La crisis derivada del denominado "estrés financiero" del grupo empresario Vicentín dejó en evidencia varios aspectos vinculado al mundo agroexportador. En primer lugar, la posición de absoluta debilidad que tiene el productor primario ante cualquiera de las grandes empresas que concentran el comercio de granos en nuestro país. En segundo lugar, el rol del Estado, siempre más permeable a los lobbys de los sectores económicos concentrados, lo cual queda en evidencia ante el trato diferencial devenido en estafa, a través del financiamiento otorgado por el Banco de la Nación Argentina a este grupo empresario de origen nacional.

La crisis de empresas de esta envergadura, siempre lleva a posiciones políticas extremas, por un lado, quienes alzan las banderas de la libre empresa, en estos casos "atípicos" rogaran al Estado que, con dinero de nuestros impuestos, avance en un salvataje bajo el argumento de resguardar a miles de empresas damnificadas por una operación fraudulenta que contó con la complicidad de autoridades estatales de ese entonces. En fin, este camino consistiría finalmente en ratificar la estafa previa, además de un gran negocio donde tenemos muchísimas dudas de que los damnificados se vean realmente beneficiados.

Por otro extremo, se alzarán las voces de la estatización, bajo el argumento de que uno de sus principales acreedores es el Estado. Ante la necesidad, real, de que el Estado tenga instrumentos de participación en un mercado altamente cartelizado y extranjerizado, esta crisis se presenta como una oportunidad propicia para la conformación de un organismo público-estatal, o público-no estatal, que administre y funcione como regulador de los desequilibrios del mercado.

Este último argumento, sin dudas es válido, lo que atrasa en el tiempo son las formas, creo que es momento de fortalecer la articulación público-privada y generar instrumentos innovadores, que tengan control social real, y a la vez que sean eficientes en términos comerciales y de gestión empresarial.

Bajo este argumento, es que afirmamos que el camino no es ni privado, ni público, el camino debe ser cooperativo. Una Cooperativa con Participación Estatal constituiría la mejor opción, a través de la cual todos los acreedores (incluido el Estado) interesados en transformar sus acreencias en capital social puedan hacerlo, y, a su vez, también se puedan sumar nuevos actores del movimiento cooperativo.

En la actualidad dos cooperativas, ACA y AFA, son líderes en originación y acopio de granos, y a su vez, se encuentran dentro de las diez empresas más importantes en cuanto a exportación de granos.

 Sólo existe un modelo de organización que puede garantizar la eficiencia de los operadores privados, el control social de los productores, y la soberanía comercial, ese modelo es el cooperativo.

Qué mejor que dejar en manos del movimiento cooperativo la gestión económica y comercial, además de adoptar la forma cooperativa que brinda las condiciones óptimas para el control social de parte de los productores, y a su vez, también contemple la participación estatal entre sus asociados.

En estos momentos de la historia debemos pensar en instrumentos que trasciendan los gobiernos, pensar en el desarrollo a largo plazo exige de levantar la vista más lejos. Además de la duda que pueda generar en términos de gestión la constitución de una empresa estatal, esta sería exclusivamente dependiente de los gobiernos de turno. Una vez más los instrumentos de los productores estarían atados a la suerte de un gobernante, a la visión del mismo, o a la presión que los grandes lobbys ejercerán sobre él.

Conformar una cooperativa sería pensar más allá, sería generar un instrumento que contenga y equilibre una cadena hiperconcetrada donde los productores son víctimas permanentes de las posiciones dominantes de las empresas concentradas. A su vez, al Estado la posibilidad de ejercer un control del funcionamiento de la misma, y de articular políticas públicas tendientes generar un equilibrio virtuoso entre los distintos eslabones de la cadena comercial agropecuaria.

Sólo existe un modelo de organización que puede garantizar la eficiencia de los operadores privados, el control social de los productores, y la soberanía comercial, ese modelo es el cooperativo.