El modo más fácil de hacer fracasar y desprestigiar una buena política pública es ejecutarla mal y parcialmente.

Un acuerdo limitado de precios y salarios no tendría porqué funcionar si va descolgado del resto de las variables que inciden en la volatilidad del peso, más allá de que la pauta inflacionaria anual del 29% que el Gobierno persigue (y que ya se estaría escapando, según la medición del INDEC de enero que fue del 4%) no puede ser el único motivo de esta convocatoria; como tampoco para la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, un año más tarde de cuando debió haber sido y que bien puede seguir el derrotero de la Mesa contra el Hambre, de la que hoy ya no se acuerda nadie.

La ecuación del pacto entre los distintos sectores de la actividad económica y el Estado debe ser completa, con todos los temas y todos los actores adentro. Por citar un sólo ejemplo: por qué no se sienta a la banca privada a discutir las tasas de crédito para el consumo y la inversión, o va a seguir haciendo de las suyas por la "paralela" y continuará alzándose con la mayor ganancia mientras el país continúa decreciendo y empobreciéndose.

De nada va a servir un acuerdo cortoplacista, con o sin el mascarón del Consejo, si no se ataca de raíz la inflación, su apalancamiento con la renta financiera, demás circuitos especulativos y, sobre todo, las expectativas inflacionarias reales. Como empresarios y sindicalistas descreen de los objetivos y las capacidades gubernamentales, independientemente de lo que digan para los micrófonos, se "arman" conforme sus propios pronósticos. Y ahí es en donde tenemos que discutir con qué lógica y dinámica se desenvuelve el tan meneado acuerdo económico y social.

Otro tanto para el lado del gasto público y la cuestión macroeconómica, como se cuidó muy bien de marcar el ministro Guzmán en la reunión con los empresarios. Ese ítem tampoco puede quedar afuera de la torta general que hay que debatir, para acordar qué hace cada quien y cuánto se lleva por ello, incluido el sector público con su debe y haber; sobre la base de que se acuerde entre todos cuánto van a valer los bienes y servicios producidos y a producir, qué márgenes de ganancias son posibles, cuáles pueden ser los sueldos y cuándo necesita recaudar el Estado y para qué. Que es lo mismo que decir cuánto va a valer el peso y su equivalente con el dólar, en la cuenta de la ecuación macroeconómica total.

Única forma de generar la confianza necesaria para devolverle su entidad a la moneda (una de las expresiones más básicas de la convención social sobre la que se asienta cualquier país), y que ya no puede ser más de carácter bilateral; ergo, entre el Gobierno y cada una de sus contrapartes sectoriales, porque esa confianza se evaporó. La presidencia se la gastó en 14 meses de idas y vueltas, en el que sí y el que no de un mismo tema, un día esto y un día lo otro; para no entrar en la larga serie de fracasos e impertinencias en torno a la pandemia, que no sólo se reducen al drama sanitario. Esa confianza, imprescindible, remite al sentido etimológico de la palabra: "con" de todo/s, junto/s, y "fianza" que viene del latín "fide", que implica lealtad, fe; es decir nos debemos una fe mutuamente referida, multilateral. Para ahora y para el futuro.

Por eso, además de correlacionar precios y salarios con los márgenes de ganancia y la carga tributaria por sector (tanto nacional, provincial y municipal), sin que ésta termine ahogando a los segmentos productivos más vulnerables, como la pequeña y la mediana empresa, hace falta que se pacten metas ciertas de reactivación, ampliación y diversificación productiva, de corto, mediano y largo plazo; para generar trabajo en la escala necesaria y combatir en serio la desocupación, la pobreza y la indigencia, cuyos indicadores son alarmantes y debieran ser acuciantes para el oficialismo, la oposición y el conjunto de la dirigencia de la Sociedad Civil.

Ya que laceran el alma de la Patria, si es que todavía podemos hablar de ella...

Lo que también implicaría, si la cosa fuera realmente en serio, atar un acuerdo económico y

social de esas características (por el lado de los ingresos fiscales y su distrubución) con un

nuevo pacto de coparticipación federal, entre la Nación, las provincias y CABA; con la

correspondiente convalidación parlamentaria del todo, traducida en la batería de leyes que

sean pertinentes, y donde quedaría efectivamente sellada la vocación de unidad nacional,

diálogo y pluralismo, que tanto nos hace falta. Para que luego, en las elecciones, no se juegue

al todo o nada, y sólo se defina la composición de las instancias legislativas y a quiénes les

toca asumir el papel de gobernar en el marco de un proyecto estratégico de país, compartido

por la gran mayoría de la clase diregente, tanto de la política como de la Sociedad Civil y con

una renovada esperanza de la ciudadanía.

La presidencia desaprovechó una y otra oportunidad para esto, a pesar de que fue una de sus

principales banderas de campaña, y muy probablemente lo vuelva a hacer. De si estamos ante

las puertas de un nuevo fracaso, o no, depende básicamente de su voluntad; la gente común,

mientras tanto, seguirá esperando...