Un impuesto caro e impopular causa un paro general. No parece gran negocio para el gobierno en un año electoral, al punto que salvo la Presidente y su Ministro predilecto, muchos en el oficialismo se sienten incómodos en su defensa.

Los argumentos ejercidos para mantenerlo están lejos de su supuesto beneficio. Ningún impuesto al trabajo crea empleos. Pero además, ¿Cuáles empleos? La economía no los crea hace dos años. Es evidente que con un poco de imaginación fiscal, existen a la mano otras fuentes para financiar ayudas sociales para quienes, precisamente, se encuentran en dicha dolorosa intemperie.

En este sentido, el impuesto se da además en un contexto donde el desempleo real está escondido en las estadísticas oficiales. Organizaciones no gubernamentales que lidian con la pobreza tanto como consultoras privadas alertan sobre un alarmante desempleo particularmente en jóvenes, y más aún en mujeres de menos de 25 años.

Para el próximo Presidente, reemplazar el impuesto sin duda alguna formará parte del menú de diálogo con las organizaciones sindicales. Y es que incluso voceros gubernamentales entienden la injusticia de un tributo que ha generado distorsiones artificiales en el salario, distinguiendo trabajadores que realizan la misma tarea, pero que por su efecto, cobran distinto sueldo.

Este desaguisado se debe no a la naturaleza de tener que pagar un impuesto. Después de todo, en casi todas las democracias modernas, siempre se pagan impuestos razonables para de algún modo sostener una actividad estatal que del mismo modo, al menos cubre las apariencias de ocuparse de quienes tributan.

Pero a poco que se compare el nivel de contribución, el impuesto por sus índices y escalas es absurdo. Para tributar un 35% del salario, por ejemplo, en Estados Unidos, hay que ganar casi medio millón de dólares al año. Aquí paga esa tasa un encargado de edificio, o un empleado bancario que ni soñando podrían acercarse a esa cifra propia de un empresario americano exitoso.

Sin ir tan al norte, en Uruguay hay que tener ingresos realmente muy altos para llegar a la tasa máxima de 25% del ingreso, casi unos doce mil dólares al mes. Y lo mismo sucede en Chile, donde el problema del atraso en las escalas no existe por estar atadas a la inflación, al contrario de aquí, donde la inflación reduce a cada mes y a cada paritaria, el tramo de trabajadores exentos.

Por lo demás, no sólo el límite para convertirse en obligado a pagar el impuesto es artificialmente bajo, sino que además las deducciones son irrisorias. El paro general exhibe entonces una patente exasperación causada por el Gobierno entre trabajadores que son tradicionalmente solidarios en Argentina.

Si el reclamo ha llegado hasta causar la reiteración de la medida de fuerza más grave, la alerta es para todo el sistema político: un próximo gobierno estará obligado no sólo a ser socialmente generoso, y a crear empleos genuinos. Además deberá revisar este caos tributario tan oneroso que nadie se atreve ya a defender.