Hablamos de la gestión ambiental cuando nos referimos a un conjunto de acciones conducentes al desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social. En esta línea de entendimiento se ubica la economía circular basada en la gestión integral de los residuos a través de las 3R (reducir, reciclar, reutilizar), donde la idea subyacente es transformar el actual flujo lineal de los materiales (recurso-producto-residuos) en uno circular (recurso-producto-recurso reciclado).

Argentina carece de políticas de estado que garanticen avanzar en este sentido. En el Congreso duermen proyectos legislativos como la Ley de Envases o la de Responsabilidad Extendida del Productor y la Legislatura porteña viene de sancionar el año pasado la Ley ° 5966, modificando sustancialmente la Ley de Basura Cero e introduciendo el concepto de "termovalorización" en el sistema de disposición final de los residuos, sin dar cuenta cierta de cómo se garantiza una economía circular en la que los desechos que son recuperables y tienen valor se reciclen y no se incineren.

En este orden de cosas, el pasado 26 de agosto el Presidente Macri firmó el decreto 591/2019, que modifica una reglamentación de 1992 referida al ingreso de todo tipo de residuos, especialmente los peligrosos. Alegando que la norma había quedado desactualizada, ahora se permitirá importar "sustancias u objetos" de otros países sin certificado de inocuidad, obtenidos a partir de la valorización de residuos y que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un "mercado o demanda" específica.

Voceros del gobierno sostienen que era necesario adecuarse a un nuevo contexto mundial donde muchos países ya no emiten certificados de inocuidad y en la Argentina el ingreso de los residuos potencialmente necesarios como recursos para la producción se complicaba. La actualización busca flexibilizar la importación de ciertos materiales que utiliza la industria doméstica (desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa, la chatarra de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio, entre otros) como insumos.

Sin embargo, nosotros no sólo disponemos de un excedente de material reciclable que termina en los rellenos sanitarios, sino que a partir de ahora corremos el riesgo de ingresar residuos peligrosos, o cuyo reciclado sea imposible o se vea dificultado por estar mezclados y contaminados con alimentos y suciedad.

Además, la medida implica un contrasentido a la tendencia mundial donde justamente los países vienen aumentando los controles con el fin de restringir el ingreso de residuos provenientes del exterior. Simultáneamente, responde a la creciente demanda de nuevos mercados abriendo sus puertas como posible destino para recibir la basura generada por las grandes potencias del hemisferio norte, que no saben qué hacer con sus desechos.

Esto supone un retroceso en derechos ambientales ya adquiridos y consagrados por la Constitución Nacional (art. 41 "... prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos"), pero además resulta en importantes perjuicios en un contexto de la grave crisis socio-económica que vivimos.

Según las mediciones de la UCA, la pobreza aumentó en Argentina del 26.6% en 2017 al 31.3% en el 2018 y para fin de 2019 se ubicaría en mínimo 35%, considerando las devaluaciones recientes. En el último año, se sumaron 3.6 millones de pobres y 1 millón de indigentes, dejando un saldo lamentable de 14 millones de personas bajo la línea de pobreza (entre ellos: 2.9 millones son indigentes). Mientras tanto, en 2018 un 49,3% de la población económicamente activa del país pasó a estar en situación precaria.

En medio de esta crisis de profunda de desocupación y altísimos índices de pobreza, la basura importada cobra una mayor complejidad: Alrededor de 150 mil cartoneros/as trabajan y viven gracias a los desechos que se generan en nuestro país. Las estimaciones calculan que cada cartonero/a recolecta entre 80 y 100 kg/día de las 40 mil toneladas de basura mensuales que generamos en la Argentina.

Con la posibilidad que abre el decreto presidencial de importar estos materiales, el gobierno beneficia a las grandes empresas, bajando el costo de los materiales requeridos para sus procesos productivos con el consecuente perjuicio directo para quienes encontraron en la recolección y venta de material reciclable el medio de subsistencia para sus familias.

La problemática de los residuos requiere un enfoque multidimensional en materia económica, ambiental y social. Las políticas de reciclado que se implementen sin inclusión social no aportan soluciones integrales.