Mucho se viene hablando del traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La discusión va desde quienes aseguran que el Gobierno solo está interesado en controlar ciertos sectores del Poder Judicial (como el fuero laboral) hasta aquellos que afirman que los jueces no aceptan el traspaso porque les implicaría pasar a ser jueces “municipales”. Más allá de estas verdades parciales, lo cierto es el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso duerme el sueño de los justos sin el menor de los avances.

Múltiples factores confluyen para que esto suceda. Es cierta la resistencia que presentan los magistrados a perder el “status” de jueces nacionales para convertirse en locales, lo cual entienden como una degradación, sumado a la diferencia salarial (aproximadamente un 20% menos en la ciudad). Pero es aún más importante la resistencia de los sindicatos que agrupan a todos aquellos que trabajan en los juzgados (secretarios, escribientes, etc.). Este rechazo es manifestado por la UEJN que no tiene presencia actualmente en la justicia de la ciudad, donde imperan los gremios locales (SITRAJU y AEJBA). Estos últimos temen que con el traspaso arriben miles de trabajadores afiliados a la Unión, y terminen perdiendo protagonismo a manos del gremio que comanda Julio Piumatto. Conclusión: ya sea por ingreso económico o relación sindical, ninguno de los gremios avala el traspaso.

Así como esto ocurre en la base, en la cima de este poder también hay problemas. No ayuda la reciente nota enviada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura de la Nación en la que lo insta a llamar a concurso para cubrir los cargos vacantes de los mismos fueros que serían objeto del traspaso, lo cual no sería razonable si se supone que el traspaso es inminente. Esos concursos ya corresponderían al Consejo de la Magistratura porteño. Sorprende esa determinación de la Corte cuando se han vuelto habituales las críticas de Ricardo Lorenzetti al Consejo nacional, especialmente en lo referido a la dilación permanente en la cobertura de vacantes: en todo 2016 ese cuerpo colegiado no logró resolver ningún concurso de peso.

En el Congreso la oposición al traspaso pasa por otros factores. Más allá de los argumentos esgrimidos por algunos que dicen no querer que se financie la Justicia de la ciudad con recursos nacionales, lo que realmente no desean diputados y senadores, es perder la posibilidad de designar jueces de sus provincias al perderse la Justicia Ordinaria Nacional: esos concursos hoy por hoy se tratan en el Consejo de la Magistratura nacional donde las provincias tienen senadores y diputados. Con el traspaso la decisión quedaría en la el organismo porteño.

"Sin embargo, cuando la voluntad política existe, las cosas suceden de un modo u otro, y pese a que la Legislatura aprobó un presupuesto austero para la Justicia local, desde el Consejo de la Magistratura tomamos la decisión de acortar la brecha salarial en el último plenario del 2016, con el afán de dar una señal positiva, demostrando que existe de parte de los 9 Consejeros la firme voluntad de brindar todas las condiciones necesarias para que pueda darse un traspaso pacífico, sin perder de vista otros reclamos que siguen pendientes para este año, tales como la equiparación de los salarios y el requisito de 6 votos para que se produzca un Jury, que ofrece una garantía a los jueces contra eventuales embates del gobierno de turno.

Una pista para saber el final de esta historia podría estar en dos proyectos legislativos de la diputada Miuños, que contemplan estas cuestiones y sumarían nuevos guiños favorables al traspaso de la Justicia Ordinaria. Según la rapidez y el resultado con que se voten, podremos saber si a pesar del proyecto de “Justicia 2020” diseñado por Germán Garavano desde el Ministerio de Justicia de la Nación, en el 2017 habrá traspaso o no cambiará nada".