La inflación sigue firme y no se vislumbra en el horizonte de corto plazo ningún factor de relevancia que pueda inducir una desaceleración significativa. Según los registros independientes, la inflación acumulada del tercer trimestre estaría cerca del 8%, lo que convertiría a este trimestre en el más inflacionario desde la crisis de la convertibilidad en 2002. A pesar de esto, las autoridades persisten en negar el fenómeno. El ministro de economía sostiene que el aumento generalizado de precios no existe y que, a lo sumo, se registran ciertas tensiones (sic) generadas por cambios en los precios relativos. El intervenido INDEC, a su vez, continúa informando índices de precios que están muy lejos de reflejar lo que observan entidades y analistas independientes. Fundándose en esos índices el gobierno afirma no percibir la necesidad de encarar un programa anti-inflacionario. Es más, la presidenta dijo explícitamente que no está dispuesta a realizar un “ajuste” por tal motivo.

La historia argentina es una cantera inagotable de evidencia respecto de los problemas sociales, económicos y políticos que genera la inflación. Una conclusión muy clara que sugiere esa evidencia es que las aceleraciones inflacionarias erosionan sensiblemente el poder político de los gobiernos que las sufren. Este fue el caso, por citar sólo los ejemplos más dramáticos, de los episodios de 1975, 1981, 1989 y 2002. Es por esto que la falta de preocupación del gobierno por la aceleración de la inflación sugiere la analogía con la situación de quien se entrega al sueño compartiendo la cama con el enemigo.

La hipótesis de que el gobierno duerme con el enemigo, sin embargo, implica asumir que las autoridades son miopes. Implica asumir que, a diferencia de quienes toman decisiones cotidianamente, las autoridades creen más en las cifras del INDEC que en la información de entidades independientes. Este supuesto no es realista y contradice los hechos: acciones y declaraciones muy importantes del gobierno serían inexplicables en un mundo en que la inflación efectiva fuera la que declara el INDEC. Dos ejemplos obvios. Primero, el aumento salarial a los maestros y las pautas que se manejan en las paritarias no son desautorizados por las autoridades por estar fuera de línea con la marcha de los precios. Segundo, el ministro de economía afirma que los precios suben “por culpa” de los formadores de precios que desean apropiarse de tal forma de las mejoras que el gobierno trata de inducir en los ingresos de los sectores de menores ingresos. En línea con este reconocimiento implícito de la inflación, se estaría estudiando un incremento en las asignaciones familiares.

Si el gobierno no es de hecho miope, hay que plantear una hipótesis alternativa: el gobierno es conciente de que el enemigo se le metió en la cama, pero apuesta a que podrá controlar a ese enemigo. Si este es el caso, el gobierno podría estar haciendo el siguiente razonamiento: una condición necesaria para conservar poder político es mantener la expansión del gasto público (no “ajustar”); esto puede significar más inflación pero también aumenta el poder de influir políticamente para revertir los malos resultados electorales recientes. Si la apuesta resulta y el gobierno se fortalece de la mano del incremento del gasto público, ya habrá tiempo en el futuro para ocuparse de la inflación en un contexto de mayor fortaleza política. Si la apuesta no resulta y la inflación se acelera excesivamente, será de cualquier forma el próximo gobierno el que pagará en gran medida el costo político de reducir la inflación, luego de 2011. Se trata de una apuesta que parece conveniente: si sale bien el gobierno se lleva el premio mayor; si sale mal, el costo se reparte con el próximo gobierno. Nótese, además, que hay casos de gobiernos que aceleraron fuertemente la inflación y, si bien es cierto que ello no les permitió seguir gobernando, también lo es que muchos de los integrantes de esos gobiernos recibieron años más tarde una “segunda oportunidad”. Por supuesto, en cualquier caso, la sociedad y la economía en su conjunto no se salvarán de pagar los costos de la aceleración inflacionaria. En este sentido, además de ganadores probables, la apuesta tiene un perdedor seguro.

¿Tiene sentido la apuesta del gobierno? Si la probabilidad de éxito fuera nula, ningún gobierno habría jamás caído en la tentación de sobre-expandir la economía pre-electoral y “ajustar” luego de la elección.

Como la sociedad pierde con la inflación y la desorganización que generan los ciclos políticos, los sistemas políticos más avanzados han ido desarrollando instituciones (reglas de juego) que le impiden al gobierno de turno caer en la tentación. Dentro de las reglas de juego que restringen el ciclo político se encuentran la transparencia presupuestaria, los límites al déficit fiscal, las regulaciones financieras y la independencia del Banco Central. Si las instituciones son fuertes, el ciclo político queda acotado por la imposibilidad del gobierno de expandir de manera discrecional el gasto, la oferta monetaria o los redescuentos a los bancos.

De lo anterior se sigue que el debilitamiento de las reglas de juego que se ha venido produciendo en el plano fiscal y monetario es funcional a la reactivación del ciclo político. Nótese que, de manera reciente, se modificaron las reglas de emisión monetaria y uso de reservas; se relajó la ley de responsabilidad fiscal; se aprobó un presupuesto poco realista que es compatible con un uso discrecional de fondos y el Congreso no está funcionando aceitadamente de forma de controlar al ejecutivo. Además, se está discutiendo la posibilidad de volver a dar redescuentos a los bancos, un método que en el pasado aportó al déficit cuasi-fiscal del Banco Central sin aportar a la inversión productiva.

Más allá de los costos para la sociedad, sin embargo, la apuesta a la expansión inflacionaria tiene también riesgos políticos para el gobierno mismo. En el caso de los protagonistas directos de las aceleraciones inflacionarias las segundas oportunidades son raras y la decadencia política puede ser irreversible: repartir los costos del fracaso no implica que los costos que quedan por pagar efectivamente sean bajos. Dado este riesgo, el hecho que las autoridades hayan descartado un ajuste por razones de conveniencia política, no significa de manera alguna que tendrán una actitud pasiva en relación a la evolución de los precios: quienes están en la primera fila del gobierno podrían verse muy afectados políticamente si la inflación sigue transitando por la ruta del primer trimestre. El escenario más probable, entonces, es que se intente cuadrar el círculo: expandir la economía y controlar simultáneamente el aumento de precios con instrumentos “no ortodoxos”.

Obviamente, los instrumentos deberán ser no ortodoxos debido a que el gobierno está utilizando los instrumentos “ortodoxos” fiscales y monetarios con el objetivo de incentivar la actividad. El gobierno piensa utilizar no sólo la política fiscal, como hasta ahora, sino también la monetaria. La persona a cargo del Banco Central ha dejado en claro que considera que la expansión del crédito debe hacer su aporte: como se dijo,se está considerando la posibilidad de expandir el crédito vía redescuentos a los bancos. Así, si los instrumentos fiscales y monetarios no pueden utilizarse, sólo quedan en el manual las políticas de ingreso y cambiaria. Dado lo difícil que es cuadrar el círculo, es fácil anticipar que las autoridades emplearán ambas.

La política de ingresos supone coordinar los incrementos de precios y salarios de forma de alinearlos a una inflación meta. Las políticas de ingreso no son simples políticamente. Su talón de Aquiles son las diferentes velocidades de ajuste de precios y salarios. Suele ocurrir que en la primera etapa de desinflación, mientras los salarios siguen las pautas, los precios tardan en adaptarse. De aquí que los gobiernos que intentan estos emprendimientos deben ser creíbles y políticamente fuertes para resistir las presiones, sobre todo de los trabajadores organizados. El gobierno no parece estar en esta posición, a juzgar por sus iniciativas. Hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo por coordinar los aumentos nominales de salarios de forma de contribuir a desacelerar la inflación. Esto es lógico: la coordinación de los aumentos nominales de salarios podrían generar roces con los aliados sindicales y, además, una pauta salarial rígida podría leerse como un “ajuste” en el sector público, en contra de los deseos de la presidente.

Sin embargo, el gobierno no puede darse el lujo de descartar totalmente las políticas de ingresos. Por lo tanto, se deduce que tratará de actuar sobre los precios, aumentando las presiones que ya venía ejerciendo sobre los “formadores” de precios y manipulando variables a su alcance como los permisos para exportar. En función de la lógica política de enemigo/amigo que ha venido siendo utilizada en otros casos, es razonable esperar que las tensiones de precios (es decir, la inflación) sea atribuida a la búsqueda excesiva de lucro de los “especuladores”, “intermediarios” y “formadores de precios”. En este sentido, cada argentino será advertido de que es probable que tenga un enemigo en su cama.

Las políticas de ingreso funcionan mejor cuando la economía cuenta con capacidad ociosa, ya que existe menor presión sobre los precios. En este sentido, juega a favor que la economía está saliendo de un proceso recesivo y juega en contra que existen sectores con clara limitación de oferta. Este último es el caso del sector alimentos que, además de tener debilidades de oferta, está recibiendo fuerte presión de demanda debido a las políticas de subsidio a los sectores de menores recursos, como el subsidio por hijo Tampoco ayuda el hecho que haya correcciones en el precio de los combustibles. Un elemento que podría generar la sensación de que las políticas de monitoreo de precios están dando algún resultado en el cortísimo plazo es que el segundo trimestre suele ser menos inflacionario que el primero.

Como es muy difícil que el gobierno tenga éxito en controlar la evolución de los precios con medidas administrativas, es altamente probable que utilice la política de tipo de cambio administrado para reducir la presión al aumento de los precios. Si el tipo de cambio nominal se ajusta por debajo de la inflación los precios de los bienes transables tenderán a reducir su ritmo de aumento en relación a los no transables –cuyos incrementos están más determinados por los salarios domésticos–. Como el índice de precios general es un promedio de transables y no transables, un dólar más o menos quieto será funcional para moderar la inflación. Por supuesto, esto no es gratis: como otras experiencias de desinflación en base al dólar lo han demostrado acabadamente –la tablita de los setenta; la convertibilidad– la competitividad de la economía puede resentirse fuertemente en un escenario como éste.

Es más probable que las políticas cambiarias orientadas a reducir la inflación sean exitosas, al menos a corto plazo, si existe superávit comercial al comenzar con la aplicación de la política. Esto es así porque un tipo de cambio nominal relativamente invariable en un contexto de inflación alta significa tipo de cambio real en rápido declive e importaciones en alza. La existencia en el presente de un fuerte superávit comercial hace más viable esta estrategia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la inflación es muy alta y que el tipo de cambio puede atrasarse muy velozmente. Este no es un hecho menor: si los agentes anticipan que el superávit comercial se está evaporando, podrían tomar posiciones preventivas en divisas anticipando que la política no es sostenible y que el gobierno se verá forzado a depreciar el tipo de cambio. En este sentido, es dable esperar una compleja dinámica entre inflación doméstica, importaciones y salida de capitales que será muy difícil de manejar. Esto es justamente lo que nos llevó a subrayar en el informe anterior que un equilibrio inflacionario de 30% es un espejismo.

En suma, el gobierno está realizando apuestas de política económica muy riesgosas. En el marco de estas apuestas, se puede esperar una economía que muestre un nivel de actividad e inflación en ascenso en relación al año pasado, un dólar que tenderá a moverse por debajo del ritmo de los precios y, probablemente, reducción en el superávit comercial de la mano de las importaciones de bienes intermedios. De cualquier forma, en la medida que persista la incertidumbre política e inflacionaria, la demanda de inversión no mostrará gran dinamismo y ello jugará a favor del superávit comercial.

En este contexto, los movimientos de capital jugarán el rol de la espada de Damocles. En la medida que la inflación se acelere, el tipo de cambio real se aprecie o el clima político se deteriore, saldrán capitales a un mayor ritmo y ello pondrá en duda la sostenibilidad de la política al presionar al alza el tipo de cambio nominal. Si el gobierno se afianza, ocurrirá lo contrario. El gobierno parece conciente de la importancia de mantener los movimientos de capital en línea con los objetivos que busca. Con este propósito sigue avanzando en la oferta de canje para los tenedores de deuda. Según lo que se sabe, la oferta será probablemente más beneficiosa que la primera oferta de canje.

Por supuesto, la evolución de la economía estará muy influida por lo que ocurra en el resto del mundo. Por ahora, en este frente no se han producido grandes novedades en el mes que pasó, desde la perspectiva de la Argentina. En general, el proceso de reactivación se viene afianzando con el sector manufacturero en Estados Unidos, Alemania y China liderando el proceso, con el desempleo todavía en valores muy altos. A pesar de la reactivación, sin embargo, la tasa de inflación no parece evolucionar de manera que haga necesaria una corrección de las tasas de interés al alza. De hecho, la FED hizo saber que espera mantener la tasa en los niveles bajos en los que se encuentra por un período extendido. Este hecho, obviamente, favorece las posibilidades de que el canje se realice ya que no son muchos los lugares del mundo donde se puede hacer una diferencia en los días que corren.

Columna publicada en el sitio del Observatorio Económico.