Cuando se evalúan las distorsiones desde el punto de vista económico y de equidad, la estructura actual del impuesto a las Ganancias no resulta muy razonable.

Hay cinco puntos claros que argumentan esta afirmación. El primero es que la presión tributaria depende de la trayectoria de la inflación, que no es fácil de predecir e introduce un elemento de incertidumbre sobre el ingreso salarial futuro y, por ende, sobre la capacidad de gasto y endeudamiento.

Además, el gravamen actual vulnera derechos constitucionales, dado que la presión tributaria es estipulada por el Ejecutivo y no por el Congreso, porque el primero es quien administra la inflación de la mano del BCRA. El tercer punto apunta a que el impuesto transgrede los principios de legitimidad de la norma, al violarse los criterios de equidad vertical y horizontal entre los contribuyentes que fijó la ley.

El siguiente es que genera ineficiencia en la medida que aumenta la diferencia entre lo que el trabajador se lleva en el bolsillo y lo que agrega al producto. La empresa aporta el dinero en función de la productividad pero una parte creciente –dependiendo de la inflación– se la lleva el Estado.

El último punto es que desincentiva el crecimiento y la acumulación de capital humano, dado que en muchos casos, los trabajadores con mayor calificación terminan cobrando menos que otros.

El gobierno no puede atender ya los reclamos de los trabajadores porque está en una situación fiscal en la que no tiene espacio para reducir sus ingresos tributarios. Ello es así debido a que no cuenta con margen para aumentar el financiamiento por parte del BCRA y tiene cerrado, por ahora, el acceso al financiamiento externo.

A pesar del reclamo insistente de las organizaciones sindicales, el Ejecutivo va a aguardar a que se cierren las paritarias de los principales sindicatos antes de dar a conocer cualquier cambio en el impuesto. Es decir, va a actuar de manera similar al año pasado. Las alternativas serían exceptuarlas del aguinaldo, como hizo en 2014, con lo que el beneficio coincidiría con las PASO o plantear una reforma integral del impuesto antes del último trimestre, empatando la medida con las elecciones de octubre.