que implican una deuda de $5.5 millones; y “La deuda por suspender durante 4 meses del Programa de Médicos Comunitarios implica una deuda de $392 mil”. En lo concerniente a Obras Públicas, “en materia de vivienda la Nación debe $121 millones por compromisos firmados y $50 millones por anticipos Plan Federal II”; y por Vialidad “existen compromisos firmados y no cumplidos por $152 millones”. Por último, “están pendientes de pago las cuotas de mayo, junio y julio de 2008 del PAF por $99 millones”.

Sin lugar a dudas, un ahogo financiero que echaría por tierra hasta el más eficiente de los administradores en la más rica de las provincias. Un ahogo que se repite o se retira, de acuerdo a la fidelidad que se muestre al sello K.