Trabajo
Mariano Ferreyra, a 10 años de su crimen
Por Néstor Pitrola
Sus reclamos, una década después, siguen tan vigentes como el día de su muerte. Dos cambios de gobierno y los jóvenes tienen incluso más dificultades para el acceso al trabajo digno.

Los diez años transcurridos desde el asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, nos permiten ver el alcance histórico de su lucha. Entre 2010 y 2020 hubo un segundo mandato de Cristina Fernández, luego gobernó el macrismo; ahora, volvió el peronismo al poder con el gobierno de Alberto Fernández. Durante los tres mandatos los problemas que se pusieron de relieve con el crimen de Mariano Ferreyra y que rodearon su crimen siguieron vigentes.

En lo que respecta a la situación de la juventud, cuyas condiciones de trabajo precarias enfrentaba Mariano y peleaba por su pase a planta, los números indican que seis de cada diez jóvenes en Argentina no tienen trabajo.

La precarización laboral es una realidad creciente, en tiempos de apps, de organización de las trabajadoras de casas particulares, de miles de trabajadores informales que han perdido sus ingresos, cuando han desaparecido las changas, cuando miles dependen de los escasos ingresos del IFE para vivir. Elsa Rodríguez, compañera del Polo Obrero atacada por la patota el mismo 20 de octubre de 2010 es también expresión de esta lucha. La demanda de trabajo genuino hoy, cuando hay un 40% de pobreza, une a trabajadores ocupados y desocupados.

La tercerización laboral no terminó: gran parte del medio millón de despedidos en la pandemia son tercerizados. En el ferrocarril, luego de conquistarse el pase a planta de más de 2.000 trabajadores, la tercerización volvió por áreas y a esas empresas les acaban de renovar las licitaciones. El macrismo tuvo en agenda una reforma laboral que debió esperar solamente producto de que la reforma jubilatoria generó una profunda crisis y fue rechazada masivamente.

Ahora, también se avanza por la vía de los hechos aprovechando la pandemia, con el objeto de terminar con los derechos laborales y generar una gran masa de trabajadores precarizados. La reforma laboral avanza gremio por gremio, ante la incapacidad de votar una ley en el Congreso nacional. Es sabido, la reformas laboral y previsional integran la agenda del FMI. Pero es también la agenda del poder económico en la Argentina que pretende recomponer tasas de beneficio destruida por su propia huelga de inversiones y fuga de capitales, mediante la superexplotación obrera.

Las patotas sindicales, que en los años del kirchnerismo en el gobierno habían atacado a los trabajadores del Hospital Francés, que luego habían actuado también contra los trabajadores en el Subte y que arremetieron contra los trabajadores ferroviarios, siguen actuando. En el Puerto de Buenos Aires, una patota atacó a los trabajadores del Supa en conflicto salarial.

Con el crimen de Mariano Ferreyra se puso de relieve que no son -solamente- las patotas sindicales como episodios aislados, sino que se trata de direcciones sindicales burocráticas que tejen sus propios negocios a costa de los trabajadores que deberían representar, sostenidas por el gobierno y el Estado y asociadas a las patronales. Hoy, las centrales sindicales y la burocracia sindical, en todas sus variantes, se han convertido en una rueda auxiliar del gobierno. Los retrata el papel bochornoso que tuvieron en el Consejo del Salario, donde fueron con el reclamo de $46.000 de salarios mínimo y tanto los de Daer como los de Yasky, o sea la CGT y la CTA de los Trabajadores, aprobaron $18.900 a partir de octubre. Este es el salario de referencia de los trabajadores en negro y en muchos casos de los tercerizados, a casi un tercio de la línea de pobreza.

Mariano Ferreyra también es una bandera de lucha contra la impunidad en los crímenes contra el pueblo. Las condenas en el juicio por Mariano fueron una conquista de la lucha. Las peleas por justicia y la responsabilidad estatal se ponen al orden del día ante los casos de Santiago Maldonado o Facundo Castro.

El rápido repaso muestra que no se trata de medidas o políticas aisladas de uno u otro gobierno, sino de una línea estratégica de un régimen que descarga su crisis en los trabajadores. En estos días, cuando el gobierno de Alberto Fernández se orienta a un nuevo pacto colonial con el FMI, el presente de los trabajadores y especialmente de la juventud trabajadora hace más vigente que nunca las banderas y la lucha obrera y socialista contra la burocracia sindical y por un gobierno de trabajadores de Mariano Ferreyra. 

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