El día 3 de octubre del corriente año la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en el Boletín Oficial su vergonzosa resolución ministerial 845/2019, que ratifica la el sesgo ideológico y el eterno ataque al laburante por parte del Gobierno Nacional y la alianza Juntos por el Cambio.

Dicha resolución, que entre otras cosas usa como considerandos, para justificar tal aberración, oraciones como ‘‘la seguridad interior implica el debido y más eficaz tratamiento policial, preventivo o represivo, frente a desastres naturales o causados por el hombre y a ilícitos que por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, comprometan la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, los servicios públicos esenciales y, en particular, la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia'' o ‘‘que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de prevenir delitos'', o peor aún, ‘‘a los efectos de hacer más eficiente el accionar policial, como así también continuar en la adopción de medidas proactivas a fin de erradicar y/o reducir la comisión de ilícitos en el transporte público de trenes interurbanos''.

Después de ese despliegue de justificaciones -que se aleja mucho de los estándares de lenguaje jurídico claro que intentamos erradicar todos los abogados y comunicadores, para lograr una real comprensión por parte de la ciudadanía sobre los actos de gobierno-, viene la estocada final. La ministra reedita el delito de "portación de rostro" con la redacción de los artículos que habilita, entre otras cosas, a policías, gendarmes y prefectos a exigir el DNI u otro documento que acredite identidad a cualquier persona que opte por viajar en medios de transporte públicos, como colectivos o trenes, solo porque cuyas características físicas pueden considerarse sospechosas a los efectos de cometer delitos. (Lectura obligatoria: teoría de la criminología positivista, en Lombroso, César: "El delito. Sus causas y remedios").

De forma literal, el texto normativo habilita, sin grises, a que se empiece a ejecutar a la brevedad este ejercicio propio de la doctrina típica en materia de seguridad que ha instalado el PRO desde el 10 de diciembre de 2015, y cito:

‘‘ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a las Fuerzas Policiales y de Seguridad a los efectos de que extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la verificación de identidad de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial.''

El Programa fue titulado, en la misma resolución, como ‘‘Ofensores en Trenes''. Sería más oportuno que, desde el próximo Gobierno, se anule en cuestión de horas esta tremenda barbaridad y se creen los programas atentos a identificar a los responsables de las causas profundas de la inseguridad en la Argentina. Podrían denomirse en tónica Bullrich como‘‘Fugadores en Divisas'', ‘‘Evasores en Impuestos'' y  ‘‘Corruptos en autos oficiales con chofer'', si se me permite la ironía.

Si bien habría que analizar el impacto fiscal de dichos programas, puesto que sería dinero tirado a la basura detener hombres de traje para consultar antecedentes. En especial si se tiene en cuenta que casi la totalidad de todos los que han desfilado por organismos gubernamentales en los últimos años tienen procesamientos o imputaciones en la Justicia por delitos relacionados al peculado, el cohecho, la malversación de fondos, la admisión de dádivas, el enriquecimiento ilícito, las exacciones ilegales, el fraude en perjuicio de la administración pública, las negociaciones incompatibles con la función pública y hasta el lavado de activos de origen delictivo-.

Quizás sería más que simbólico y serviría como reparación moral a todos los insultados con esta Resolución la puesta en práctica de forma efectiva de dichos programas, para así desde el Estado poder pedir disculpas a todo aquel que se toma dos bondis para ir a trabajar y lo hace asustado, perseguido y señalado por nosotros mismos, solo por vestirse de tal o cual manera, tener determinada tez o simplemente usar un medio de transporte público, abarrotado y con precaria infraestructura.

En síntesis: como modelo de país debemos definir, también, qué acciones vamos a repudiar; y si viajar en el transporte público convierte a otro argentino en un potencial delincuente al que perseguir. ¿Seguiremos cazando brujas? Y si es así, ¿a qué brujas vamos a perseguir?

En términos macroeconómicos y funcionales a la idea de manejar un Estado Nacional como una empresa de fabricación y comercialización de autos, ¿no sería más redituable volcar todos los recursos que consume la resolución de Bullrich a buscar hasta debajo de la cama a los ladrones de guante blanco, esos que no han visto un Mercedes Benz 1114 ni en figuritas, pero que son los culpables de la timba financiera que nos gobierna y saquea hace años, que ha destruido nuestra industria y nuestras PyMEs, y en general a todo el tejido social argentino?

Si yo fuera Macri y quisiera recaudar, empezaría por ellos: por los que forjaron fortunas de forma ilegal (o por lo menos, con dudosa ética y moral), los que se la llevan afuera, los que evaden impuestos, los patrones de estancia que mantienen a sus peones en condiciones aún peores que el siglo XIX y especulan con la liquidación de las cosechas interviniendo en forma directa sobre la cotización del dólar. Aquí no debe haber distinción de color político: total, a los que viajan en bondi ya los están sofocando por goteo con su una política económica consistente en subir tarifas, reducir el crédito, derretir el salario real, y eliminar cada vez más programas de asistencia sanitaria y/o de emergencia, que permitían una presencia del Estado en los conglomerados más postergados del país.

Los campeones no usan drogas. Los chorros con mayúsculas no usan gorrita: están de traje y corbata y, como dice la canción "nunca lo verá en su hogar, ni el vino ni la mesa junto a él compartirá".