El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -desde el programa Justicia 2020- nos invita a reflexionar sobre el rol de la ética profesional, un potente motor para repensar los marcos de acción y los itinerarios formativos de los profesionales del Derecho. El impulso a la creación de ámbitos de encuentro y debate materializó numerosas iniciativas que apuntan a poner en la agenda académica, pública y parlamentaria la necesidad de contar con operadores jurídicos al servicio de sociedades más justas y democráticas.

La diversidad de roles y ámbitos de práctica que habilita el campo de las ciencias jurídicas no debe ser un impedimento para pensar los problemas y desafíos comunes que impone nuestro tiempo. Sumar nuestras voces y voluntades en torno a la discusión de las destrezas y habilidades requeridas para mejorar el estado del Derecho es un compromiso ético, profesional y político que no podemos desconocer, mucho menos, todos aquellos que ejercemos la función pública.

LPO DAILY

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Reconocer que existe cierta molestia y desconfianza ciudadana sobre el accionar de los poderes públicos es el punto de partida para responder de modo satisfactorio a las demandas de la comunidad -por cierto válidas y legítimas- de contar con instituciones cercanas, modernas, comprensibles, transparentes e independientes. Mejorar su desempeño democrático debe seguir siendo una experiencia viva y exigente en la cual tenemos que enfocar nuestros mayores esfuerzos.

En este camino se encuentra la provincia de Buenos Aires, preparada para recibir en la ciudad de La Plata el 2do Encuentro Nacional de Ética: "La ética como pilar en la formación y práctica de las profesiones jurídicas", a realizarse el próximo viernes 14 de diciembre en el Anexo del Honorable Senado bonaerense. Participar de la organización junto con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es un gran desafío porque demuestra cuán enraizada está la temática en la agenda gubernamental.

Juristas, magistrados, funcionarios públicos, abogados e instituciones profesionales debatirán sobre la ética judicial, la ética en el ejercicio de la abogacía, el rol de los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados y la ética de la función pública. Estos ejes serán disparadores para construir de forma colectiva ideas y estrategias para perfeccionar una profesión de interés público que, sin dudas, cumple un rol institucional fundamental para la democracia constitucional y la persecución del bien común.

Contar con un espacio para abordar críticamente los dilemas éticos que nos plantea el ejercicio de nuestra profesión es una oportunidad para poner en común aquellas situaciones que pueden suscitar algún tipo de duda sobre su legalidad, desatar conflictos de intereses o configurar delitos.

Pero también es fundamental comprender que la existencia de leyes y códigos de ética no garantizan, por sí solos, la erradicación de comportamientos antiéticos. El comportamiento ético, en esencia, interpela a los individuos a hacer lo correcto, lo esperado, lo que se supone que está bien y deposita en cada uno de nosotros la responsabilidad de decidir actuar con probidad o no.

Esa elección no se toma libre de ataduras sino que operan condicionamientos institucionales, sociales, políticos y culturales marcados por cada momento histórico. No obstante, mucho puede aportar la existencia o no de un clima ético, de programas de cumplimiento (o de compliance) y de organismos de juzgamiento disciplinar que tracen las coordenadas de actuación posibles y esperadas.

Hilvanar las ideas, propuestas, acciones y experiencias de los operadores jurídicos nos ayudará a vislumbrar el Derecho como un campo de intervención crítico del cual esperar profesionales más confiables y comprometidos. Ojalá que el 2do Encuentro Nacional de Ética nos brinde una hoja de ruta para arribar a este objetivo.