Debate presidencial
Ellos y Nosotros
Por Marcelo Bermolén
Las instituciones sometidas al capricho de la política de corto plazo, son tan limitadas -y limitantes- como el poder de turno. Un análisis de lo que evidenció el debate presidencial.

El segundo debate presidencial desarrollado en la Facultad de Derecho de la UBA puso de relieve el difícil camino que tendrá el país para mejorar su calidad institucional, si uno se remite al desarrollo del tercer eje temático del encuentro, cuyo contenido global incluyó "Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado". ¿Cuánto le importa la calidad de nuestras instituciones a la clase política? ¿Son conscientes de la dimensión del problema? ¿Están dispuestos a que las instituciones moldean a la política y no a la inversa como parece acontecer hasta ahora?

Más allá del esquema estructurado de las intervenciones, que limitaron el intercambio entre los protagonistas e incluso la formulación de preguntas de interés público, el último debate dejó en evidencia que, los candidatos entienden al tema de la calidad institucional como un problema derivado de las recurrentes crisis políticas del país, y no como una de las causas esenciales que concurre a producirlas.

Los seis participantes desarrollaron sus intervenciones en medio de un debate negativo en el que sobresalieron las menciones a causas judiciales (pasadas y futuras), investigaciones y procesamientos sobre corrupción, negociados, miopías y complicidades a la hora de ejercer el poder, favoritismo hacia los amigos y familiares, entre otras.

Algunos candidatos, especialmente los economistas, destinaron mucho más tiempo a formular miradas sobre el federalismo -que influye en las relaciones de poder y los recursos- que a la calidad institucional. La mayor parte de ellos, fueron insustanciales a la hora de explicar cómo combatirían la corrupción o fortalecerían el diseño institucional en materia de control.

Tanto Macri como Fernández, le atribuyeron a su rival acciones destinadas a la manipulación de la justicia en beneficio propio, sin proponer un plan de mejora en el desempeño de los Jueces Federales, ni cambios en el Consejo de la Magistratura y/o en la forma de juzgar y sancionar a los magistrados. Por el contrario, Nicolás del Caño abordó, en el momento de las réplicas, el tema de la ambivalencia del sistema de justicia con "jueces que se acomodan al poder de turno" y "jueces reperfilados". Y propuso que sean electos de manera directa, y se aplique el juicio "por jurados" para las causas de corrupción.

A su turno, Fernández reconoció la existencia de una calidad institucional deteriorada, pero hizo foco en los errores de la actual administración. Reconoció que la corrupción es un gran problema, e hizo referencia a los empresarios que corrompen y a los funcionarios que se dejan corromper, estableciendo así que el sentido del flagelo es desde el poder económico hacia el poder político y no -al menos- un camino de doble vía. Culminó diciendo que el Estado debe prevenir la corrupción y que van a "trabajar" en un "Estado inteligente" para combatirla, aunque sin especificar propuestas.

Por su parte, Gómez Centurión (ex funcionario de la actual Administración) expresó que: "resulta un sarcasmo hablar de calidad institucional, cuando las dos fórmulas que proponen la polarización están hilvanadas sutilmente por algún punto de corrupción". También mencionó a un Estado atrapado y sin meritocracia. Fue el único candidato que hizo alusión a los organismos de control al decir que "deben estar conducidos responsablemente por la oposición". Señaló como una burla, que cada gobierno designe en la Oficina Anticorrupción a "militantes políticos, amigos o personas que no están en condiciones de ocupar el cargo", pero más allá de las observaciones no hubo propuestas concretas de cambios del diseño institucional (independencia, autonomía presupuestaria, forma de designación, etc.) y sugirió eliminar los fueros en el Congreso. Resultó ser el único, también, que hizo foco en el problema que representa el sistema nacional de inteligencia (inepto y desprofesionalizado), y la existencia de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dedicada a espiar por razones políticas o para extorsionar periodistas. Aunque dijo que es un sistema oculto y paralelo que hay que desactivar con controles, no enumeró una propuesta de cómo hacerlo.

Roberto Lavagna utilizó sus dos minutos centrales para hablar de federalismo, sin aludir en ese tramo -ni una sola vez- a la calidad institucional. Recién en el segundo bloque de treinta segundos, y sin especificar como lo haría, mencionó la necesidad de aumentar el control sobre el poder de los Presidentes que vía decretos de necesidad y urgencia -y otros mecanismos- fueron avanzando sobre los otros Poderes Y de la necesidad de que el Congreso recupere su poder de control del Estado, al igual que la protección que merece el Poder Judicial.

Jose Luis Espert circunscribió -también- sus intervenciones al tema federalismo, pero en algún tramo afirmó -sin identificarlas-, que "hay muchas provincias que se han convertido en verdaderos feudos, donde el gobernador es un patrón de estancia que tiene agarrada a la sociedad con coimas, corrupción y miedo" y aludió a un "país enfermo" y en "decadencia".

Mauricio Macri se limitó a describir lo hecho en su gestión, en relación a un Estado "moderno", sin papel, electrónico y con simplificación de trámites, Destacó la recuperación de indicadores, y el respeto por la libertad de prensa. Lo que debió interpretarse como una persistencia en esos lineamientos en una eventual nueva gestión. Sin embargo. no hizo una autocritica de las promesas de campaña (2015) incumplidas.

Nicolás del Caño hizo referencia al cruce de acusaciones de los dos candidatos más votados en las PASO, apelando cada uno de ellos a "medias verdades". Subrayó que ni siquiera los funcionarios del gobierno anterior negaron la existencia de hechos de corrupción durante esa gestión, a la vez que resaltó la falta de transparencia en la del actual Presidente.

Entre los fallidos del bloque temático, vale mencionar el de José Luis Espert que habló de derogar la ley de coparticipación federal -siendo que se trata de un mandato constitucional (Art. 75 inc. 2ª de la CN, por el que se dispone la necesidad de una Ley Convenio)-, los 25 segundos sobrantes y no utilizados por Gómez Centurión dentro de sus dos minutos principales, y la notoria dificultad de Alberto Fernández para expresar el término "conflictos de interés".

En materia de calidad institucional, transparencia y combate contra la corrupción, es tan importante lo que se dice como lo que se calla. Por eso, se vuelven relevantes algunas omisiones.

Ninguno de los candidatos mencionó la vergonzante deuda de la clase política, incumplida desde hace más de diez años, de designar -a través del Congreso- al Defensor del Pueblo de la Nación. Ningún postulante mencionó el tema de la "Ética Pública" o la necesidad de sancionar una nueva ley. Ninguno mencionó el término "nepotismo" (que alude a la designación de familiares y parientes en las estructuras del poder). Tampoco se abordó el tema del financiamiento de la política. Apenas sólo un candidato, se ocupó de señalar su preocupación por los organismos de control, el rol de la Oficina Anticorrupción (OA) y el de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Ninguno de los seis, formuló un programa concreto de mejora de la calidad institucional, y en las contadas intervenciones en que se hizo referencia a situaciones puntuales, las consideraciones se parecieron más a pinceladas marketineras, deseos y aspiraciones, que a un programa integral de acción en caso de acceder al poder.

El debate no superó la retórica de los compromisos moralistas ni fue más allá de las meras promesas de campaña. Faltaron a la cita, la mención a programas específicos, reformas estructurales y miradas autocríticas.

En síntesis, más allá de que los dos candidatos más competitivos dejaron en claro su credo, carecieron de propuestas sistémicas, integradas y con un abordaje realista sobre los temas institucionales. Alberto Fernández prefirió no hablar de la corrupción en el ciclo de poder kirchnerista, y Mauricio Macri se desentendió de las acusaciones sobre hechos de corrupción acaecidos durante su actual mandato.

Teniendo en cuenta que, las reformas institucionales necesitan de decisión política, consenso y ser transformadas en temas de Estado, la permanente recurrencia en el discurso de ambos al concepto de grieta, contrasta con las menciones voluntaristas de diálogo.

La calidad institucional no podrá ser mejorada mientras perduren los apelativos de "Ellos" y "Nosotros". Uno u otro serán gobierno y principal fuerza de oposición La institucionalidad define para todos los argentinos que país tendremos, que capacidad de transformación mostrará el Estado, los vínculos con el sector privado y nuestra calidad de vida. Allí radica su poder. Las instituciones sometidas al capricho de la política de corto plazo, son tan limitadas -y limitantes- como el poder de turno.

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