Las provincias argentinas cerraron el ejercicio 2015 con un déficit fiscal del orden del 1% del PBI. En el periodo de 13 años transcurridos entre 2003 y 2015, las jurisdicciones registraron resultados superavitarios en cinco años y déficits en los ocho restantes. Entre 2003 y 2006 se observan resultados positivos que van perdiendo impulso hasta desaparecer en 2007, año en el que se inicia una etapa de desequilibrios que alcanzan un pico en 2011. Luego se advierte una reducción paulatina del déficit, que en 2014 asciende a solo 0,2% del producto.

No obstante, en 2015 el desequilibrio fiscal provincial reaparece fuertemente en el marco de un extendido e intenso proceso electoral. En este contexto, el gasto provincial registró un crecimiento muy superior al de los ingresos. En algunos casos los incrementos del gasto público rondaron el 60%. Si bien este desequilibrio fiscal de 0,8% del producto luce acotado en comparación con la situación del sector público nacional -déficit fiscal de 7% del PBI en 2015-, proyecta un escenario deficitario para el corriente año sin perspectivas claras con relación a su financiamiento.

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En el nuevo contexto de normalización financiera del país y debido a la elevada presión tributaria y rigidez del gasto público local, buena parte del espacio fiscal de los gobiernos provinciales se limita, al menos en el corto plazo, a la obtención de nuevo financiamiento en los mercados. Varias jurisdicciones ya han emitido deuda, mientras que otras han puesto de manifiesto la intención de acceder a los mercados tanto doméstico como extranjero en los próximos meses.

Si bien el peso de la deuda provincial se ha reducido en los últimos años, el endeudamiento subnacional en sus diferentes formas plantea desafíos importantes para la política económica en el futuro. Esta mayor demanda de fondos frescos puede derivar en un incremento desmedido de la deuda si no existen reglas claras para su autorización. 

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En un contexto de retracción económica, los desequilibrios fiscales provinciales plantean desafíos con respecto a la evolución futura del endeudamiento, sobre todo teniendo en cuenta los incentivos prevalecientes en nuestro régimen federal.

Por todo ello, se torna imprescindible el fortalecimiento de la política de gestión de la deuda subnacional, la definición de un régimen riguroso de transparencia fiscal y un marco regulatorio que, independientemente de su modalidad, sea aplicable en forma coordinada por el Gobierno Nacional y las provincias en un ámbito institucionalizado.