Tengo la escuela operacional y académica de aquellos que soportaron décadas de violencia al vivir y coexistir con este problema social. Muchas vidas se perdieron por el flagelo de la droga, ya sea porque enfrentaron el problema desde la legalidad del combate directo en el terreno siendo parte de las fuerzas de seguridad, o porque la padecieron al ingresar al circuito de venta y consumo. Los Estados a través de sus Políticas Públicas de Seguridad investigan, persiguen sin cuartel, y combaten la producción, la comercialización, el tráfico y la venta de drogas ilícitas.

Así entiendo y sostengo, que debe existir un combate frontal y una lucha sin cuartel contra los Cárteles del Narcotráfico, Clanes, Mafias, Narco Guerrilla, los Grupos Armados Organizados (GAO) como los Combos, Maras y todo aquel que quiera envenenarnos y envenenar a nuestros hijos. Como alguna vez me dijeran mis maestros de Medellín, Luis Fernando Suárez Vélez, actual gobernador de Antioquia; Ricardo Salgado Pinzón, ex coronel de la Policía Nacional quien tuviera en su momento a cargo del bloque de búsqueda del cártel de Cali; y el general José Mendoza Guzmán, quien llegara a ostentar el cargo máximo de director de la Dirección Nacional Antinarcóticos de Colombia, "esto es una guerra, compuesta de múltiples batallas, que hay que ganar una a una, contra un enemigo poderosísimo que enfrenta Estados, y cuyos éxitos -que van a costar sangre- los veremos con el tiempo."

Considero que la persecución legal contra el narco y dar lucha frontal contra ese delito que es parte de las rentas ilegales de las tantas actividades transnacionales, como lo son también el tráfico de armas, de personas, de oro, etc. etc., debe ser diaria, fuerte y sin cuartel.

Pero, diversas voces hace ya más de dos décadas se comenzaron a hacer sentir con fuerza luego del estreno el 30 de diciembre de 1992 de la película protagonizada por la gran actriz Susan Sarandon llamada "Un Milagro para Lorenzo", donde ambos padres desesperados por la enfermedad de su hijo, recurren a un tratamiento alternativo no autorizado, con diversos aceites alternativos, desafiando al establishment medico cuando ya todas las demás medicinas no habían dado resultado alguno ante la enfermedad rara y neurológica que había atacado a su pequeño.

Esas mismas voces hicieron ruido y la planta de cannabis que había pasado varios siglos sin ser objeto de prejuicios ni persecución criminal en todo el mundo pasó a ser centro de escena llevada allí por aquellos enfermos que manifestaban que los aceites extraídos de ella tenían efectos curativos o al menos mitigantes. Soriano, nuestro historiador, afirma que fue recién en el siglo XX cuando en Estados Unidos, en el marco de la ley Seca y por razones más económicas que sanitarias, su uso y tenencia entró en conflicto con las normas legales.

La historia

En 1961, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a instancias de la Comisión de Estupefacientes, incluyó al cannabis de las listas I y IV, reservadas para las drogas más peligrosas, que requieren control estricto y no poseen efectos medicinales, dificultando con eso cualquier tipo de investigación médica que se quisiera realizar.

Pero pasó bastante agua bajo el puente. Se venían haciendo ensayos y experimentos en diversos países, en algunos con legislación penal más laxa, se habilitó el consumo y hasta la experimentación. En otros, la mayoría, se siguió con la penalización por tenencia y consumo.

En Argentina, el 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema de Justicia, en el fallo Arriola, resolvió por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley de Estupefacientes N.º 23.737, que penaba con prisión de un mes a dos años la tenencia para consumo personal de ciertas drogas. A nivel parlamentario, desde 2003 existieron proyectos para legalizar el uso medicinal del cannabis (expediente 3003 de la Cámara de Diputados) o en 2010 para despenalizarla con los mismos fines (expediente 0060 de la misma Cámara). En 2018, tanto el FIT como el justicialismo presentaron proyectos al respecto. Como es norma en nuestro país, todo queda a medio camino.

En enero de 2019 la Organización Mundial de la Salud, a instancias de su Comité de Expertos en Farmacodependencia, sugirió la legalización del aceite de cannabidiol (CBD) siempre que los insumos que lo contengan demuestren tener menos de 0,2% de THC, elemento psicoactivo del cannabis. Ya para ese entonces las voces y prácticas a nivel mundial se hacían escuchar y ver. Varios países europeos más Canadá, Estados Unidos, Colombia y Uruguay, habían avanzado fuertemente en las prácticas de investigación y regulación, adelantándose a la OMS.

Adelantados, ya en diciembre de 2013 el mismo Uruguay fue el primer país sudamericano en legalizar el cannabis para consumo personal. Según publicó el diario El País en diciembre de 2019, el resultado fue que la obtención del cannabis a través del tráfico ilegal cayó al 18%. En el caso de los Estados Unidos, aunque esté prohibido a nivel federal, el expresidente Obama decidió no perseguir a los infractores. Con el tiempo, 10 Estados de ese país han autorizado el cultivo legal del cannabis con fin medicinal. Y hoy, ¡todos los laboratorios con autorización estatal tienen sus firmas cotizando en la bolsa!

Ambos lados del charco

¿Puede ser la prohibición el origen del fracaso de algún tipo de políticas antidrogas? ¿Podemos prohibir y a la vez no controlar por escasos recursos el cumplimiento efectivo de las normas? ¿Cuántos recursos humanos, logísticos y económicos ponemos a disposición de perseguir, con un costo sideral, algo que los expertos médicos le van encontrando una salida científica medicinal?

"Al mercado hay que regularlo en cuanto al cannabis, el enfoque no debe ser contra las drogas de este tipo, sino contra el uso y abuso de las drogas, por fuera del uso científico", dijo el premio Nobel de la Paz, el expresidente Colombiano Juan Manuel Santos

¿Por qué seguir desde nuestro lado aplicando recursos y esfuerzos en la persecución policial-judicial del narcomenudeo por drogas que casi ya están socializadas? Estas que son de uso común diario, extendidas en gran parte de la población sin discriminar por rango etario, necesitarían de la creación y aplicación de leyes agiles y modernas, las cuales podrían quitarles a los narcos parte de sus rentas ilegales, y beneficiar con ello a miles de pacientes con patologías crónicas. ¿Por qué nuestros abuelos, como dice una amiga mía, "terminan dependiendo de comprar en nuestro país a porreros y a escondidas aceites de cannabis quizás de dudosa calidad"? ¿No sería mejor contar con una certificación de la ANMAT de un producto como semilleros y cultivos certificados por el INTA? ¿Estamos obligando a nuestros enfermos necesitados de ese aceite a convertirse o convertir a sus familiares a ser contrabandistas desde el país charrúa?

La norma nacional es el primer paso de la legalización del cannabis con fines medicinales. Sin embargo, la ausencia de una adecuada reglamentación hace que la ley no sea operativa. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se condena a personas que cultivan con fines terapéuticos y excepcionalmente se las habilita, con ciertas limitaciones.

Es de esperar que se pueda ir más allá de la experimentación casera para avanzar con ensayos clínicos controlados y estudios científicos sobre el uso terapéutico del cannabis, de manera tal que se traduzcan en terapias que permitan mejorar, bajo normas de bioseguridad, la salud de los pacientes.

Descomprimamos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad en este aspecto en la persecución del narcomenudeo, centremos el objetivo en combatir los cárteles, ahorremos como lo dije dinero y esfuerzo, y apliquemos estos recursos a la medicina, que, aunque parezca raro e irreal, va a quitar más rentas ilegales a los narcotraficantes que la propia acción policial directa persiguiendo pequeños traficantes.