Política
Desafíos para la post-pandemia
Por Federico Zamarbide
La situación actual por el COVID-19 refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, con políticas que sean capaces de anticiparse a los problemas.

Como toda pesadilla, la pandemia va a pasar, sin menospreciar para nada la tragedia sanitaria y económica que estamos viviendo. Argentina ha tomado hasta el momento aceptables decisiones (con algunas demoras, debemos decirlo), pero se entiende y atiende la gravedad de la situación. Desde Juntos por el Cambio, como principal frente opositor, se han apoyado las medidas del Gobierno, dando una muestra de madurez política. Así como nos hemos puesto de acuerdo rápidamente dada la urgencia del problema, deberemos articular consensos necesarios para temas a futuro, estén o no en la agenda mediática y social. Si nos pusimos de acuerdo para mitigar la pandemia, por qué no para otros temas más importantes que urgentes.

Nos enredamos en discusiones que rayan lo filosófico, como por ejemplo, el tamaño del Estado deseable. El mundo desarrollado parece haber superado hace bastante esa discusión, y existe un consenso respecto a que el Estado no debe ser ni grande ni chico, sino inteligente, moderno y fomentar una sociedad de iguales. Los extremos de la épica estatista (que parece querer instalarse estos días) y del anarco-capitalismo deberán ser superados, si es que queremos tener una discusión racional de prioridades que orienten nuestro gasto público y el esquema impositivo necesario para sostenerlo.

Evitar esos extremos implica que Argentina disminuya impuestos distorsivos que atentan contra el desarrollo, y rediseñe el Estado para que preste servicios de calidad. Tan importante como cuánto se gasta es en qué, y cómo impacta ese gasto en la sociedad. Lo que algunos conocen como la rentabilidad económico-social de la inversión pública. Al respecto, estoy trabajando en un proyecto de ley que establece que las obras públicas en Argentina deben superar un estudio de impacto económico y social, para saber cuánto genera y derrama cada peso que el Estado gasta. El mismo concepto puede aplicar para los gastos sociales. ¿Son eficientes nuestros programas de salud y sociales? Estos estudios terminarán (o al menos disminuirán) la arbitrariedad y el peso del lobby para realizar determinada obra o hacer frente a distintas erogaciones.

Citaremos aquí sólo dos ejemplos de temas importantes, que no tienen en la agenda social y política la atención que deberían. El primero de ellos es la inseguridad vial. En Argentina fallecen un promedio de más de 7 mil personas al año en incidentes de tránsito. La mayoría es población sana y joven. Ello sin contar personas que quedan con discapacidad permanente, lesionados graves, daños materiales, etcétera. Nuestra falta de educación vial, nuestro laxo sistema de sanciones, y, en menor medida, nuestros problemas de infraestructura (falta de autopistas principalmente) genera que todos los años tengamos la cantidad de muertes equivalentes a 8 guerras de Malvinas. Desde la Asociación Civil Madres del Dolor, se está promoviendo el cambio de legislación punitiva y sobre todo insistiendo en la educación como motor de cambio. ¿No debería ser ésta una prioridad en salud una vez superada la pandemia?

El otro tema importante es el fenómeno del cambio climático y sus implicancias para el país. Las consecuencias económicas y sociales de dicho fenómeno pueden llegar a ser catastróficas. Sin embargo, lo vemos como algo demasiado lejano, y termina fuera de las prioridades, dado que "no es urgente". El pequeño problema es que no lo será hasta que tengamos las consecuencias encima (pensemos que el coronavirus no era un tema prioritario hace un mes y medio en Argentina). La Cordillera tiene cada vez menos nieve, y las provincias que vivimos de los ríos de deshielo tenemos que empezar hoy mismo a pensar un escenario permanente de sequía extrema. Nuestra población abusa del agua potable, tenemos "tarifas planas" para el valor del agua (las cuales se abandonaron en las zonas áridas del mundo hace medio siglo). En Mendoza, seguimos regando nuestros cultivos en gran porcentaje con la misma técnica que lo hacían nuestros bisabuelos, como si el caudal de los ríos fuera el mismo que hace 120 años. Un Estado inteligente deberá incentivar y facilitar la modernización de sistemas de riego, para que cada gota de agua genere el mayor provecho posible.

Algunas zonas del país tendrán menos precipitaciones, otras más y con mayor concentración en determinado período del año. Esa concentración de lluvia es muy difícil de manejar productivamente, nuestra Pampa Húmeda tiene un gran desafío por delante. Todas las regiones del país serán más cálidas, ¿vamos pensando en variedades de cultivos que requieran menos agua, que soporten mayores temperaturas, que requieran menos nutrientes del suelo?. Aquí la tecnología puede ayudarnos, la Investigación y Desarrollo debe orientarse a cuidar aquellos sectores en los que somos competitivos.

La "economía verde" puede representar para la Argentina una enorme fuente laboral. Necesitamos imperiosamente que la energía eólica y solar vuelvan a estar en agenda y se reactiven proyectos que se paralizaron antes de comenzar. Un Estado inteligente tiene que generar estímulos positivos y negativos que faciliten la transición ecológica de nuestra economía. Dicha transición tendrá beneficios, aunque también costos en el corto plazo. La distribución de esos costos deberá realizarse con equidad. La ley de Bosques Nativos es un buen ejemplo de esto: todos queremos frenar la deforestación, pero son los propietarios rurales los que asumen el costo de no reemplazar la vegetación nativa por soja u otros cultivos. La única forma de incentivar que mantengan la cubierta natural es que tengan un reconocimiento por hacerlo. La ley previó eso, pero nos falta darle el presupuesto necesario para que pueda cumplir sus objetivos.

El año pasado el entonces Diputado Villalonga y otros firmantes presentamos un proyecto de ley para fomentar la movilidad eléctrica e híbrida en nuestro país. Dicho proyecto fue consensuado con empresas automotrices. Si no generamos estímulos económicos y legales, será muy difícil lograr la transición energética. Es más barato, en un análisis cortoplacista, quemar combustibles fósiles. Si no tenemos visión de largo plazo, no sólo no podremos construir un futuro sostenible para el país, sino que nos acordaremos de buscar soluciones cuando probablemente sea tarde. Espero que aprendamos las lecciones que nos deja esta pandemia, e internalicemos que el buen ejercicio de la política implica anticiparse a los problemas. 

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