20 de abril, 2024
Editorial
¿Sensación de inseguridad?
 | Es necesario replantearse el esquema actual en seguridad (inseguridad) dado que no resulta razonable la auto limitación que se ha establecido el Estado, respecto al uso de todos los medios, desde las polícias hasta las Fuerzas Armadas, para el restablecimiento de las garantías constitucionales. |
Los recientes hechos de violencia sucedidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, invitan a reflexionar sobre las políticas planteadas desde el Gobierno Nacional al respecto y sobre la implementación de la Ley de Seguridad Interior.
El titular del bloque PRO en la Legislatura, Cristian Ritondo, se manifestó a favor de una cooperación conjunta entre el personal de la Policía Federal, las Policías provinciales y la Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); tal como lo establece la mencionada Ley, cuando dispone que aquellas afecten las áreas de transporte, las comunicaciones, ingenieros, arsenal, entre otros para apoyar las operaciones de seguridad interior.
Esta Ley representó la democratización de la seguridad interior en la Argentina, evitando que las FF. AA. intervengan de manera directa en cualquier episodio que atente contra la seguridad interior de la Nación, como había ocurrido en tristes tiempos pretéritos. De este modo, el poder político legítimamente elegido tomaba una sólida conducción y control de las mencionadas; con el claro objetivo de lograr una mayor eficiencia en la coordinación el Esfuerzo Nacional de Policía (ENP), de manera que no se diluya por la adquisición –pasada- de autonomía de facto, dispersándose las diferentes fuerzas de seguridad y policiales que integran aquel. Así como también intentando lograr una más efectiva aplicación del poder de policía y una mayor profesionalización de las organizaciones.
Cabe aclarar la definición que hace la misma Ley, respecto a la Seguridad Interior “…la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.”
Sin embargo, es necesario replantearse el esquema actual en seguridad (inseguridad) dado que no resulta razonable la auto limitación que se ha establecido el Estado, respecto al uso de todos los medios (ENP y FF.AA.) para el restablecimiento de las garantías constitucionales y evitar todo accionar delictual que atente contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. Sobresaliendo poner en pleno funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior, por el que debería asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en la toma de medidas para un eficaz y eficiente actuar de la Policía Federal, de las Policías Provinciales (incluyendo claro está a la novel Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires), Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional o la joven Policía de Seguridad Aeropuertaria y considerando en ultima instancia –debidamente controlada por el Consejo junto con los miembros no permanentes del Ministro de Defensa y del Titular del Estado Mayor Conjunto- el empleo de las Fuerzas Armadas, estableciendo una misión específica y en un plazo perentorio de actuación.
Durante los primeros años de la democracia, se percibía cierta idea de desconfianza hacia toda fuerza “uniformada”, tanto militar, de seguridad o policial. Pero el devenir de la historia de nuestro país, hasta la actualidad y ya habiéndose consolidado la estabilidad democrática, junto al surgimiento de nuevos delitos (trafico de personas, de armas, narcotráfico y terrorismo, entre otros; grupos perfectamente organizados de origen nacional o internacional) que vienen creciendo y adecuándose a los tiempos modernos, se presenta la necesidad de observar con detenimiento la legislación que comprende la seguridad del país, tanto en relación a la amenaza de origen interno, como la externa.
Actualmente, asistimos a una sociedad donde los hechos de violencia no tienen una prevención eficiente, ni tarea de justicia eficaz; peor aún, la impresión colectiva fue y sigue siendo la de completa inseguridad e impunidad, para colmo teñida de graves imputaciones de corrupción política y gubernamental. Esto es síntoma de la inacción en algunos casos del Estado, frente la inseguridad (concreta y materializada) que se vive diariamente; no siendo solamente una “sensación”.
No se trata de querer decir lo que otros deben hacer. Se trata de llamar a la reflexión para una cooperación conjunta de los distintos poderes policiales y de seguridad para una ciudad y un país que debe enfrentar hechos de inseguridad a lo largo y ancho de todo territorio nacional, sin distinciones de condiciones sociales, sexo, edades, etc . Donde no haya ni sensación, ni inseguridad real. Donde no tengamos que llorar más hijos, padres ni madres inocentes muertos en manos de delincuentes.
Sobran las palabras y no hay duda alguna que la inseguridad se enfrenta sin anteponer intereses mezquinos de algunos dirigentes y funcionarios de turno –no son más que eso, “de turno”; y si es la herramienta real y eficaz, la cooperación entre la Nación y los gobiernos locales, aunque al Gobierno Nacional le disguste la idea de una Policía Metropolitana en territorio porteño. Ya hemos visto que -en los últimos días- varios municipios de la Provincia de Buenos Aires proyectan colaborar en la lucha contra la inseguridad con el nacimiento de policías locales que colaboren con la Policía provincial, similar a la novedosa Policía Metropolitana porteña.
El titular del bloque PRO en la Legislatura, Cristian Ritondo, se manifestó a favor de una cooperación conjunta entre el personal de la Policía Federal, las Policías provinciales y la Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); tal como lo establece la mencionada Ley, cuando dispone que aquellas afecten las áreas de transporte, las comunicaciones, ingenieros, arsenal, entre otros para apoyar las operaciones de seguridad interior.
Esta Ley representó la democratización de la seguridad interior en la Argentina, evitando que las FF. AA. intervengan de manera directa en cualquier episodio que atente contra la seguridad interior de la Nación, como había ocurrido en tristes tiempos pretéritos. De este modo, el poder político legítimamente elegido tomaba una sólida conducción y control de las mencionadas; con el claro objetivo de lograr una mayor eficiencia en la coordinación el Esfuerzo Nacional de Policía (ENP), de manera que no se diluya por la adquisición –pasada- de autonomía de facto, dispersándose las diferentes fuerzas de seguridad y policiales que integran aquel. Así como también intentando lograr una más efectiva aplicación del poder de policía y una mayor profesionalización de las organizaciones.
Cabe aclarar la definición que hace la misma Ley, respecto a la Seguridad Interior “…la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.”
Sin embargo, es necesario replantearse el esquema actual en seguridad (inseguridad) dado que no resulta razonable la auto limitación que se ha establecido el Estado, respecto al uso de todos los medios (ENP y FF.AA.) para el restablecimiento de las garantías constitucionales y evitar todo accionar delictual que atente contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. Sobresaliendo poner en pleno funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior, por el que debería asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en la toma de medidas para un eficaz y eficiente actuar de la Policía Federal, de las Policías Provinciales (incluyendo claro está a la novel Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires), Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional o la joven Policía de Seguridad Aeropuertaria y considerando en ultima instancia –debidamente controlada por el Consejo junto con los miembros no permanentes del Ministro de Defensa y del Titular del Estado Mayor Conjunto- el empleo de las Fuerzas Armadas, estableciendo una misión específica y en un plazo perentorio de actuación.
Durante los primeros años de la democracia, se percibía cierta idea de desconfianza hacia toda fuerza “uniformada”, tanto militar, de seguridad o policial. Pero el devenir de la historia de nuestro país, hasta la actualidad y ya habiéndose consolidado la estabilidad democrática, junto al surgimiento de nuevos delitos (trafico de personas, de armas, narcotráfico y terrorismo, entre otros; grupos perfectamente organizados de origen nacional o internacional) que vienen creciendo y adecuándose a los tiempos modernos, se presenta la necesidad de observar con detenimiento la legislación que comprende la seguridad del país, tanto en relación a la amenaza de origen interno, como la externa.
Actualmente, asistimos a una sociedad donde los hechos de violencia no tienen una prevención eficiente, ni tarea de justicia eficaz; peor aún, la impresión colectiva fue y sigue siendo la de completa inseguridad e impunidad, para colmo teñida de graves imputaciones de corrupción política y gubernamental. Esto es síntoma de la inacción en algunos casos del Estado, frente la inseguridad (concreta y materializada) que se vive diariamente; no siendo solamente una “sensación”.
No se trata de querer decir lo que otros deben hacer. Se trata de llamar a la reflexión para una cooperación conjunta de los distintos poderes policiales y de seguridad para una ciudad y un país que debe enfrentar hechos de inseguridad a lo largo y ancho de todo territorio nacional, sin distinciones de condiciones sociales, sexo, edades, etc . Donde no haya ni sensación, ni inseguridad real. Donde no tengamos que llorar más hijos, padres ni madres inocentes muertos en manos de delincuentes.
Sobran las palabras y no hay duda alguna que la inseguridad se enfrenta sin anteponer intereses mezquinos de algunos dirigentes y funcionarios de turno –no son más que eso, “de turno”; y si es la herramienta real y eficaz, la cooperación entre la Nación y los gobiernos locales, aunque al Gobierno Nacional le disguste la idea de una Policía Metropolitana en territorio porteño. Ya hemos visto que -en los últimos días- varios municipios de la Provincia de Buenos Aires proyectan colaborar en la lucha contra la inseguridad con el nacimiento de policías locales que colaboren con la Policía provincial, similar a la novedosa Policía Metropolitana porteña.
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Hector Abbas - Me permito preguntarle ¿ el experto que Ud. menciona es creíble o es como el INDEC?¿de donde saco sus datos? . También creo recordar Sra. Senadora que Ud. se opuso hace pocos días a la disminución del cultivo de tabaco en nuestro país. Que según muchos expertos del ministerio de salud mueren 40.000 argentinos anualmente víctimas de enfermedades relacionadas al tabaquismo. Si llevamos ese dato a los últimos dieciocho años, logramos la suma aterradora de 720.000 seres humanos muertos en su mayoría con una lenta agonía. Si usamos su estilo de comparación, podemos decir que 720.000 muertos por el tabaquismo no son nada comparado con el 1.500.000 de armenios muertos luego del desarme civil del que fueron víctimas. Mas adelante ocurrió lo mismo en la Alemania nazi con un resultado de 6.000.000 de Judios exterminados, o las innumerables matanzas habidas en la historia en forma posterior a los desarmes, que siempre se dijeron hacerlos en favor de los que posteriormente fueron victimas de esas masacres ¿ Ud. no propondrá un desarme para dejarnos en manos de los delincuentes o una ideología extrema verdad?
... Señor presidente, que pase este tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales; la Fiscalía y la Justicia se harán cargo de las denuncias. Cuando veo tanta resistencia a algo que es tan lógico,
Hector Abbas - Para Ud. que no respeta mi derecho a tener armas y condiciona los futuros LU de tal forma que a partir de la no deseable concreción de su proyecto, los LU pasaremos a ser una minoría en extinción, solo por su absurda e intolerable terquedad, ya que no respeta a las minorías como somos los Legítimos Usuarios de Armas, en un país donde nacen nuevos derechos para otras minorías Ud. nos anula los nuestros.
... tan razonable, tan racional, empiezo a pensar qué otros intereses estaremos tocando y me entero, dicho en mi despacho, que habría una recaudación de cinco millones de pesos mensuales que entran por fuera del presupuesto, por esta tasa que maneja ese ente cooperador. ¿Estaremos tocando la "cajita feliz" de algunas personas, la "cajita feliz" de algún funcionario? No quisiera creer que las resistencias pasen por ese lado. Por eso, además del giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales les pido a mis pares compromiso, y que trabajemos y mejoremos la legislación en la Argentina.
Hector Abbas - Sra. Senadora, ¿Ud. durante esos cinco años nunca mantuvo una conversación con los que podrían haberse beneficiado con esa”cajita feliz”?, pregunta ¿por que no lo denuncio antes? Es de mi entender que era su obligación hacer o pedir a quien fuera necesario una investigación al respecto, Ud. involucra a personas y funcionarios a los que también entiendo como personas. Es aquí cuando me pregunto ¿ si sus asesores y tal vez Ud. misma se reunía con ellos, como es que recién ahora se dio cuenta de la “cajita feliz”?. A esta altura de sus declaraciones todos somos sospechosos de algo, tanto los LU, las personas como Ud. lo dice y algunos funcionarios, es decir “todos estamos sospechados de algo, es por eso que Ud. con su Proyecto de Ley pretende salvar al país de esta minoría peligrosa, ya que así parece estar estigmatizada por Ud.. Pregunta ¿si este Proyecto se transforma en Ley, a Ud. le espera en algún lado una “cajita feliz”. ¿Su pedido de apoyo a los Sres Senadores es por el bien del país o por un corporativismo político oportunista? por que hoy es Ud. oposición y tal vez mayoría, en un país en el que se legisla con vista a las elecciones y no a los verdaderos intereses de los argentinos ¿acaso su posición es McCarthysta y persigue a los que no piensan o actúan como Ud.? No me cabe duda que algunos de los Senadores que apoyan su proyecto tampoco saben nada del tema que tratan. Lo digo con la certeza de haber conversado con algunos de sus defensores que no sabían lo que habían firmado por que tan siquiera había leído su proyecto.
Sra Senadora Dra. Sonia M. Escudero, tal vez por esto Ud. pida Una Cuestión de Privilegio, por lo que me permito informarle que estoy dispuesto a discutir con Ud. todo su proyecto, y no le quepa duda alguna que si Ud. tiene razones se las voy a reconocer, pero si no las tiene no. Llevo ya casi cincuenta años en esta actividad del Tiro Deportivo, la que con mas de 150 años de historia en nuestro país, no merece su maltrato y desconsideración, como tampoco yo merezco su falta de respeto, y para Ud. yo no tengo cuestiones de privilegio, ni fueros, ni inmunidad, como tampoco pretendo tener la impunidad. Si algo de lo que digo no le gusta, lo lamento, esa es mi verdad, pregunta ¿cual es la suya?
NOTA COMPLETA MAFIA VS PUEBLO ARGENTINO
http://www.fullaventura.com/armas/nota101402.php
Articulo 99. Facultades del Presidente:
Inciso 12. Es Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.
Inciso 13. Provee los empleos militares de la Nación: Con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí sólo en el campo de batalla.
Inciso 14. Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.
Inciso 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.
Inciso 16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo, el Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el Artículo 23.
Artículo 23- En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Lo expresado por Cristian Ritondo sobre la inseguridad y el uso logístico de la Fuerzas Armadas (FF.AA.). No pueden intervenir sin el consentimiento del Congreso, como a estos no les interesa la inseguridad, no hacen absolutamente nada.