Tanto en la era K como en la de Macri reinaron las políticas Keynesianas. Estos gobiernos han sostenido fervientemente que el gasto público es una herramienta fundamental para la generación de empleo y la estimulación de la demanda. Sin embargo, han ignorado el concepto de restricción presupuestaria intertemporal. Básicamente, ningún agente representativo de la economía puede ser deficitario sistemáticamente. En este sentido, en algún período del tiempo se debe alcanzar un superávit para cancelar las deudas contraídas en el pasado.

Desde hace más de 70 años, sufrimos el síndrome del cortoplacismo argentino. La corporación política ha tomado decisiones abocadas, únicamente, al corto plazo. En definitiva, el objetivo de ésta es ganar elecciones. A su vez, nuestra historia, ahogada en vaivenes económicos, explica la preferencia por la enmienda inmediata frente a la sostenibilidad de largo plazo. Si sabemos que abundan las tormentas y hoy padecemos una, nuestra principal preocupación será encontrar refugio; pues tampoco podemos predecir con exactitud cuándo vendrá la próxima. La famosa frase de Keynes: "A largo plazo todos estaremos muertos" parecería ser la insignia que nos castiga una y otra vez. En concreto, en el largo plazo estamos aquí, todos vivos, tolerando niveles de inflación elevadísimos y una presión tributaria estratosférica.

El exceso de gastos por sobre ingresos del Kirchnerismo fue financiado mayormente a través de emisión monetaria. La administración actual lo hace principalmente vía deuda. De todas formas, si el mercado advierte que el Estado no es solvente, simplemente deja de comprar sus bonos. Y, si esto ocurre, el fisco solo puede financiarse con impuestos e impresión de dinero, tendiendo a un equilibrio inflacionario. Algo similar ocurrió el año pasado, obligándonos a acudir al prestamista de última instancia llamado Fondo Monetario Internacional.

En concreto, en el largo plazo estamos aquí, todos vivos, tolerando niveles de inflación elevadísimos y una presión tributaria estratosférica.

El incremento de las obligaciones del Gobierno en el presente implicará una suba de la carga impositiva y/o de la tasa de emisión futura a menos que iniciemos una fase expansiva del producto que licúe la deuda. Empero, esto último tiene una probabilidad de ocurrencia prácticamente nula.

A su vez, los compromisos nominados en moneda extranjera han crecido fuertemente en 2018, siendo Argentina una economía que se caracteriza por la falta de dólares. Hacia adelante, nuestra solvencia dependerá, en gran medida, de la coyuntura externa: tasa de interés de Estados Unidos, precios de los commodities, etcétera. De todas maneras, si el estandarte fundamental de competitividad en el comercio será un tipo de cambio real elevado, seguiremos sumergidos en el mar de lo espurio.

Por otro lado, la asunción de un Bolsonaro con intenciones de reducir el arancel externo común del Mercosur, debería incitar a Cambiemos a efectuar reformas fiscales y laborales si pretenden conservar su grado de participación en los mercados foráneos.

El FMI, como todo acreedor racional, impone condiciones para otorgar un crédito. Es aquí donde esta gestión se vio forzada a cometer un error: iniciar un ajuste fiscal procíclico, es decir, estando en recesión. Este hecho agravó aún más la situación, destruyendo puestos de trabajo y el nivel de actividad. El oficialismo comprobó que el gradualismo es ineficiente y se topó con el mercado, que le exige un ajuste más severo que el que podría haber realizado anteriormente.

Las políticas deberían ser, idealmente, anticíclicas, a saber, expansivas en las crisis y contractivas en el auge. Un ejemplo claro lo representa Estados Unidos que ha llevado a cabo una política monetaria contractiva dado que su desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos. Aquí solemos hacerlo al revés, motivados por los descalabros fiscales y a contramano del orden macroeconómico que vemos en los países medianamente razonables.

Las políticas deberían ser, idealmente, anticíclicas, a saber, expansivas en las crisis y contractivas en el auge. Aquí solemos hacerlo al revés, motivados por los descalabros fiscales y a contramano del orden macroeconómico que vemos en los países medianamente razonables.

Otro caso de regla fiscal contracíclica es el Fondo de Estabilización Económica y Social de Chile. Si la tasa de crecimiento se ubica por encima de su nivel tendencial y el precio del cobre es mayor al de largo plazo, se genera un ahorro. Ahora bien, si la economía y el precio del mineral se sitúan por debajo de la tendencia de largo plazo, se toma lo ahorrado en la etapa de prosperidad para evitar el endeudamiento en los mercados de capitales. Parecería ser una opción acorde para suavizar los ciclos, especialmente, en el caso de las naciones extremadamente dependientes de las condiciones internacionales. No obstante, se necesitan instituciones sólidas y transparentes para implementar modelos de este tipo. En este aspecto, Argentina tiene un largo camino por recorrer.

El 2019, a pesar de ser electoral, tendrá un nivel de actividad que caerá más de 1%. Mientras que en 2007, 2011 y 2015 el crecimiento fue de 9%, 6% y 2,7%, respectivamente. Macri intentará lograr el equilibrio fiscal primario. Si bien no tendrá problemas de financiamiento en 2019, debe demostrarle al FMI que tiene capacidad de pago. En 2020, es probable que deba refinanciar los pasivos con el organismo multilateral, por lo que será necesario alcanzar el superávit primario y, por ende, un mayor ajuste fiscal.

Hacia el próximo año la palabra estrella es incertidumbre. En primer lugar por la posible falta de fondos para el Tesoro, y en segundo, por el eventual retorno del populismo. Esto se vio reflejado en la caída de los precios de los bonos soberanos que vencen a partir de 2020, el aumento de sus rendimientos y, por último, el alza del riesgo país.

Finalmente, y tal como lo muestra la historia, Argentina es para amantes del riesgo.